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La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Junafo) mantiene pendiente la recuperación de un monto millonario invertido en la Financiera Desyfin, entidad declarada inviable el 9 de octubre de 2024.
De acuerdo con el Informe de Inversiones de Junafo, publicado el 11 de noviembre del 2025, el Poder Judicial efectuó cuatro colocaciones por un total de ¢11.500 millones, equivalentes a un 1,37% del portafolio de inversiones del régimen.
Sin embargo, al 31 de octubre del 2025 solo se había recuperado el 75% de cada operación, equivalente a ¢8.691 millones. Esto deja pendiente un saldo de ¢2.809 millones, aproximadamente un 0,33% del portafolio total a dicho corte.
Ante consultas de La Nación, Junafo indicó que el monto permanece registrado como una cuenta por cobrar en los estados contables del Poder Judicial, a la espera del avance y desenlace del proceso concursal de la financiera, del cual dependerá la definición de las sumas que eventualmente puedan recuperarse.
“Al igual que los más de 900 inversionistas que colocaron recursos en este emisor debidamente autorizado por la Sugeval, se está a la espera de la determinación del impacto final, (la cual) dependerá de lo que resuelva el proceso concursal judicial, que definirá el monto efectivamente recuperable”, afirmó Junafo.
A diciembre del 2025, el régimen del Poder Judicial contabilizaba 4.316 personas jubiladas, según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Aunque este medio consultó expresamente si, de no recuperarse los recursos, la eventual pérdida recaería sobre el fondo de pensiones —sin respaldo para cubrir lo faltante—, la entidad no respondió de manera directa.
En su lugar, señaló que la solidez del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJPPJ) se resguarda mediante la diversificación del portafolio y una gestión prudente del riesgo.
En esa línea, la Junafo informó de que, al cierre del 2025, el portafolio generó ¢67.075 millones, con un rendimiento real del 9,46%.
El 13 de agosto del 2024, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó la intervención de Financiera Desyfin S. A. por deficiencias en la gestión de su cartera crediticia. Posteriormente, el 9 de octubre de ese mismo año, la compañía fue declarada inviable.
Además, el 5 de enero anterior, el Juzgado Concursal ordenó la apertura de la fase de liquidación —antes denominada quiebra—, cuyo propósito es transformar los activos en efectivo para atender las obligaciones con los acreedores.
Inversiones recuperadas por el Poder Judicial
Según el informe, el 19 de agosto se acreditaron ¢1.469 millones en la cuenta del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, equivalentes al 48,97% de una de las emisiones con vencimiento en agosto del 2024.
Posteriormente, el 16 de setiembre se giraron ¢4.162 millones, correspondientes también al 48,97% de los depósitos con vencimiento posterior al 9 de octubre de ese año.
El 30 de setiembre del año pasado se informó de que el porcentaje de recuperación para los depositantes no garantizados aumentaría al 73,32%, lo que dio paso a un pago adicional antes del 8 de octubre por ¢2.800 millones.
