14 instituciones prolongan beneficios de convenciones colectivas con interminables negociaciones

En los textos de 13 de las 14 convenciones –en un caso no está disponible el documento–, se otorgan beneficios que ya fueron anulados por la Sala Constitucional en acuerdos laborales similares de otras instituciones, por considerarlos desproporcionados y abusivos en el uso de fondos públicos.

Entre ellos, por ejemplo, reconocimiento de cesantía por encima de 12 años, gastos fúnebres por fallecimiento de trabajadores o familiares, subsidio por incapacidad del 100%, pagos de gastos médicos privados o exenciones de tasas municipales a trabajadores.

Estos beneficios se mantendrán vigentes mientras se renegocia el acuerdo, y será hasta cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) homologue el documento, que ingresará el nuevo texto a regir, según se dicta en las mismas convenciones.

En la lista de las 14 entidades está el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), la Junta de Protección Social, el Registro Nacional, el Banco Popular y varias municipalidades, entre otras instituciones.

La única manera de suprimir un privilegio irracional en un acuerdo laboral es mediante una sentencia de la Sala Constitucional, o que el máximo órgano de dirección de una institución estatal negocie eliminar el artículo considerado abusivo por los magistrados.

Las municipalidades son las entidades que tardan más en cerrar la revisión de los acuerdos laborales con el sindicato. Actualmente, representan nueve de los 14 casos de larga duración, según la información publicada en la web del Ministerio de Trabajo.

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Fraude de ley

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La Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social explicó, por escrito, que es posible jurídicamente la aplicación de una convención mientras se negocia la posterior.

Sin embargo, recalcó que dicho proceso no puede extenderse sin límite de tiempo, tal como lo dictó la Procuraduría General de la República (PGR) en un pronunciamiento vinculante del 2014.

“El convenio denunciado está circunscrito al lapsus temporal que comprende el período necesario para negociar un nuevo convenio colectivo (...) Admitir lo contrario –ultraactividad sin límite temporal– podría conducir a un fraude de ley, en el tanto se estarían perpetuando convenios colectivos que, por regla general, debieron perder vigencia al ser oportunamente denunciados”, argumentó la Procuraduría, en el oficio C-379-2014.

En el 2019, en otro pronunciamiento, la Procuraduría subrayó que el patrono público tiene la responsabilidad de hacer una revisión integral de un acuerdo laboral cuando se denuncia, y no solo los denunciados.

Adicionalmente, la reciente Ley Marco de Empleo Público obliga al Ministerio de Trabajo a velar –al momento de la homologación– de que el nuevo convenio colectivo respete la jurisprudencia de la Sala IV sobre empleo público y el correcto uso de fondos públicos.

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Casos extremos

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La Municipalidad de Cañas está entre los casos de un extenso periodo de negociación. La denuncia del acuerdo laboral se hizo el 25 de abril de 2018 y aún sigue en dicho estatus, según el reporte del Ministerio de Trabajo.

Esto significa que el texto vigente fue el firmado en marzo del 2016, por el entonces alcalde Lizanías Zúñiga y Albino Vargas, secretario general de la Asociación de Empleados Públicos (ANEP).

La Nación solicitó a la actual alcaldesa, Gricelda Vargas, y la vicealcaldesa, Leidy Rodríguez, las razones del largo proceso de negociación. Al cierre de este artículo no hubo respuesta.

Previo a este caso, la convención que registraba el mayor tiempo en proceso de denuncia era la de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

La entidad la denunció el 27 de julio del 2017, pero fue hasta agosto del 2022 que se integró la comisión negociadora con representantes de la empresa y el Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones (Sitet).

Desde finales de marzo anterior, el acuerdo laboral está en trámite de homologación del MTSS, con lo cual el texto firmado en el 2014 es el que continúa vigente.

Dicho documento aún reconoce el pago de cesantía de 20 años para los trabajadores que se jubilen, pese a que la Sala IV estableció como tope el pago de 12 años de prestaciones legales desde junio del 2018.

Entre las particularidades de las largas revisiones están que el Tribunal Constitucional ha anulado artículos considerados abusivos y aún así las renegociaciones no han finalizado.

Esto ocurrió en el Banco Popular, en dos ocasiones. La entidad bancaria denunció la convención el 24 de setiembre del 2020. En octubre de ese año, los magistrados anularon el reconocimiento de prestaciones legales por 20 años y la entrega de una subvención de ¢100.000 que el Banco otorgaba a cada trabajador en caso de matrimonio o nacimiento de un hijo o hija.

Posteriormente, en noviembre del 2021, el Tribunal anuló por desproporcionado el pago que la entidad bancaria hacía en una clínica u hospital privado al empleado que se incapacitaba, el otorgamiento de ¢250.000 por gastos fúnebres, así como destinar el 0,08% del presupuesto del Banco para actividades deportivas y recreativas de sus empleados.

La institución bancaria informó de que la negociación del acuerdo laboral finalizó en julio del año pasado y, al mes siguiente, se presentó al MTSS para su homologación. Actualmente están a la espera de la resolución del proceso.

“La Convención se renegoció completamente. Sin embargo, por estar el proceso protegido por el principio de confidencialidad, no podremos referirnos al contenido hasta que el Ministerio de Trabajo la conozca y homologue”, subrayó la entidad, por escrito.

En la Municipalidad de Santa Cruz ocurrió algo similar. En el 2019, la Sala IV eliminó el reconocimiento de prestaciones legales sin tope. Y desde ese mismo año, la convención está en trámite de revisión, según el registro del Ministerio de Trabajo.