La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial rechazó limitar los aumentos anuales en el monto de la pensión de sus beneficios para reducir el déficit actuarial.

El órgano descartó la recomendación dada en el más reciente estudio actuarial “por cuanto el aumento por costo de vida está normado por la Ley (Orgánica del Poder Judicial)”, se detalla en el acta 10-2020, del pasado 30 de marzo.

La decisión se tomó cinco días después de que se aceptara y recibiera el informe en que se reveló un hueco actuarial de ¢736.058 millones, a pesar de la reforma del 2018 que elevó la edad de retiro, cotización, cálculo de la pensión y creó un aporte solidario para las pensiones de lujo.

Dicha reforma estableció que tanto las pensiones en curso de pago, como las futuras, se ajustarán por variaciones en el índice de precios al consumidor (IPC), definido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Sin embargo, el estudio realizado por el actuario Raúl Hernández recomendó valorar la aplicación de incrementos del 50% de inflación para los jubilados actuales y futuros.

Esta opción tiene el efecto de reducir el déficit del régimen, pero no lo elimina. La proyección es que la medida habría reducido el hueco actuarial a ¢408.682 millones, es decir una merma de ¢327.276 millones.

El estudio determinó que si no se efectúa ningún cambio, el régimen comenzará a utilizar el dinero de la reserva para pagar pensiones a partir el 2039, y la misma se agotaría en el 2050.

Hasta octubre pasado, la reserva del sistema de jubilaciones ascendió a ¢622.194 millones, según los estados financieros.

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Además, el régimen contaba con 4.235 jubilados y 13.770 empleados activos a noviembre anterior, según la Superintendencia de Pensiones (Supén).

El fondo de jubilaciones recibe un aporte mensual equivalente al 28,77% del sueldo y jubilación. El Poder Judicial, como patrono, aporta 14,36%; los trabajadores y pensionados el 13% y la contribución estatal es del 1,41%.

También cuenta con los ingresos de las ganancias de las inversiones de la reserva y la cotización solidaria de quienes se retiraron antes de la reforma del 2018 y su pensión supera los ¢4,6 millones al mes.

Para estos casos se impusieron tasas que van de un 35% a un 55% del monto que sobrepasa el límite permitido por ley.

Supén pide plan

El mismo día en que se rechazó limitar los aumentos a las pensiones, la Junta Administradora acordó notificar a la Superintendencia la decisión e informó sobre el nuevo estudio actuarial.

Dos meses después, la Superintendencia remitió el informe SP-536-2020 en el cual ordenó el envío de un plan de recuperación para enfrentar el desequilibrio actuarial en el régimen.

“Según los análisis realizados (…) la reserva cubre el 44,40% de las pensiones en curso; 53,43% si se usan las pensiones en curso netas (costo de las pensiones en curso menos sus contribuciones futuras, obligatoria y solidaria). Por lo tanto, el Fondo no puede cubrir el 100% del costo de las pensiones en curso de pago”, se detalla en el oficio del pasado 5 de mayo, del cual tiene copia La Nación.

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El documento remitido por Mauricio Soto, director de la División de Supervisión de Regímenes Colectivos de la Supén, cuestiona que la decisión de la Junta solo hace mención al rechazo de limitar los aumentos anuales en pensiones. Esto pese a que la valuación actuarial efectuó cinco recomendaciones y señaló una oportunidad de mejora en la administración del sistema de jubilaciones.

Entre las propuestas del estudio están iniciar “lo antes posible” a realizar inversiones en los mercados internacionales, valorar la creación de su propia tabla de invalidez y revisar el fundamento legal con el que se hace el aporte al seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social.

El estudio también propuso una mejora en la recolección de información financiera, de la población cotizante y de los jubilados.

“Se solicita atender lo siguiente en un plazo de 20 días hábiles a partir del recibo de este oficio (...) Remitir el plan de acción para atender cada una de las recomendaciones y la oportunidad de mejora del estudio actuarial”, se indica en la misiva de la Supén.

En respuesta a dicha solicitud, la Junta de Administradora del Fondo delegó en uno de sus miembros la elaboración de una respuesta a la nota de la Superintendencia, según consta en el acta 17-2020, del pasado 25 de mayo.