La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de julio de 2026 —instrumento que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) aplica cada año y que ofrece una radiografía de las condiciones económicas de las familias en ese mes— mostró que la proporción de hogares en condición de pobreza, según la metodología de línea de pobreza, se mantuvo en 15,4% (298.000 hogares y 919.000 personas). La pobreza extrema también permaneció estable, en 3,8% (74.000 hogares). Ambas cifras son estadísticamente indistinguibles de las registradas en 2025.
Casi de inmediato ocurrió lo previsible: algunos interpretaron el dato como una buena noticia —«la pobreza no subió»— y otros, desde la acera contraria, como prueba de que nada ha cambiado. Hubo también quienes evitaron leer los resultados que no les convenía explicar. Ambas interpretaciones son superficiales y, tristemente, ignoran lo que la encuesta muestra con claridad sobre los ingresos de las familias.
Porque la Encuesta no muestra estabilidad, sino un retroceso: el ingreso promedio mensual de los hogares cayó 3,8% en términos nominales (de ¢1.209.825 a ¢1.163.728) y 3,5% en términos reales. Se trata de la primera contracción desde 2020. La caída fue estadísticamente significativa y afectó a los cinco quintiles de ingreso, aunque con mayor intensidad en el primero (-6,0%) y el quinto (-4,3%). También se concentró en los salarios, la zona urbana (-4,7%) y la región Central (-3,6%).
Hace dos años escribí en este mismo espacio que la reducción de la pobreza en 2024 —cuando más de 63.000 hogares superaron el umbral— era un resultado favorable, pero coyuntural. Respondía a la recuperación del mercado laboral tras un choque externo, y era difícil que el crecimiento de los ingresos de los hogares más vulnerables se mantuviera en los años siguientes.
Desgraciadamente, los datos de 2026 confirman esa advertencia antes de lo que hubiera querido.
Entonces, ¿cómo es posible que el ingreso de las familias cayera y la pobreza no aumentara? La respuesta está en la aritmética del indicador: un hogar es pobre cuando su ingreso per cápita no alcanza para cubrir el costo de una canasta de bienes y servicios, cuyo valor se actualiza cada mes según los precios.
En 2026 cayeron ambos términos de la comparación. El ingreso per cápita de los hogares del primer decil retrocedió 5,7% en la zona urbana y 7,7% en la rural. Sin embargo, la línea de pobreza bajó 1,7% y 1,6%, respectivamente, mientras que la canasta básica alimentaria —el umbral de la pobreza extrema— disminuyó 4,5% y 3,8%. En junio de 2026, las líneas de pobreza y pobreza extrema se ubicaron en ¢124.964 y ¢58.431 por persona para los hogares urbanos, y en ¢97.181 y ¢49.480 para los rurales.
Dicho sin rodeos: la caída de los precios hizo el trabajo que los ingresos no hicieron. La división de alimentos del índice de precios al consumidor acumuló una caída interanual de 8,3% en febrero y todavía registraba una disminución de 3,7% en junio. Esto respondió a los menores precios de las materias primas agrícolas y alimentarias, a la normalización de la oferta agrícola después de choques coyunturales adversos y a la reducción de los costos de los insumos. Así, la canasta de referencia se abarató lo suficiente para que una pérdida de ingresos de entre 6% y 8% en los hogares más pobres no se tradujera en un aumento de la cantidad de hogares bajo la línea de pobreza.
Tampoco debe perderse de vista que la estabilidad del porcentaje esconde un deterioro. La brecha de pobreza —cuánto le falta, en promedio, a un hogar pobre para alcanzar la línea— subió de 5,1% a 5,4%, y la severidad pasó de 2,6% a 2,9%. La pobreza rural aumentó de 19,3% a 20,7%, mientras que en la región Brunca pasó de 23,8% a 27,3%. Este último fue el único aumento regional estadísticamente significativo.
Los hogares pobres de 2026 son, en promedio, más pobres que los de 2025.
El mercado de trabajo dejó de crear empleo privado y el ingreso por puesto se estancó.
Pero, entonces, ¿qué explica la caída de los ingresos familiares? La evidencia apunta, sin duda, al mercado de trabajo. Esta vez no se trata de un choque externo que destruyó empleos en el comercio y en los hogares como empleadores, como ocurrió en 2021-2022, sino de algo más silencioso y, por ello, más preocupante: el sector privado dejó de crear empleo y redujo lo que paga por cada puesto.
La propia Encuesta de Hogares lo registra: la tasa neta de participación cayó de 56,2% a 54,7%; la de ocupación, de 53,1% a 51,2%; y el desempleo abierto subió de 5,5% a 6,4%. En los hogares del primer quintil —los de menores ingresos— el desempleo alcanza el 20,0%, los ocupados por hogar bajaron de 0,71 a 0,62 y la relación de dependencia económica llegó a 2,94 personas inactivas o menores por cada miembro activo. Esas familias no solo perdieron ingresos: también perdieron perceptores.
Mercado laboral dejó de generar empleo privado
La Encuesta Continua de Empleo (ECE), que se aplica con mayor frecuencia, permite precisar el diagnóstico. Entre los trimestres móviles de junio-agosto de 2025 y 2026, la ocupación creció apenas 1,0%, desde una base deprimida: todavía había 58.000 personas menos ocupadas que en el mismo trimestre de 2024.
El desempleo subió de 6,0% a 6,7% y el ingreso promedio en el empleo principal creció 0,4% en términos nominales; es decir, prácticamente se estancó. En el sector privado, cayó 3,0%.
Todo el empleo neto creado durante el año corresponde al sector público, con 35.000 puestos adicionales. El empleo privado cayó en 13.000 puestos y acumula una pérdida de 90.000 en dos años.
Las actividades que perdieron empleo —industria manufacturera (-30.000 ocupados en un año), servicios de comunicación y otros servicios (-25.000), intermediación financiera (-19.000) y servicio doméstico (-11.000)— son urbanas y, en su mayoría, se concentran en el Valle Central. Esta es la contraparte sectorial de la caída salarial en la región Central que registra la Encuesta de Hogares. Además, la ocupación no calificada perdió 49.000 personas: el ajuste recayó sobre el empleo privado de menor calificación, precisamente el que desempeñan los miembros de los hogares más vulnerables.
En contra de lo que suele suponerse, no hay evidencia de un declive agropecuario detrás del deterioro de las regiones periféricas: el empleo en agricultura, ganadería y pesca aumentó 3,4%, y el empleo rural creció 2,9%.
Lo que cayó en las zonas rurales fue el ingreso por puesto de trabajo independiente y, sobre todo, las transferencias. En la región Brunca, el salario apenas varió (-0,5%), mientras que el ingreso autónomo cayó 15%, las rentas 37%, los subsidios estatales 15% y otras transferencias —pensiones, remesas y ayudas— 19%. En toda la zona rural, los subsidios estatales y las becas disminuyeron 13,3%, una reducción estadísticamente significativa que coincidió con el repunte de la pobreza rural.
Se trata, una vez más, de la red de apoyo que la sociedad construye mediante la acción gubernamental y que, lejos de fortalecerse, se debilita. En los hogares del primer quintil, las transferencias representan el 43% del ingreso. Por eso, reducir su ejecución —por frugalidad mal entendida o simple desorden administrativo— tiene efectos de primer orden sobre la incidencia de la pobreza, aunque nadie los contabilice como tales.
Hay, además, una dimensión del mercado laboral que no puede dejarse de lado, como señalé hace dos años: la participación femenina. La caída de la participación fue mayor que el aumento del desempleo, lo que significa que una parte de quienes perdieron el empleo salió de la fuerza de trabajo. Además, el único indicador de pobreza multidimensional que empeoró de manera significativa fue el de hogares con personas fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares, que pasó de 22,7% a 26,8% de los hogares pobres. En su mayoría, se trata de mujeres que querrían trabajar, pero no pueden hacerlo por sus responsabilidades de cuido, en hogares donde la jefatura femenina alcanza el 52% en el primer quintil, frente al 34% en 2010.
Lo coyuntural se agotó; lo estructural sigue intacto.
Caída de los precios dio un respiro temporal
La caída de los precios funcionó como un colchón, pero transitorio.
Desde el segundo trimestre de 2026, el encarecimiento de los combustibles —la división de transporte pasó de una variación interanual de -3,7% en abril a +4,3% en junio— empezó a revertir la desinflación. En setiembre, la inflación interanual volvió a terreno positivo, tras dieciséis meses de variaciones negativas. Si los ingresos de los hogares más pobres no se recuperan, la encuesta de 2027 podría registrar un aumento de la pobreza sin que medie un deterioro adicional del empleo: bastaría con que las líneas de pobreza volvieran a subir mientras los ingresos permanecen estancados.
El riesgo no es solo aritmético. El choque adverso en curso, provocado por el aumento de los precios internacionales de los hidrocarburos y que comenzó a finales de marzo con el inicio de las hostilidades en el golfo Pérsico, no solo afecta los precios internos. También deteriora los términos de intercambio y tiende a reducir el gasto interno y, con este, la actividad económica.
Es decir, el deterioro del empleo y de las remuneraciones probablemente apenas comienza.
Más allá del ciclo, la Encuesta de 2026 permite observar con claridad lo que 16 años de datos comparables dicen sobre la economía costarricense. En colones de junio de 2026, el ingreso promedio por hogar es hoy 2,4% inferior al de 2010 y 7,2% menor que el máximo registrado en 2013.
Es cierto que el ingreso per cápita acumula un aumento del 17% desde 2010, pero la diferencia entre ambas trayectorias responde únicamente a un cambio demográfico: el hogar promedio pasó de 3,53 a 2,81 miembros.
En 16 años, el país no ha logrado elevar de manera sostenida el ingreso real de los hogares; ha distribuido un ingreso similar entre menos personas por familia.
La comparación con 2010 resulta todavía más elocuente en la base de la distribución. El hogar del primer quintil pasó de 4,08 a 3,07 miembros; sus ocupados por hogar cayeron de 0,94 a 0,62; la jefatura femenina subió de 34% a 52%, y su tasa de participación bajó de 44,6% a 34,5%. La escolaridad aumentó de 6,0 a 7,2 años, pero la tasa de desempleo —20,5% entonces y 20,0% ahora— prácticamente no cambió.
La desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, es la más baja de la serie (0,483), y la relación entre los ingresos del quinto y el primer quintil bajó de 16,7 a 14,8 veces. Sin embargo, el hogar del primer quintil de 2026 es más pequeño, tiene menos perceptores y registra una mayor proporción de jefatura femenina que el de 2010. No es un hogar con mejor acceso al empleo.
Ciertamente, hay progreso estructural y conviene reconocerlo sin triunfalismos: la pobreza multidimensional —que mide condiciones acumuladas, como vivienda, agua, Internet, aseguramiento y escolaridad, y no flujos de ingreso— bajó a 8,9% de los hogares, el mínimo de la serie. La reducción responde a avances en el acceso a Internet y al agua. En el primer caso, sin embargo, siempre cabe preguntarse si el acceso, sin formación de capacidades para aprovecharlo, realmente mejora las condiciones de vida.
Pero la divergencia entre un índice que mejora y un ingreso que retrocede es, en sí misma, el principal hallazgo de esta encuesta: las condiciones de vida avanzan lentamente sobre un ingreso cíclicamente estancado y, en el fondo, sobre una economía incapaz de generar empleo formal y productivo fuera del régimen de zona franca para una fuerza laboral con siete años de escolaridad promedio en los quintiles de menores ingresos.
Cuatro de cada cinco ocupados en los hogares pobres trabajan en la informalidad. Los instrumentos contributivos —salario mínimo, seguridad social y pensiones— sencillamente no llegan a ellos.
De ahí que la mejora reciente del Gini represente una igualación hacia abajo —todos pierden, y el quinto quintil algo más que el resto—, no una mayor capacidad de los hogares más pobres para generar ingresos. También por eso, el margen para mejorar el bienestar mediante la redistribución de un ingreso estancado es tan limitado como el discurso que sostiene que la pobreza se resuelve por sí sola con crecimiento. El crecimiento del régimen especial no se transmite al ingreso de los hogares, mientras que el del régimen definitivo resulta insuficiente y, en ocasiones, se ha apagado.
Empleo formal y la red de cuido, entre las prioridades
Las prioridades de política pública que se desprenden de estos datos no son nuevas, pero la encuesta las ordena: generar empleo formal y elevar la productividad fuera del enclave exportador; desarrollar una red de cuido que permita a las mujeres de los hogares más pobres incorporarse al mercado laboral, con jornadas flexibles y plena protección social, no mediante simples reducciones salariales; focalizar y ejecutar el gasto social —la eficiencia del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y de los programas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) importa más que su volumen—; y desarrollar una política regional para territorios como la Brunca, donde el quinto quintil concentra la mitad del ingreso y los hogares más pobres tienen 0,42 ocupados por hogar. Esa política no puede limitarse a ampliar las transferencias.
En lugar de celebrar que la pobreza no subió o de negar que algo haya cambiado, deberíamos entender que la Encuesta de 2026 nos dio una tregua —comprada con precios más bajos— para enfrentar los factores que perpetúan la pobreza y que, como escribí hace dos años, siguen tan intactos como entonces. Los beneficios económicos, en bienestar y, sobre todo, en la mejora de la convivencia democrática que traería hacerlo son infinitamente mayores que sus costos, pese a lo que suelen argumentar los intereses miopes.
Conviene, por supuesto, que quienes tienen poder lean completa y sin postureos lo que la Encuesta Nacional de Hogares nos dijo y lleva décadas diciéndonos.