EscucharCiudad de Panamá. El Congreso de Panamá aprobó este viernes, en medio de protestas en las calles, un nuevo contrato con la compañía canadiense First Quantum Minerals para la operación de la mina más grande de Centroamérica.
Con 44 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, los legisladores dieron luz verde a un contrato que contempla ingresos mínimos anuales de $375 millones para el Estado panameño, diez veces más que el acuerdo anterior.
Además, la empresa canadiense se compromete a otras millonarias inversiones en las comunidades cercanas a la mina, situada en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital panameña.
“Se trata de atender la defensa de los intereses nacionales, de asegurar que recibiríamos mayores y mejores beneficios en base a lo que teníamos en el contrato de 1997 y sobre todo la protección de los empleos de miles y miles de panameños”, señaló el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro.
La aprobación se produjo en medio de protestas convocadas por diversos sindicatos contra un contrato que permite a la minera operar en Panamá por 20 años, con la posibilidad de una prórroga por otros 20 años más.
Rutas de acceso a la Ciudad de Panamá fueron bloqueadas este viernes de manera intermitente, con quema de neumáticos y marchas.
La policía utilizó gases para dispersar a manifestantes que, bajo una pertinaz lluvia, se acercaron a los predios de la Asamblea, protegida con vallas y fuertemente custodiada por los agentes.
Los manifestantes, algunos con banderas panameñas y pancartas contra la minería, gritaron consignas antigubernamentales. En la víspera, los manifestantes se enfrentaron en ese lugar a la policía con piedras, objetos contundentes y fuegos pirotécnicos.
300.000 toneladas de cobre
La minera y el gobierno panameño llegaron a un acuerdo este año para la firma de un nuevo contrato de concesión, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.
Desde febrero de 2019 la mina produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año y da empleo a más de 8.000 personas.
La empresa ha invertido en Panamá más de $10.000 millones y aporta el 4% del PIB a la economía panameña. Sus envíos, desde un puerto aledaño a la mina, representan el 75% de las exportaciones del país.
El gobierno panameño dice que con los aportes de la mina podrá inyectar recursos al fondo público de pensiones y mejorar los pagos mensuales de las jubilaciones más bajas.
“Este proyecto de ley es beneficioso para el país, no solamente para sus habitantes si no para su imagen internacional, estamos ante la inversión privada más grande de la historia” de Panamá, dijo el diputado oficialista Roberto Ábrego durante el debate en el pleno.
“Entrega soberanía”
Sin embargo, hay sectores que se oponen porque consideran que el contrato es “inconstitucional” y los aportes de la compañía al Estado son insuficientes, además de representar una amenaza para el medio ambiente.
“Claramente ahí hay una entrega de la soberanía nacional” en las áreas donde opera la mina, señaló a la AFP Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, el mayor sindicato panameño.
Además, “los daños al ambiente son devastadores, la explotación a cielo abierto es de las más dañinas”, agregó Méndez.
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y varios obispos católicos han expresado su rechazo a “las amenazas de la minería en Panamá”.
“Este contrato es leonino y perjudica a la nación panameña (...), ahora nosotros estamos cediendo nuestro territorio como si fuera un enclave colonial”, afirmó la diputada Zulay Rodríguez.
“Traidores, vamos a la calle a demostrarles que no son los dueños del país”, escribió en su cuenta de X (antiguo Twitter) el candidato presidencial centrista Ricardo Lombana a los comicios de 2024.
