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Deyanira González fue beneficiaria de una de las últimas cuatro casas, de un total de 205, que se construyeron con subsidios estatales en la urbanización Don Edwin en la localidad del El Molino, en el distrito de Jiménez en Pococí de Limón.
González, madre soltera con tres hijos, cuenta que tardó tres años en proceso para obtener el bono de vivienda. Actualmente vive con con una de sus hijas y dos nietos menores de edad.
“La casa tiene un problema en una pared por donde se le filtra el agua. El constructor nos cobró ¢40.000 por arreglarlo, pero no hemos podido porque mi hija tiene un trabajo donde el salario es muy bajito”, cuenta.
Ella recuerda que, cuando construyeron la vivienda, les informaron que la inversión en cada vivienda fue de ¢13 millones.
Marilú Cedeño vive, junto con sus dos hijos de 12 y 15 años, en el proyecto Las Cascadas, en La Colonia de Pococí.
Ella fue desalojada de una barriada en Alajuelita y trasladada a la zona. Para obtener su vivienda solo tuvo que realizar un pago, el cual calificó como mínimo.
Cuando llegó a la zona las calles no estaban asfaltadas, tampoco había alcantarillado, con lo cual en la época de lluvias era común que el agua ingresara a las viviendas.
Al igual que Cedeño, otras 25 madres de familia recibieron un bono de vivienda, una década atrás cuando el proyecto fue inaugurado en dicho cantón limonense.
El caso de estas dos mujeres refleja la realidad de las principales personas beneficiarias con subsidio estatal para adquirir una casa.
Los datos del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) muestran que el 60% de los 58.153 bonos otorgados, en los últimos cinco años, fueron a mujeres.
La mitad de las beneficiarias eran menores de 36 años y viven fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), según los datos oficiales.
Tanto González como Cedeño tienen otra característica en común, ambas viven en el segundo municipio que más bonos de vivienda y subsidios económicos recibió en los últimos cinco años.
Los datos del Banhvi muestran que en Pococí se otorgaron 4.552 beneficios entre el 2015 y el 2019, lo cual significó una inversión de ¢35.304 millones en dicho periodo.
La mayoría de los bonos, cerca del 60%, se entregaron a familias que contaban con un terreno para construir.
El resto se otorgaron en proyectos urbanísticos autorizados por el Banco Hipotecario, como donde actualmente viven González y Cedeño con sus familias.
Colaboró el periodista Óscar Rodríguez.
