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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) solicitó un aumento en la tarifa de la electricidad para cubrir el pago de salarios, creación de nuevas plazas, los costos de operación, el pago del servicio de la deuda y para generar los recursos necesarios para el financiamiento de inversiones.
Así se muestra en la información entregada por la empresa estatal ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), a inicios de setiembre, para justificar la necesidad de un incremento tarifario.
“Es de suma importancia, que su Autoridad admita y resuelva esta solicitud para que el ajuste comience a regir a partir del 1.° de enero de 2026”, se lee en los cuatro oficios remitidos por Randall Hume, director de Planificación Financiera del ICE.
Si la Aresep avala la petición, la compañía estatal estimó ingresos adicionales por ¢150.518 millones por el cobro de la venta de electricidad a hogares, comercios y a las demás empresas eléctricas que operan en el país, se muestra en la información a la cual tuvo acceso La Nación.
Desglose del aumento
En la información entregada por el ICE a la Aresep, se detalla que el incremento del 37,27% en el sistema de distribución, es decir, lo que se cobra a los hogares y comercios por la electricidad, generaría ingresos por ¢113.698 millones.
“Se requiere la actualización de los costos y gastos con fundamento en las premisas económicas del 2026 para atender el incremento por el costo de vida, y hacer frente a los costos e inversiones necesarios para la prestación del servicio eléctrico con lo cual a su vez se alcanzará el rédito para el desarrollo”, explicó la compañía estatal.
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Para el sistema de transmisión, el Instituto pidió un alza del 22,33% que le brindaría ingresos por ¢24.836 millones. El ajuste tarifario pedido se cobra al resto de empresas de electricidad que operan en el país, por el uso de la red del ICE.
Al cierre del 2024, la compañía estatal contaba con un total de 2.995,7 kilómetros de líneas de transmisión.
Sin embargo, hay una necesidad de desarrollar nueva infraestructura, específicamente en la península de Nicoya, para garantizar el crecimiento de este sector del país y brindar un servicio confiable en los próximos años, se detalla en la información brindada a la Autoridad Reguladora.
Para el sistema de generación, la petición de ajuste fue del 2,41% el cual brindaría al Instituto ingresos adicionales por ¢10.888 millones. Esta tarifa la pagan las demás empresas eléctricas que le compran al ICE.
Por último, para el sistema de alumbrado público que se cobra a los hogares y comercios, el incremento tarifario solicitado fue de 10,56%, y brindaría ingresos por ¢1.096 millones, según el ICE.
Pese a la información y a las justificaciones entregadas a la Autoridad Reguladora, el ICE sostiene que no habrá ningún aumento y que, por el contrario, los usuarios percibirán una rebaja de 2,6% a partir de enero del 2026 producto de la solicitud ordinaria de tarifas y de la revisión del costo variable de generación (CVG).
“Costarricenses, las tarifas eléctricas del año 2026 van a bajar. Aresep y algunos medios de comunicación han estado indicando que esto no es así, lo cual es incorrecto. Reiteramos que la tarifa eléctrica para hogares e industrias en el 2026 tendrá una rebaja”, dijo Marco Acuña, presidente ejecutivo del Instituto, en un video el 10 de setiembre.
Ese mismo día, La Nación solicitó a la entidad pública, por correo electrónico, a las 3:59 p. m., una explicación sobre la contradicción entre lo dicho por Acuña y los documentos entregados a la Autoridad Reguladora. No obstante, al cierre de este artículo no hubo respuesta.
Plazas y salarios
En los documentos entregados a la Aresep, el ICE prevé que para el negocio de electricidad requerirá, durante el próximo año, la contratación de 371 nuevos trabajadores.
El costo anual por la contratación de nuevos empleados será de ¢3.104 millones, según precisó la empresa pública.
La entidad justificó la necesidad de personal debido a la jubilación de empleados, renuncias voluntarias, movilidad laboral, y las restricciones gubernamentales que limitaron la contratación de plazas vacantes.
“Esta reducción de personal técnico especializado ha generado una afectación directa en la capacidad operativa de las áreas responsables del mantenimiento, comprometiendo la ejecución eficiente del programa de trabajo y la atención de averías, mejoras urgentes y actividades preventivas”, se precisa en los oficios del ICE.
Sin el ajuste tarifario para la contratación de nuevo personal, se daría un escenario de riesgos como interrupciones prolongadas del servicio eléctrico, afectando sectores productivos, residenciales y servicios esenciales.
Respecto al incremento salarial, la tarifa solicitada incorpora un alza salarial del 3% para los funcionarios del sector de energía.
Deuda e inversiones
En los documentos del ICE, también se indica que los ajustes tarifarios permitirían cubrir los costos y gastos de operación de cada uno de los sistemas (según el caso que corresponda), así como el servicio de la deuda, así como generar recursos para el financiamiento de la contrapartida local de inversión.
De acuerdo con los datos financieros al 30 de junio del 2025, el saldo de la deuda interna y externa del sector electricidad ascendía a ¢1,7 billones. El 57,2% de este monto correspondía a préstamos por pagar.
Con respecto a las inversiones, el pasado 11 de setiembre, el ICE informó de que destinará $1.000 millones para la expansión y la modernización de la red de transmisión eléctrica que llega a toda Costa Rica.
La inversión forma parte del Plan de Expansión de la Transmisión 2024-2034, publicado recientemente por el Instituto.
“El plan contempla la expansión y la modernización de la red de alta tensión (230 kilovoltios y 138 kilovoltios), la construcción de nuevas subestaciones y de líneas de transmisión, además del aumento de capacidad en las líneas existentes, que incluye mantenimientos, mejoras e incorporación de nuevas tecnologías”, dice el comunicado de prensa.
