EscucharEl Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) cuestionó a las superintendencias y cámaras del sector financiero por oponerse al proyecto de ley que le brindaría potestades para fiscalizar y cerrar, con la ayuda de la Fuerza Pública, bancos, operadoras de pensiones, aseguradoras y sociedades administradoras de fondos de inversión.
“Debe precisarse que esa no es una posición consensuada de todo el sector financiero, sino de algunos actores que prefieren mantener el statu quo, frente a una propuesta que busca por primera vez reconocer derechos específicos a los consumidores financieros, que hoy no tienen garantías legales claras", argumentó el MEIC, por escrito, a La Nación.
Según el ministerio, los señalamientos en contra de la iniciativa carecen de fundamento, pues muchos se basan en la iniciativa inicial, presentada en octubre del año pasado, y no en el texto sustitutivo que se trabaja con diputados de la Comisión de Asuntos Económicos.
El nuevo texto se presentó el pasado 10 de junio.
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El MEIC recalcó que el objetivo de esta reforma es crear una legislación que proteja los derechos de los consumidores financieros.
En cuanto a las inquietudes sobre el posible uso político de las facultades que propone el proyecto, el MEIC aseguró que eso no será posible.
“El proyecto establece que las potestades serán ejercidas por un órgano de desconcentración máxima con independencia funcional, lo cual significa que no depende de instrucciones del jerarca político. Además, las medidas más severas —como la posibilidad de cierre—, aplican únicamente en casos de faltas gravísimas", aseguró la institución pública.
El texto en análisis indica que, la ejecución del cierre temporal o definitivo, se debe coordinar con el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
“No hay ninguna razón para suponer que estas potestades se usarán políticamente, sobre todo cuando el MEIC lleva más de 30 años protegiendo a los consumidores sin que ello haya sido objeto de manipulación política”, afirmó la entidad.
El ministerio insistió en que impulsa este proyecto porque es la dependencia del Poder Ejecutivo encargada de proteger a los consumidores.
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Finalmente, el ministerio subrayó que el cobro contemplado en la iniciativa no se trata de una tarifa, sino de un canon razonable y vinculado al presupuesto de la unidad supervisora, que permitiría una operación técnica e independiente.
“El sector financiero o sus representantes parecen estar más preocupados por mantener el estado de situación vigente, a costa de los consumidores financieros, quienes esperan por el reconocimiento y la protección efectiva a sus derechos”, concluyó la entidad.
Polémico plan
La iniciativa que encendió las alertas del sector financiero permitiría al MEIC efectuar un cierre parcial o total de las operaciones de una entidad financiera; incluso usar la Fuerza Pública para ejecutar la medida.
Además, el plan permitiría brindarle acceso a dicho ministerio a los datos confidenciales de millones de deudores del Centro de Información Crediticia (CIC), administrado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Adicionalmente, crea una nueva tarifa a favor del MEIC, de regulación y supervisión, equivalente al 1% del patrimonio de las entidades bajo su vigilancia.
Esta iniciativa motivó, en las últimas dos semanas, el rechazo de la Superintendencia de Pensiones (Supén), la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese).
La Sugef fue la única entidad fiscalizadora que no pronunció sobre el nuevo texto.
