José Luis Arce. 7 mayo

Cuando la sostenibilidad de las finanzas gubernamentales está severamente en entredicho, como es el caso costarricense, es difícil que la política fiscal pueda pensar más allá que en el sacar, a como dé lugar, las castañas del fuego.

Ciertamente restaurar los balances y sostenibilidad en el tiempo de los presupuestos públicos es una tarea clave que debe acometerse con firmeza y rapidez, en especial, si como sucedió hasta 2018, muchos años de inacción y falta de acuerdos políticos llevan a la situación extrema de poner en peligro gravemente la estabilidad macroeconómica o, como hoy, un shock inesperado – el pandémico – lleva a la necesidad de un nuevo golpe de timón fiscal, para corregir el curso de las finanzas gubernamentales en la dirección de un puerto seguro.

En medio de tantas urgencias por la financiación de los presupuestos y por los naturales cristales entintados por las posturas ideológicas y los intereses a través de los cuales los diferentes sectores ven la acción gubernamental, tiende fácilmente a perderse de vista dos cosas: primero, que los balances presupuestarios y la sostenibilidad no son fines en sí mismos y, segundo, que más allá de balancear presupuestos o asegurar financiación la política fiscal debería dar para mucho más.

Lo primero lo que conduce es procurar ser sumamente cuidadosos con la naturaleza del ajuste que se pretenda, no se trata simplemente de cerrar irreflexivamente la brecha entre ingresos y gastos gubernamentales.

Los recortes presupuestarios no deberían desconectarse, en ninguna circunstancia, de las prioridades establecidas en materia de políticas públicas, de las necesidades legítimas de la ciudadanía y, por supuesto, del hecho de que ciertos servicios públicos financiados a través de los presupuestos no pueden, simple y sencillamente, dejar de proveerse.

Por esta razón, los recortes sin ton ni son, ya sea que provengan del Ministerio de Hacienda o del balance de fuerzas en el Legislativo, terminan haciendo más daño que bien, si afectan negativamente la acción gubernamental, tienen efectos redistributivos no deseados o buscan ahorros hoy, dejando de pensar en el futuro.

Lo perjudicial de este tipo de austeridad sin reflexión es, en el caso de presupuestos capturados por grupos de interés que extraen rentas, que los recortes terminan agravando los problemas y profundizando la inequidad, pues las partidas de las que se prescinde son generalmente, las que conducen a importantes beneficios colectivos o se dirigen a sectores silenciosos y vulnerables.

Esto claramente no construye gobernabilidad ni mucho menos convivencia democrática y, por tanto, es imperativo repensar el gasto en, al menos dos claves, efectividad y orientación hacia prioridades que satisfagan necesidades legítimas de la colectividad; esto no es tarea menor, pero evadirla no conducirá más que, en el mejor de los casos, a una crisis fiscal y, en el peor, a una profunda crisis política.

El otro reto es atreverse a pensar la política fiscal en términos de otros objetivos, más allá que el equilibrar los presupuestos. La política de gasto, la imposición y la financiación gubernamentales son instrumentos poderosos que pueden emplearse en otros objetivos de política pública, sin que ello deteriore la sostenibilidad presupuestaria (¡claro está, si ésta no se tiene, será más difícil pensar en sus otros usos!).

De esta forma, la política fiscal puede convertirse en un instrumento útil para lograr objetivos tan variados como mitigar el ciclo económico, erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, asegurar una renta mínima vital, contribuir a la cohesión social y crear incentivos que propicien el logro de objetivos ambientales (impuestos y subsidios que apoyen los cambios en la economía requeridos para transitar con éxito hacia su descarbonización), de transformación productiva o de salud pública. Todos éstos, sin espacio a dudas, elementos de una verdadera agenda de desarrollo económico y social.

Más allá de equilibrar los presupuestos públicos y estabilizar los niveles de deuda gubernamental a cualquier costo, urge hoy rescatar la política fiscal, para asegurar que los instrumentos que aporta puedan emplearse con éxito en los retos, de vida o muerte, que esta sociedad tiene enfrente durante las próximas décadas: recuperación resiliente y transformación productiva que promuevan un crecimiento sostenible e inclusivo.

Hacerlo pasa, primero y necesariamente, por alcanzar los acuerdos políticos que permitan pensar más allá de lo coyuntural y urgente, en la Costa Rica que se desea construir en las próximas décadas. En esto, como en otros grandes temas, no habrá mucho espacio para el optimismo, si los grupos políticos y los intereses no dejan de lado las disputas estériles por beneficios privados y se avanza hacia acuerdos inteligentes y realistas en clave de acción colectiva.