EscucharLa 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) realizada en el balneario egipcio de Sharm el-Sheij durante noviembre ha dejado resultados agridulces tras de sí. El pecado original de los esfuerzos globales para contener, mitigar y adaptarse a las realidades del cambio climático ha sido, principalmente, la quizás ingenua confianza en que el conocer las implicaciones para la humanidad y la vida en el planeta Tierra que acarrea el calentamiento global sería suficiente para movilizar las voluntades sociales, económicas y políticas en busca de intervenciones y políticas efectivas.
Desde que en el 2015, en París, con esperanza y regocijo, adoptamos la meta de evitar que la temperatura media del planeta sobrepasara en 1,5º C los registros de la era preindustrial, es cada vez más evidente que seremos incapaces de evitar que ello ocurra porque, como suele suceder cuando se enfrentan intereses y beneficios particular con los colectivos, no se alcanzaron los acuerdos necesarios para adoptar una estrategia creíble para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, sobre todo, se falló en diseñar e implementar una gobernanza y estructura de incentivos – garrote y zanahorias, premios y castigos – creíbles para actuar globalmente.
La esperanza ahora estará puesta en que la desviación respecto de la meta de calentamiento global sea pequeña y sobre todo de corta duración – para lo que evidentemente hay que actuar corrigiendo las omisiones y errores del pasado – y, desde la perspectiva de las políticas públicas nacionales y transfronterizas, se refuerza la necesidad de acciones más fuertes y profundas en materia de adaptación a la realidad del cambio climático con el fin de preparar a las sociedades – en todas sus dimensiones –para que enfrenten los retos que éste implica.
Uno de los logros más publicitados de la COP27, la creación de un fondo para compensar “las pérdidas y los daños” que sufren los países más vulnerables y de menor desarrollo relativo como consecuencia del cambio climático es un avance tímido en materia de lo que podría denominarse justicia climática intertemporal que ayudó, principalmente, a salvar mediáticamente el cónclave y aliviar las tensiones entre economías avanzadas y en desarrollo, pero que se quedó corto, como ha sucedido desde el 2020, a la hora de definir y asegurar las metas de financiación necesarias para hacerlo efectivo, en fin mucho ruido y, por el momento, pocas nueces.
Pero además de dinero, el fondo requiere de gobernanza y de políticas que eviten que estos recursos se empleen de manera inapropiada, en el mejor de los casos en simples acciones de green washing de donantes y receptores y, mientras que en el peor, terminen capturados por gobiernos e intereses corruptos.
En materia de reducción efectiva de gases de efecto invernadero y descarbonización, la COP27 fracasó, como resultado del cabildeo de empresas y naciones productoras de petróleo, al adoptar un lenguaje más débil centrado en sólo en la reducción de emisiones y evitando no sólo los compromisos concretos sino incluso la simple mención a la ineludible eliminación – paulatina sí, pero también total – de los combustibles fósiles en la provisión energética mundial si realmente se desea evitar sobrepasar los umbrales críticos de calentamiento global.
En materia de financiación de los esfuerzos de adaptación al cambio climático y transición energética sí deben reconocerse algunos avances, especialmente en la construcción de un consenso cada vez más sólido sobre la necesidad de crear mecanismos públicos y privados que permitan canalizar más recursos y a cada vez menores costos a la inversión en dichos ámbitos, sobre todo para economías emergentes y países en desarrollo.
Estos esfuerzos, es cada vez más evidente, son más efectivos que los instrumentos usados hasta el momento basados en impuestos al carbono, subsidios a tecnologías limpias y mecanismos de compensación e intercambio – mercados – de emisiones.
Hacia adelante, el reto luce mayúsculo. Por una parte, la temperatura planetaria sigue en aumento y las consecuencias para todos, pero en especial los más vulnerables, son cada vez más dolorosas, al mismo tiempo que los intereses económicos y los discursos populistas tienden a desviar la atención de la emergencia e impiden que se logren diseñar e implementar políticas públicas y un esquema de incentivos y de gobernanza globales efectivos.
Luego de lo sucedido en Egipto, la COP28 por realizarse en Dubái, una nación petrolera, crea una narrativa compleja: cómo evitar la captura de los esfuerzos globales ante el cambio climático por parte de los intereses cercanos a los combustibles fósiles y evitar que estos conclaves terminen siendo sólo una perorata verde que, aunque bien intencionada, no evite la catástrofe que tenemos al frente.
