EscucharLa búsqueda, por parte del Ejecutivo, de una autorización legislativa para un programa de emisiones de deuda en los mercados internacionales ha caldeado el ambiente político, después de varios meses de una sospechosa y, quizás, calculada calma.
Esto no debería ser sorprendente, pues las decisiones presupuestarias –tanto la asignación de las prioridades del gasto, como sus fuentes de financiación– no resultan, como algunos desde la ingenuidad o la manipulación pretenden, temas exclusivamente técnicos o financieros, sino que son profundamente políticos, en la buena acepción del término (aclaración, por cierto, cada vez más necesaria dada la deriva que han tomado las actuaciones de muchos de los actores que se supone dedican sus días a “hacer” política).
En cualquier sociedad democrática tanto los grupos políticos como las ciudadanías procuran y deberían de ejercer un control permanente y profundo sobre las decisiones presupuestarias y de financiación, pues estas son la manifestación material de la orientación de las políticas públicas y, por supuesto, además, tienen implicaciones fundamentales sobre la estabilidad.
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En este contexto, en materia de presupuestos y de financiación gubernamental no hay nada más tentador y peligroso que los cheques en blanco y, por tanto, la prudencia llama a que se procure evitarlos.
Los espacios de flexibilidad otorgados de forma bienintencionada o los vacíos y puntos ciegos que puedan existir en los controles políticos en materia de presupuestos gubernamentales pueden ser muy rápidamente utilizados inescrupulosa e irresponsablemente por los gobiernos de turno, siendo mucho mayor el riesgo entre más populista sea el tono del discurso de las autoridades.
Sin duda hay una urgencia clara de asegurar con rapidez –para evitar que esa entelequia que resultan ser “los mercados” empiecen a inquietarse– el refinanciamiento del vencimiento, en enero de 2023, de $1.000 millones de deuda emitida en los mercados externos; pero ir más allá de este primer paso puede ser sumamente riesgoso en tanto no se conozca de qué madera está hecha la nueva administración en materia presupuestaria.
Desgraciadamente, las primeras semanas del nuevo gobierno, además de representar un muy corto tiempo, están marcadas por hechos y eventos –algunos coyunturales y fortuitos, quizás– que no abonan necesariamente a la confianza: el andar a tientas, desde marzo, en materia de ejecución presupuestaria por la ausencia de información; el mal diseñado y poco meditado aumento en las remuneraciones ministeriales; el significativo hecho de que uno de los primeros actos administrativos del nuevo Ejecutivo fue flexibilizar el marco de aplicación de la regla fiscal, siendo ésta el elemento clave que mantiene encarrilado el proceso de consolidación fiscal iniciado en 2018, en ausencia de medidas adicionales por el lado de los ingresos.
También, el que Casa Presidencial pretenda la aprobación legislativa de un presupuesto extraordinario que, además de reasignar algunas partidas, preocupantemente elimina controles políticos sobre su ejecución y el congelamiento de plazas, establecidos justamente para evitar tentaciones y prácticas que puedan poner en riesgo el esfuerzos de ajuste; el que el proceso presupuestario para 2023 –el primero bajo el control del gobierno de Rodrigo Chaves– apenas empieza por lo que no se conoce aún nada acerca de sus prioridades de gasto y del tono de su manejo presupuestario, incertidumbre que es magnificada no pocas veces por su encendido verbo; el lento avance que parece intuirse en la implementación de la Ley Marco de Empleo Público; y, como si estos elementos no fueran pocos, el futuro del acuerdo con el FMI aún no se conoce con certeza y, por lo tanto, tampoco el de las metas de ajuste, los compromisos estructurales y el acceso a financiación multilateral clave que éste implica.
En temas presupuestarios, la experiencia y las terribles consecuencias de un manejo dispendioso propiciado por el saberse financiado de antemano, deberían conducir a una sana actitud crítica de “ver para creer” y, en el caso de los “eurobonos” buscar, quizás, una salida salomónica: autorizar con rapidez la refinanciación del vencimiento de 2023 y esperar a que el presidente Chaves muestre de qué madera está hecho, en términos de frugalidad y responsabilidad fiscales, antes de entregar un peligroso cheque en blanco.
