José Luis Arce. 22 noviembre, 2019

Muchas importantes decisiones de política pública son tomadas basándose en prejuicios, creencias infundadas e intereses – desde los económicos hasta los electoreros y populistas – más que en el análisis desapasionado de la evidencia.

Este es el caso hoy día de la discusión acerca de los topes sobre los tipos de interés que se pagan sobre las operaciones crediticias. Hoy parece inevitable que se adopte algún tipo de restricción de esa naturaleza dada la dirección que han ido tomando los acuerdos políticos en el legislativo.

Si ese es el camino que desea transitarse al menos se debería asegurar que el diseño de la intervención implique las menores distorsiones posibles, en especial, si conduce a que familias y empresas – presumiblemente, las más vulnerables desde la perspectiva social –terminen sin acceso a alternativas de financiamiento en el sistema formal.

Un tope a los tipos de interés no debería imponerse solo con el objetivo de perfeccionar una norma legal; más allá de que pueda resultar la actual referencia a la usura en las leyes costarricense inaplicable, de poco ayudará a quienes sufren el agiotaje por parte de los prestamistas informales, su corrección. No es poco común que algunos crean que redactar un artículo de una ley es hacer una política pública efectiva.

Se invoca comúnmente como argumento la ausencia de competencia, es decir, que las altas tasas son resultado de las utilidades excesivas que obtienen las empresas prestamistas debido a la explotación de su poder de mercado. Si este argumento fuera correcto veríamos en la banca y en las empresas comerciales tasas de ganancia elevadas, ¿alguien se ha tomado la molestia de verificar si eso es así?

Si la razón por la cual algunos préstamos cargan tasas que, a priori, parecen elevadas – por cierto, la comparación con un crédito corporativo, con la tasa a la que se financia el gobierno o incluso con un promedio de las tasas de mercado no tiene ningún sentido en este caso – es que proveer ciertos tipos de crédito es oneroso por los costos administrativos y de cobranza, por los riesgos y las pérdidas crediticias que implican, por las asimetrías de información que conducen a que los buenos créditos subsidien a los que resultan mala paga o porque, en ciertos productos, los beneficios que disfrutan algunos como ganchos de comercialización – por ejemplo, no pago de comisiones o los puntos de fidelización y regalías similares – son caros y deben ser pagados por los que los emplean como medio de financiamiento, entonces la fijación de un tope antojadizo a las tasas de interés lo único que va a provocar es que alguien termine sin financiamiento.

El argumento de la exclusión financiera no puede ser rechazado a priori; ese riesgo es real y sus consecuencias sobre microempresas informales y sobre los hogares que necesitan financiamiento para operar o para adquirir cierto tipo de bienes que mejoran su calidad de vida o su productividad importantes.

En política pública nunca debe olvidarse que el camino al infierno suele estar adoquinado con buenas intenciones.