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Hazel Valverde, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), advirtió que la ley contra las estafas electrónicas, aprobada este miércoles en segundo debate en el Plenario Legislativo, no garantiza la devolución automática del dinero a los clientes que sean víctimas del robo de fondos en sus cuentas bancarias.
Mediante un video divulgado este jueves, Valverde señaló que la ciudadanía debe tomar en cuenta diversos aspectos sobre la aplicabilidad de la ley, ya que fue aprobada “sin incorporar los cambios necesarios para su adecuada implementación”.
“Es importante que las personas entiendan que no van a tener una restitución automática de fondos cuando presentan un reclamo. Por otra parte, los reclamos deben seguir siendo presentados ante las entidades financieras por los canales oficiales que estas establezcan”, afirmó Valverde.
La jerarca indicó que la Superintendencia únicamente conocerá y verificará lo ocurrido en los casos de denegatoria de pago cuando exista evidencia suficiente que respalde que dicha negativa fue errónea, conforme a lo establecido en la ley.
“Las personas no tienen que venir a Sugef a darle seguimiento a sus reclamos ni a presentarlos acá”, expresó la jerarca.
Además, Valverde solicitó a las personas usuarias “que se preparen”, pues al presentar un reclamo ante una entidad financiera enfrentarán limitaciones en la transaccionalidad de su cuenta, según lo dispuesto en el texto aprobado de la ley.
Este miércoles 4 de marzo, la iniciativa legislativa recibió el respaldo de los 14 diputados presentes en la Comisión Legislativa con Potestad Plena III y ahora deberá pasar al Poder Ejecutivo para la firma del presidente de la República, quien también podría tomar la decisión de vetarla.
¿En qué consiste el proyecto?
De ser firmada por la Presidencia y entrar en vigor, la ley establece como regla general la responsabilidad objetiva de las entidades financieras por la sustracción de fondos, con excepciones limitadas que deberán ser debidamente demostradas.
Asimismo, obligará a las instituciones a operar bajo protocolos formales y estándares de ciberseguridad sujetos a supervisión.
La iniciativa introduce un cambio en el Código Procesal Civil (CPC) para disponer que, en casos vinculados con la defensa del consumidor y fraudes electrónicos, regirá la inversión de la carga de la prueba en favor de las personas afectadas, tanto en sede administrativa como judicial.
Esto significa que, en principio, no corresponderá al cliente probar la responsabilidad del banco, sino que será la entidad la que deba desvirtuar los hechos o acreditar que se encuentra dentro de alguna de las excepciones previstas.
Adicionalmente, las instituciones financieras deberán incorporar mecanismos ágiles para la devolución de montos retenidos que presuntamente provengan de estafas.
También estarán obligadas a reintegrar los recursos que identifiquen como producto de fraudes, siempre que existan elementos de prueba suficientes que permitan concluir el carácter ilegítimo de la transacción.
El proyecto también protege a la entidad y a sus funcionarios al establecer que no serán responsables por la devolución de dichos recursos cuando, de manera razonable, pueda considerarse que se trató de una operación ilegítima, conocida como el “autofraude”.
Proyecto genera ruido en el sector bancario
Esta iniciativa ha generado, desde su aprobación en primer debate, una cisma en el sistema bancario. Los tres bancos públicos del país —Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular— acordaron retirarse este viernes de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), tras la retractación de la gremial sobre su posición respecto al proyecto contra estafas informáticas a clientes bancarios.
Mediante una comunicación a la que tuvo acceso La Nación, las tres entidades informaron su renuncia a la organización e indicaron que la decisión responde a un “quiebre de confianza” provocado por las declaraciones públicas emitidas por la vocería de la ABC sobre el expediente.
La salida se produjo luego de que, la mañana del jueves, la Asociación indicara a este diario que respaldaba la propuesta y la consideraba un paso relevante hacia un marco normativo más equilibrado en Costa Rica. Sin embargo, horas después señaló que el proyecto de ley está lejos de resolver el crimen organizado vinculado con estos delitos.
Ese mismo día, en un comunicado conjunto, los bancos estatales también argumentaron que los análisis técnicos sobre la iniciativa advierten debilidades sustantivas y riesgos significativos para la estabilidad del sistema financiero, la seguridad jurídica y la protección efectiva de las personas usuarias.
Posteriormente, la ABC “lamentó profundamente” la renuncia formalizada por las tres entidades públicas y sostuvo que las inquietudes planteadas son compartidas, por lo que consideró indispensable mantener una lucha conjunta en representación del sector.
