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El Ministerio Público ya investiga el primer caso de sociedades denunciadas por presunto fraude fiscal mediante la emisión de facturas falsas por montos millonarios, que habrían sido utilizadas para inflar gastos, simular operaciones y reducir de forma indebida el pago de impuestos.
En entrevista con La Nación, Mario Ramos, director general de Tributación, indicó que en junio del 2024 se presentó la primera denuncia penal contra un grupo de 32 sociedades, organizadas en 13 estructuras, que presuntamente se dedicaban a emitir comprobantes electrónicos de operaciones simuladas.
El caso se tramita bajo el expediente 24-000062-0621-PE en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, según confirmó el Ministerio Público ante consultas de este diario.
La denuncia fue interpuesta por la Dirección de Fiscalización de la Dirección General de Tributación (DGT), tras detectar la existencia de un entramado de sociedades y personas dedicado a la venta de facturas falsas y su posterior uso con fines contables fraudulentos.
El esquema opera mediante dos figuras identificadas por el Ministerio de Hacienda: Entidades que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS).
En este caso, Hacienda denunció a 32 sociedades aparentemente vinculadas a las primeras estructuras, es decir, aquellas que facturaban comprobantes simulados para su posterior uso.
La red delictiva, según explicó Ramos, inicia cuando una “entidad” (EFOS) −ya sea persona jurídica o física− emite comprobantes electrónicos de forma continua a otra sociedad durante todo el año, con el fin de aparentar legitimidad.
En estos documentos se reportan ventas por montos millonarios en bienes o servicios de todo tipo, pese a no registrar compras, importaciones ni personal en planilla que respalde esas transacciones.
A partir de ahí, otras sociedades replican el esquema con terceros por sumas mayores o menores, lo que configura un entramado de facturación falsa y una cadena de comercialización entre múltiples compañías.
Finalmente, los comprobantes son adquiridos por contribuyentes con actividad económica real, conocidos como EDOS. Estas empresas los utilizarían para reducir la base imponible, justificar incrementos patrimoniales en sus registros contables e incluso encubrir eventuales flujos de origen ilícito.
Fiscalía investiga tres delitos
El Ministerio Público detalló que la causa se encuentra en la etapa preparatoria, enfocada en la recolección y análisis de pruebas. En este proceso se investigan tres presuntos delitos: estafa, uso de documento falso y suplantación de identidad.
Para el delito de estafa, el Código Penal establece penas de dos meses a tres años de prisión si el monto defraudado no supera diez veces el salario bas (el salario base está en ¢462.200), y de seis meses a diez años si lo excede.
Además, se contempla la figura de estafa informática, con sanciones de tres a seis años de prisión cuando se manipulen sistemas para generar información falsa y obtener un beneficio indebido. La pena aumenta de cinco a diez años de cárcel si los hechos afectan sistemas públicos o financieros, o si el autor tiene acceso por sus funciones.
En cuanto al uso de documento falso, se establecen penas de uno a seis años de prisión, las cuales aumentan si el responsable es un funcionario público. Por su parte, la suplantación de identidad se sanciona con entre uno y tres años de cárcel.
Sobre este último delito, Mario Ramos explicó que, en algunos casos, la DGT ha identificado estructuras organizadas (EFOS) que utilizan como testaferros a adultos mayores o personas en condición de calle o vulnerabilidad para ejecutar la simulación.
El jerarca también confirmó a La Nación que la Fiscalía ya secuestró el expediente, inicialmente generado por Tributación, el cual se encuentra bajo resguardo exclusivo del Poder Judicial.
