IVA para servicios de construcción sube de 4% al 8% a partir de este 1°. de setiembre

Carla Coghi, socia directora de Deloitte Costa Rica, detalló que este aumento es según el transitorio V de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (la número 9.635).

Según dicho transitorio, todos estos servicios prestados del 1°. de setiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023, inclusive, a proyectos registrados o visados por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, independientemente de la fecha de registro y visado, tendrán la tarifa del 8%.

Luego, a partir del 1°. de setiembre de 2023 todos estos servicios pasarán a estar gravados con la tarifa general del IVA del 13%.

En un comunicado, la Cámara de la Construcción, indicó que este incremento tendrá un severo impacto en la reactivación económica del sector, afectada ya por la situación actual del país y las presiones de costos debido al aumento en los precios internacionales de materias primas.

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“La influencia de una serie de variables, como el intenso crecimiento en costos y la incertidumbre generalizada respecto a la estabilidad económica, han dificultado la recuperación, por lo que la entrada en vigencia de este ajuste en el IVA, sin duda, tendrá un efecto negativo, no solo para el sector, sino también para las familias y empresas con planes de construir”, manifestó Carlos Trejos, presidente de la Cámara.

Según el índice mensual de la actividad económica (IMAE), en junio del 2022 la construcción mostró un decrecimiento del 20,7% respecto a junio del 2021 y registró la mayor disminución desde setiembre del 2019.

En el comunicado, la Cámara considera que, como complemento de las medidas en materia de facilitación de negocios recientemente anunciadas, hacen falta acciones adicionales para impulsar la reactivación económica que requiere el país.

Entre ellas, señalan, la urgencia de atender el deterioro de la infraestructura nacional, impulsar fuertemente la inversión pública y para impulsar la construcción privada consideran imprescindible atender la problemática de disponibilidad de agua que está frenando proyectos constructivos en la Gran Área Metropolitana, asó como mejorar sustancialmente las condiciones crediticias para permitir el acceso a la vivienda a las familias de clase media.