Negocios

Cynthia Zapata sobre Clubes Colón: ‘Hablamos de un tema masivo, incumplimiento tras incumplimiento’

Directora de Apoyo al Consumidor del MEIC explicó que se tomaron una serie de elementos como reclamos de clientes y morosidad para presentar una denuncia ante el Ministerio Público

La empresa turística Clubes Colón perdió la autorización para ofrecer al público paquetes turísticos a plazo, según informó el Ministerio de Economía y Comercio (MEIC) este lunes 27 de junio a través de un comunicado de prensa.

Asimismo, en la información se incluye que además del retiro del aval se realizó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra las empresas Clubes Colón S.A., Agencia de Viajes Colón S.A. y WV Distribuidora Colón S.A. por presunta estafa en perjuicio de los consumidores.

La directora de Apoyo al Consumidor del MEIC, Cynthia Zapata, explicó a La Nación que el proceso de revocatoria de la autorización, para vender paquetes turísticos a plazo, se inició desde febrero de este año y que la denuncia ante el Ministerio Público se realiza con base en un análisis de la situación financiera de la empresa, las deudas con la Dirección General de Tributación Directa y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

También se tomó en cuenta la verificación de los contratos, la revisión de la información pública disponible, así como reclamos presentados ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC) que se encuentran en trámite.

A enero de este año, según datos suministrados por el MEIC, “Agencia de Viajes Colón” contaba con 60 denuncias en su contra ante esa institución, que sumadas con otras 76 de “Clubes Colón Sociedad Anónima”, acumulaban 136 querellas planteadas, todas por el rubro de incumplimiento contractual. El Ministerio aseguró que 24 de las denuncias se encontraban activas, no obstante, 112 de ellas ya fueron archivadas, aunque no especificaron el motivo, según una nota publicada por La Nación el pasado 17 de enero.

―¿La revocatoria de la autorización es vigente a partir de este lunes 27 de junio o antes?

―No, hoy se da a conocer a los consumidores porque es importante informar eso. Está vigente a partir de que se notifica a la empresa, hace unos días atrás. El proceso se llevó a cabo con garantías de derecho de defensa, un proceso legal para poder proceder al retiro. Al día de hoy no pueden estar vendiendo (a plazo). Desde el mes de febrero ellos saben que tienen retirada la autorización.

―Algunos clientes denunciaron restricciones para acceder a los clubes, ¿Qué margen de acción tiene el MEIC.

―Muchas de estas denuncias fueron remitidas dentro del expediente para la valoración del Ministerio Público. El consumidor estaba adquiriendo en su momento una serie de posibilidades, por eso son ventas a futuro. Está comprando hoy para poder viajar mañana. Que se le restrinja ese destino ahora por una serie de elementos en el manejo de la empresa no es justo, no es parte de lo que el consumidor contrató. Son situaciones que no es normal que el consumidor las tenga que soportar, ya en sí es un incumplimiento y el problema es cómo se llegó a ese incumplimiento.

“No es un incumplimiento puro y simple de que yo le incumplí a una persona por una eventualidad, hablamos de un tema masivo, que incorpora incumplimiento tras incumplimiento, por una operativa propia de la empresa. Ese es el comportamiento. En cuanto al incumplimiento contractual es un tema civil, pero el problema es que lo que estamos denunciando no es un tema singular, es un tema de una afectación a una colectividad”.

―¿Qué tipo de ventas sí podrían hacer estas empresas?

―Por ejemplo emisión de tiquetes. Usted me dice si puede ir a comprar un tiquete sí, sí puede. Es como irlo a comprar en Booking.

―¿Cuál es el motivo de la denuncia penal que realizan contra las empresas?

―La denuncia se interpone por parte del Departamento de Ventas a Plazo porque encuentra una serie de elementos que le llevan a sospechar que en el caso pudiere estarse frente a una eventual estafa en perjuicio de los consumidores.

“El departamento a cargo hace una investigación sobre una serie de elementos entendiendo estos como las denuncias de los consumidores, la situación económica de la empresa, las deudas ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las deudas en materia impositiva y concluye que esos elementos son suficientes para poder establecer la denuncia ante el Ministerio de Público.

“También se trasladaron una serie de expedientes (de los afectados). Eso ya depende del Ministerio Público”.

Paula Umaña

Paula Umaña

Periodista de Economía. Escribe sobre negocios, comercio exterior y producción. Graduada de la Universidad de Costa Rica. Ganadora del Premio al Periodismo Bursátil 2021.

LE RECOMENDAMOS

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.