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El destino de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) se mantiene en la incertidumbre, pese a que hace nueve meses la administración de Carlos Alvarado propuso su venta como medida para reducir la crisis fiscal del país.
Los avances, luego de planteada la propuesta el 10 de febrero anterior, en la Asamblea Legislativa, son mínimos.
La licitación para contratar una empresa que se encargue de determinar el valor de la empresa pública y el nivel de sus deudas aún no se ha realizado.
El cartel está en la etapa final previa a su publicación, confirmó Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción (CNP), órgano al cual está adscrito Fanal.
El jerarca reconoció que es hasta cuando finalice el análisis financiero que se podría tomar una decisión sobre el futuro del monopolio estatal de la producción de alcoholes y licores. Sin embargo, es una decisión exclusiva del Gobierno y la Asamblea Legislativa, aseguró Bermúdez.
La venta de la Fábrica o la concesión de licencias de producción de alcohol a terceros son algunas de las opciones que se han señalado.
La Nación solicitó, desde el pasado 18 de noviembre, la posición oficial sobre el futuro de la empresa a Pilar Garrido, jerarca del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), pero la jerarca declinó referirse al tema, y remitió las consultas al CNP.
Además, el Poder Ejecutivo excluyó la discusión del destino Fanal de la reciente mesa de diálogo multisectorial finalizada el pasado 21 de noviembre.
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Tal situación ocurrió pese a que la venta de este activo estatal era una de las opciones que se presentaría en la propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI), que el Gobierno decidió retirar el pasado 4 de octubre. Incluso se estimó que generaría un ingreso equivalente al 0,02% de la producción.
Por lo pronto, la pandemia tuvo un impacto positivo en los resultados parciales de la empresa estatal. Al primer semestre de este año, las ventas de la Fábrica ascendieron a ¢19.000 millones, es decir, un incremento del 79%, comparado con los ¢10.642 millones, según datos del CNP.
El aumento se explica por la mayor demanda de alcohol etílico derivado de la atención de la pandemia de la covid-19, detalló la entidad a la Contraloría General de la República.
El origen del monopolio estatal para la destilación de alcohol y producción de bebidas alcohólicas data de 1850, mediante un decreto ejecutivo del gobierno de Juan Rafael Mora Porras.
En 1885, la Asamblea Legislativa estableció vía ley, en el Código Fiscal, la exclusividad estatal para la producción y el uso de alcohol etílico.
Desde entonces, el texto ha sido reformado en varias ocasiones, pero mantiene el monopolio que recae sobre Fanal para la fabricación de alcoholes de consumo, para uso médico y antiséptico.
Sin números claros
Más allá del estado de resultados, para conocer la realidad del costo de los activos y pasivos de Fanal, tanto CNP como Mideplán tienen varios meses en el proceso de efectuar la contratación de una firma especializada que determine el valor de la empresa.
“En la parte de valor, el objetivo es actualizarlo porque solo se tiene un escenario aproximado del valor del activo físico de $20 millones, pero no está actualizado”, aseguró Bermúdez.
El Presidente Ejecutivo del CNP añadió que también debe hacerse el estudio del valor del monopolio de la fabricación de alcoholes y de las marcas comerciales de Fanal, por ejemplo, Guaro Cacique, Ron Magallanes y Vodka Zar, entre otros.
En la parte de las deudas, la entidad pública necesita esclarecer cuánto dinero adeuda y a quién se le debe.
Al cierre del 2019, los estados financieros del CNP registran un pasivo tributario de ¢1.300 millones.
El Consejo Nacional de la Producción, como representante de Fanal, enfrenta procesos de cobro del Ministerio de Hacienda, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
Bermúdez sí destacó que los ingresos generados por la Fábrica son esenciales para las actividades realizadas por el Consejo.
“El CNP siempre va a necesitar esos recursos (de Fanal) para apoyar a las organizaciones y desarrollo de valor agregado”, aseguró Bermúdez.
Concesión, una de las vías
Una de las opciones, además de la venta directa de la fabricación, es efectuar un proceso de concesión de explotación, muy similar a lo que se hizo con la apertura del sector de telecomunicaciones y los seguros, donde se permitió la entrada de nuevos competidores al mercado.
La idea no es nueva. Cuando William Barrantes, expresidente del CNP, dirigió la entidad propuso, en el 2013, explorar la posibilidad de dar en concesión el manejo de la Fanal.
En la actualidad él considera que en el monopolio del alcohol se debería seguir la misma vía a lo ocurrido con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
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“Para la sociedad costarricense lo que más le conviene es abrir el mercado (de la producción de alcohol) con una ley reguladora y bajo niveles de control. Es 10 veces mejor para el Estado abrir y cobrar impuestos que tenerlo como ahora”, aseguró Barrantes.
Entre los problemas de la empresa, destacó el exfuncionario, uno es que no cuenta con la capacidad de reinvertir sus ganancias en el negocio, porque a través de los años le impusieron impuestos y destinos específicos vía ley en el Congreso.
Para Carlos Monge, quien estuvo al frente del CNP en la administración de Luis Guillermo Solís, la Fanal posee experiencia y tecnología que podría enlazarse con comunidades y establecer cadenas de valor.
“En general, las empresas públicas deben entrar en un proceso de transformación para mejorar toda su gestión y ser eficientes. Fanal tiene marcas posicionadas en el mercado y puede subsistir, claramente en competencia, produciendo alcoholes y licores” afirmó Monge.
Sobre este eventual escenario, el actual Presidente del CNP confirmó que la Junta Directiva no emitirá ningún criterio hasta contar con la información adecuada de la empresa y la decisión del Gobierno.
