EscucharBruselas. La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott, avaló este jueves la multa de más de €4.000 millones impuesta a Google por abuso de posición dominante con Android, y recomendó al Alto Tribunal rechazar el recurso de casación presentado por la tecnológica estadounidense.
El caso se remonta a 2018, cuando la Comisión Europea sancionó a la compañía con una multa de ¢4.340 millones (posteriormente reducida en un 5% por el TJUE, a €4.124 millones, mediante una sentencia emitida en 2022), al considerar que impuso restricciones contractuales a fabricantes de dispositivos móviles y operadores de redes en favor de sus herramientas Google Search y Chrome.
En particular, Google exigía a los fabricantes la preinstalación de sus aplicaciones de búsqueda y navegación como condición para acceder a la licencia de la Play Store, además de prohibir la comercialización de dispositivos con versiones alternativas no autorizadas de Android.
Asimismo, imponía cláusulas de “reparto de ingresos” que supeditaban la participación de fabricantes y operadores en ingresos publicitarios a la exclusión de otros servicios de búsqueda general en los dispositivos de una cartera predefinida.
En un comunicado enviado a Europa Press, una portavoz de Google manifestó su desacuerdo con las conclusiones de la abogada general, y aseguró que Android “ha creado más opciones para todos y respalda a miles de empresas” en Europa y el mundo.
“Nos decepciona el dictamen que, si fuera seguido por el Tribunal, desalentaría la inversión en plataformas abiertas y perjudicaría a los usuarios, socios y desarrolladores de aplicaciones de Android”, argumentó Google en su comunicado.
En sus conclusiones, que no son vinculantes para el TJUE pero suelen marcar el sentido de la gran mayoría de sentencias, Kokott propone desestimar el recurso de casación de Google y confirmar con ello el primer fallo dictado por el Tribunal General en 2022 que confirmó la multa.
En la defensa del caso, el Ejecutivo comunitario argumentó que con las restricciones impuestas, Google perseguía el objetivo de proteger y reforzar su posición dominante en el ámbito de los servicios de búsqueda general y sus ingresos fruto de anuncios publicitarios asociados a dichas búsquedas, en un momento en el que la relevancia del Internet móvil aumentaba de forma significativa.
El Ejecutivo comunitario concluyó que, debido a su objetivo común y a su interdependencia, las restricciones controvertidas supusieron una infracción única y continuada.
Google, por su parte, recurrió la sanción ante la Justicia europea, pero Kokott considera que los argumentos jurídicos invocados por la tecnológica son inoperantes.
