Óscar Rodríguez. 11 enero
Las seis operadoras de pensiones administran ¢6,5 billones de ahorro individual en ROP, de más de 2,6 millones de trabajadores. Foto: Albert Marín.
Las seis operadoras de pensiones administran ¢6,5 billones de ahorro individual en ROP, de más de 2,6 millones de trabajadores. Foto: Albert Marín.

Las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) solicitaron a la Superintendencia de Pensiones (Supén), una revisión de la metodología para calcular la comisión que cobran por administrar el ahorro individual obligatorio de más de 2,6 millones de afiliados.

La Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), presentó, en diciembre del 2019, un estudio de costos en el cual fundamentan que la tarifa actual es insuficiente para costear la operación de las empresas administradoras.

Precisamente, la comisión por la gestión de inversiones de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (el ROP) bajó de 0,50% a 0,35% anual, sobre los recursos administrados, a partir del pasado 1.° de enero.

Danilo Ugalde, director ejecutivo de ACOP, dijo a La Nación que no pidieron expresamente un aumento en la tarifa cobrada a cada afiliado, sino que la Superintendencia revise la actual fórmula de cálculo pues no incorpora gastos incurridos por las OPC.

“El costo actual promedio (de comisión) de la industria es cercano al 0,52%, es decir, que ni la comisión de 0,50% cubre todos los costos de las operadoras de pensiones (...) es decir que el costo que tienen las operadoras es superior a la comisón máxima posible”, explicó Ugalde.

ACOP está integrada por las seis operadoras autorizadas para operar en el Costa Rica. Se trata de Popular Pensiones, BN Vital, BCR Pensiones, BAC Pensiones, Vida Plena y la OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El vocero de las operadoras destacó que el estudio de costos se hizo por solicitud de la Supén.

Álvaro Ramos, jerarca de Supén, destacó que el estudio enviado sugiere que, a largo plazo, los costos de operación de las gestoras se estabilizarían en una comisión superior al actual porcentaje de 0,35%.

El jerarca de Supén destacó que la metodología actual es la adecuada para un fondo como el ROP, que está aun en proceso de acumulación.

“Sobre el tope de 0,35%, la Supén no cuenta con evidencia suficiente para concluir que dicha comisión tope pueda resultar ruinosa en el largo plazo para la industria”, argumentó Ramos.

El Superintendente confirmó que evaluarán el documento enviado y efectuarán las recomendaciones al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), sobre la solicitud de las OPC.

El Consejo es el órgano encargado de efectuar cambios en la normativa que regula la actual metodología de cálculo de las comisiones por la administración del ROP.

Dicho órgano estableció, en el 2010, un límite máximo de comisión anual sobre el saldo administrado, que las operadoras pueden cobrarle a cada afiliado.

En el reglamento se estableció que la tarifa iniciaba en 1,10%, en el 2011, y bajaría paulatinamente hasta llegar a 0,35%, en el 2020.

Hasta noviembre pasado, las seis operadoras de pensiones administraban un saldo ¢6,5 billones. El 70% de dichos recursos están invertido en instrumentos del sector público, la mayoría emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central.

OPC dan sus argumentos

El director ejecutivo de ACOP enfatizó que a partir del 2010, cuando se creó la metodología de comisiones, se emitieron una serie de regulaciones las cuales generan costos importantes para las operadoras y que no fueron contemplados dentro de la fórmula de cálculo actual.

Ugalde mencionó el Reglamento de Gobierno Corporativo, el de Gestión Integral de Tecnología, el de Gestión de Activos, entre otros.

Añadió que estas normativas obligan a las operadoras a tener comités de Auditoría, de Inversiones y de Riesgo conformados por personas externas a las empresas, a quienes se les paga dieta, y se les pide experiencia comprobada en finanzas y banca.

“Todos estos hechos han hecho que las operadoras no tengan una comisión holgada que les permita tener ingresos adecuados”, enfatizó Ugalde.

El vocero insistió que el resultado general de las OPC no es negativo pues tienen ganancias por las inversiones de su capital y se equilibran las finanzas.

Pese a los argumentos de las operadoras, Ramos insistitió en que, hasta noviembre del 2019, todas las entidades supervisadas reportaron un resultado operativo positivo.

La información brindada por la Superintendencia muestra que toda la industria tuvo un resultado operativo (contempla solo la actividad de administración de los fondos), de ¢13.516 millones.

Popular Pensiones tuvo la ganancia operativa más alta con ¢6.072 millones, es decir, el 45% y, la OPC CCSS, la menor, con ¢83 millones, o 0,6% del total de la industria.

Ramos aceptó que el cálculo actual de la comisión no incorpora las nuevas disposiciones normativas, pero antes de modificar el cálculo deben realizar un análisis técnico para su justificación.

“La Supén debe monitorear no sólo el efecto financiero de los ingresos y costos para las operadoras, sino también la calidad de servicio que brindan a los afiliados y pensionados”, expresó este funcionario.

Del lado de las operadoras, Roger Porras, gerente de Popular Pensiones, dijo que la comisión actual es baja y reducirla más tendría un impacto relevante en materia de tecnología, servicios y la gestión del negocio.

Héctor Maggi, gerente de la OPC CCSS, añadió que los nuevos gastos operativos implican incrementos en gastos e inversiones, en cada una de las empresas.

Entrevista Álvaro Ramos
Jerarca de Supén: ‘La metodología actual es la adecuada’

Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones, confirmó que las operadoras complementarias pidieron cambiar el cálculo de la comisión por la administración ROP, para lo cual presentaron un estudio. La entidad revisará la petición y brindará una recomendación al Conassif.

Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones. Foto: Melissa Fernández Silva.
Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones. Foto: Melissa Fernández Silva.

– ¿Considera necesario hacer una revisión en la actual metodología de comisión del ROP?

– La Supén considera que la metodología actual, que utiliza como base de cálculo el saldo administrado, es la adecuada para un fondo unitario en acumulación como el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.

– Las OPC argumentan que ni la comisión de 0,50% y ni la de 0,35% son suficientes para enfrentar su operación y recurren a sus ganancias financieros para generar utilidades. ¿Es así?

– Sobre el tope de 0,35%, la Supén no cuenta con evidencia suficiente para concluir que dicha comisión tope pueda resultar ruinosa en el largo plazo para la industria. Sin embargo, se monitorea, no solo el efecto financiero de los ingresos y costos para las operadoras, sino también la calidad de servicio que brindan a los afiliados y pensionados.

“Existe la posibilidad que un énfasis en reducir costos lleve también a un bajo rendimiento neto de comisiones, por lo que no podemos descartar que el tope de comisión de 0,35% eventualmente lleve a estrategias de gestión de los fondos que sean sub-óptimas para las necesidades de los afiliados y pensionados”.

– ¿Se justifica técnicamente un ajuste en la comisión?

– En los meses y años venideros, Conassif y la Supén pueden concluir que el tope de 0,35% está cumpliendo con los objetivos del ROP o pueden realizar ajustes si consideran que dichos ajustes garantizarían la mejor pensión y servicio posible a los afiliados.

– ¿El actual cálculo de la comisión incorpora estas nuevos gastos que aducen las OPC?

– Estos elementos se tendrán en consideración en la evaluación permanente que realizan la Supén y el Conassif. Estos cambios que ocurren en el tiempo son otra justificante para, continuamente, analizar la comisión.