Negocios

Servicios turísticos encabezan denuncias de consumidores por ventas a plazo

El MEIC tramitó 1.830 denuncias en últimos cinco años, por incumplimientos de contratos en ventas a plazo como clubes de viajes; también figuran proyectos inmobiliarios y conciertos

Los servicios turísticos representan poco más del 65% de las denuncias que la Dirección del Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) recibió en los últimos cinco años relacionadas a servicios por ventas a plazo, según datos brindados por la institución a La Nación.

El MEIC recibe denuncias tanto por incumplimientos o irregularidades con servicios por ventas a plazo como por dificultades con la garantía de un producto e incumplimientos contractuales. En total, las quejas de consumidores suman 21.522 en los últimos cinco años, según datos brindados al 6 de julio del 2022.

De esa suma global, las denuncias por servicios relacionados a ventas a plazo alcanzaron el 8,5%, es decir, alrededor 1.830. Por lo que, los servicios turísticos suman casi 1.190 denuncias, de acuerdo a los cálculos basados en los datos suministrados por el Ministerio.

“Dentro de las ventas a plazo el sector turismo es el que más porcentaje tiene, los planes vacacionales, los clubes de viaje, entre otros (....), afecta mucho a la clase media, por ejemplo...”.

—  Cinthya Zapata, directora de Apoyo al Consumidor

Este tipo de ventas se refieren a aquellas donde el servicio o bien se entrega a futuro, como una casa en un condominio, una entrada a un concierto o un club de viaje. Están reguladas por la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que indica que son ventas que se ofrecen, además, públicamente o de manera generalizada. Otras modalidades de ventas a plazo son los paquetes funerarios y los servicios de medicina prepaga.

La directora de Apoyo al Consumidor del MEIC, Cinthya Zapata, explicó que la realización de ese hecho futuro, en los términos ofrecidos y pactados, depende de la persona física o de la entidad, de hecho o de derecho, según el caso, que debe entregar el bien, prestar el servicio o colocar a los consumidores en ejercicio del derecho en el proyecto futuro.

“Dentro de las ventas a plazo el sector turismo es el que más porcentaje tiene, los planes vacacionales, los clubes de viaje, entre otros (....), afecta mucho a la clase media, por ejemplo, que requiere de esos mecanismos, se le traslada la confianza o el dinero a un tercero con toda la esperanza de que las cosas (los viajes) sucedan, (...) hemos tenido personas que hasta llegan a llorar a la oficina... no sabe lo duro que es”, comentó Zapata.

Verónica Agüero, Ivannia Chavarría y Guillermo Quesada son tres ejemplos de consumidores que han acudido al Ministerio de Economía a interponer una denuncia contra empresas de viajes que operan en el país, pues aunque cuentan con un club pago no han podido hacer uso del servicio y, tampoco, se les ha devuelto el dinero.

Quesada comentó que desde hace muchos años es cliente de la empresa a la que denunció y que fue hasta después de la pandemia que comenzó a tener problemas, pues intentó utilizar su club para viajar a Cuba pero le señalaban que aún no se estaban emitiendo boletos aéreos y a la fecha no ha podido canjear su club.

“Empezaron a patear la bola, eran solo evasivas. Cuando presenté la queja en el MEIC me di cuenta que no era solo yo que estaba en esa situación y hay personas con sumas mucho mayores que la mía”, contó Quesada.

Chavarría, por su lado, también confió en la empresa de viajes contra la que ahora corre una denuncia a nivel del MEIC y está a la espera de una cita de conciliación en la que solicitará la devolución del saldo de su club de viaje.

El plan, contó la trabajadora independiente, era viajar a los parques temáticos de Disney con su familia. No obstante, la empresa le señaló que el canje no era posible realizarlo en las fechas establecidas. “Para no perder el monto quise hacerlo (canjear el club) a nivel nacional pero casi que le imponen a uno a qué hotel sí o a qué hotel no, y me imponían también fechas, en el 2023. Yo les dije que estaban burlándose de nosotros como clientes y fuimos a poner la denuncia”, contó.

Un caso similar también experimentó Agüero, quien intentó utilizar su club para asistir a un hotel nacional. Luego de tener la reserva confirmada por la agencia, días antes de hacer uso del servicio se le indicó, por medio de correo electrónico, que la reserva iba a sufrir un cambio de fecha y que podía canjearse hasta el mes de octubre y no mayo como estaba planificado.

Ante esto, la usuaria solicitó la devolución de un pago extra que debió realizar para la reserva, pero aseguró que aún el caso no ha sido resuelto. Por el momento, está a la espera de que se defina una fecha de audiencia para determinar cómo proseguirá el caso a nivel del MEIC.

Son varios los casos denunciados que se han hecho públicos ante el supuesto incumplimiento o irregularidades en la entrega del servicios a plazo pactados entre las empresas y los consumidores. Destinos TV y Casas Vita son dos ejemplos de ello.

En el primer caso, al 14 de mayo del año anterior la empresa enfrentaba un total de 398 denuncias en las vías judiciales, luego de que en el 2019 la agencia anunciara su cierre. Destinos TV fue objeto del ojo público en el marco del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, después de que suspendiera un vuelo chárter que llevaría a costarricenses a observar las justas.

Meses más tarde se unió la denuncia de alrededor de 180 viajeros que al llegar a Cancún, como parte de sus planes de viaje con la empresa, se encontraron con que las reservas del hotel no estaban hechas.

En cuanto a Casas Vita, el juicio por presuntas estafas en la venta de proyectos habitacionales se realizará en enero del 2024, 50 meses después de que la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen concluyera la acusación en contra de un empresario de apellidos Villagra Martínez. Según un nota de este medio de comunicación del pasado 15 de abril, el primer debate, que arrancó en el tercer trimestre del 2021, fue anulado luego de que el señalado sufriera problemas de salud que le impedían participar.

El caso de Casas Vita comenzó a trascender en medios desde el 2017, cuando la Comisión Nacional del Consumidor (CNC) anunció que denunciaría a Casas Vita ante el Ministerio Público, por supuestamente vender proyectos sin estar inscrita en el Ministerio de Economía y Comercio (MEIC). Desde entonces, se señalaba a la constructora porque, al parecer, vendió proyectos que nunca se construyeron o que no estaban previamente autorizados por el Ministerio.

De forma más reciente, el MEIC informó, el pasado 27 de junio, de que Clubes Colón S. A. ya no contaba con la autorización para la venta de paquetes turísticos a plazo e incluso ordenó la presentación de un finiquito para todos los contratos pendientes de ejecutar, con el fin de devolverle el monto respectivo a los consumidores.

La institución señaló que dichas acciones forman parte de un proceso de fiscalización que se inició en el 2020 y concluyó en febrero del 2022, luego de una serie de hallazgos que dieron como resultado el retiro de la autorización señalada y la denuncia penal ante el Ministerio Público contra las empresas Clubes Colón S.A., Agencia de Viajes Colón S.A. y WV Distribuidora Colón S.A. por presunta estafa en perjuicio de los consumidores.

Ante esto, los directivos de la compañía indicaron que Clubes Colón y Viajes Colón son dos empresas independientes con giros de negocio distintos entre sí y aclararon que la primera cuenta con la solvencia económica y suficiencia patrimonial requerida, contrario a lo que señaló el MEIC como uno de los aspectos que se tomaron en cuenta para la revocatoria de la autorización.

Walter Valverde, uno de los directivo de Clubes Colón, indicó a La Nación, el 27 de junio anterior que el proceso de revocatoria se abrió en febrero por contar con deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda, por lo que presentaron un recurso de apelación que fue rechazado. Ante el agotamiento de la vía administrativa, dijo, recurrirán a instancias judiciales.

Asimismo, sobre el proceso ante el Ministerio Público, Valverde señaló que el MEIC se extralimitó al presentar dicha denuncia pues no cuenta con la potestad para hacerlo. Añadió que lo que existe es un incumplimiento contractual, pero no un acto de estafa.

Para realizar una denuncia ante el departamento de Apoyo al Consumidor, Zapata explicó que el MEIC mantiene una plataforma web que permite poner la denuncia correspondiente en línea e incluso puede dar seguimiento al avance del expediente con el número de denuncia otorgado.

La funcionaria comentó que los expedientes se analizan individualmente, pero hay casos en los que el comportamiento de las empresas son “masivos”, por lo que podrían pasar de un incumplimiento contractual a un potencial ilícito penal, como la estafa en perjuicio del consumidor.

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