Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) asignó una calificación de riesgo de B+ a la posible reapertura de los bonos con vencimiento al 2045 y la misma nota a la emisión prevista de los títulos que vencen en 2031.

Estos serían los dos plazos al vencimiento a los que el Ministerio de Hacienda buscaría realizar la nueva emisión de bonos soberanos de deuda externa.

El primero con una tasa ya asignada de 7,158% (al tratarse de un bono que ya está en circulación) y el segundo, con una por definirse al momento de la negociación.

Entre ambas operaciones, el Gobierno emitiría $1.500 millones, ajustándose al monto aprobado por la Asamblea Legislativa el 16 de julio del año en curso.

Entre el 6 y el 11 de noviembre, se realiza el roadshow (presentación) de los los nuevos eurobonos. En este proceso una comitiva del Gobierno agenda reuniones con posibles inversionistas, esta vez de Estados Unidos y Londres.

En esta ocasión los encargados de representar a Costa Rica son Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central; Rodolfo Cordero, ministro interino de Hacienda y Melvin Quirós, director de Crédito Público.

Tal y como lo había previsto la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, los eurobonos llegarían en noviembre, mes que además es valorado positivamente por especialistas del mercado doméstico.

Se recuperó el precio de los títulos desde la salida de la exministra, y además, en medio de esto, la Reserva Federal de Estados Unidos bajó las tasas de interés, lo que mejoró todavía más el panorama para la salida de los eurobonos, opinó Vidal Villalobos, asesor económico de Grupo Prival a La Nación.

Al lado de estos recursos, Hacienda cuenta con los préstamos de $500 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y $350 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa.

Las calificaciones “reflejan tanto el progreso como los desafíos para la administración del presidente Carlos Alvarado en la ejecución de la reforma fiscal aprobada el año pasado después de muchos años de debate, incluidos varios cambios en el gabinete, más recientemente en el Ministerio de Hacienda”, anotó el comunicado emitido por S&P.

Además, la perspectiva negativa para el largo plazo en Costa Rica dice que existe una posibilidad de que se rebaje la calificación en medio de la erosión de la deuda del gobierno y de signos de iliquidez que se pueden generar por los choques externos o por la débil gestión de la deuda.

Si no se implementa de manera efectiva la reforma fiscal que entró en vigencia en 2019, al lado de las medidas adicionales de gasto que sean necesarias, podría gestarse un aumento continuo de la carga neta de la deuda del gobierno, contribuyendo a más gastos por intereses, explicó el texto.

Así, la inefectiva implementación de la reforma sumada a la rígida gestión de la deuda y el nivel ya elevado de la deuda soberana denominada en moneda extranjera, pueden concluir en una rebaja de la calificación.

Al contrario, la revisión a una perspectiva estable llegaría si el gobierno reduce el déficit fiscal lo suficiente como para garantizar que la carga de la deuda se estabilizará, aunque sea de forma gradual.

“Dichos pasos, junto con el continuo crecimiento económico, podrían aumentar la confianza de los inversores, sostener la inversión extranjera directa y reducir la vulnerabilidad externa del país", citó S&P.

La calificadora de riesgo estima que el Producto Interno Bruto (PIB) real de Costa Rica crecerá entre 2% y 2,5% en 2019 y en 2020.