Gobierno enfrenta fuerte presión de pagos al FMI por créditos de $3.000 millones

Para este 2024, el país debe efectuar una amortización por $400 millones, entre principal e intereses, de los tres financiamientos que tiene vigentes con el organismo multilateral. Y este será el comienzo de un periodo de dos décadas de fuertes obligaciones financieras con el Fondo.

En el 2024 y 2025, terminará de pagar los $492 millones del Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI, según sus siglas en inglés) otorgado en el 2020 para atender los efectos de la pandemia sanitaria de la covid-19.

En el 2026, se inician los repagos de los $1.778 millones del Servicio Ampliado del FMI (SAF), formalizado hace tres años, y la operación se cancelará en su totalidad en el 2034.

En ese mismo año, Costa Rica empezará a cancelar los $738 millones del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS), formalizado en el 2022, y que terminará de pagar en el 2045.

Así se detalla en el cronograma de obligaciones actuales y futuras con el Fondo, según el informe Costa Rica: Consulta del Artículo IV de 2023, quinta revisión del Servicio Ampliado del FMI, y segunda revisión del Fondo del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, publicado el 22 de diciembre.

La proyección de amortizaciones del organismo multilateral incorpora los recursos girados y usados por el Ministerio de Hacienda, así como las transferencias pendientes de desembolso este año y los intereses que se pagan a partir de finalizado el periodo de gracia.

El financiamiento obtenido por el país se contabiliza en derechos especiales de giro (DEG), una especie de “dinero internacional” creado por el FMI que se utiliza con los países miembros en caso de requerir liquidez. No es una moneda, pero su valor cambia con el tiempo, lo cual tiene efecto en los compromisos de pago cuando se convierte en dólares.

Su valor se basa en una canasta de monedas como el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés y la libra esterlina.

Santiago Acosta Ormaechea, representante residente del FMI en Costa Rica, explicó a La Nación que los acuerdos del SAF y el SRS tienen periodos de gracia de pago del principal (cuatro años y 10,5 años, respectivamente), pero conforme se aprueban los desembolsos las cargas e intereses ligados a cada programa deben ser afrontados por Costa Rica.

Por su parte, Ariel Barrantes, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, confirmó el cronograma de amortización del monto principal de los programas suscritos por el país para los próximos años.

Además, contó que se han cancelado $59,3 millones de intereses de ambas operaciones y $10 millones en comisiones del SAF y el SRS. Dichos datos no incluyen el pago de estos dos rubros por la operación de financiamiento otorgada en la pandemia.

Para tener acceso al financiamiento del Fondo, el Gobierno se comprometió a cumplir una serie de medidas estructurales y cuantitativas en finanzas públicas.

En el SAF, por ejemplo, el país se comprometió a la aprobación de la Ley de Empleo Público, con la implementación del salario único en el Estado.

Además, figura la obtención de un superávit primario para que el nivel de endeudamiento del Gobierno sea equivalente al 55,1% del producto interno bruto (PIB) en el 2028. Cuando el programa se suscribió, en el 2021, dicho indicador era del 67,6% de la producción.

En tanto, en la operación de SRS el objetivo es que Costa Rica se adapte al cambio climático y logre la transición a una economía con bajas emisiones de carbono.

Últimos desembolsos

Para marzo próximo está previsto que un equipo técnico del FMI realice la última revisión de los dos programas vigentes. Los montos de los desembolsos previstos son de $274,9 millones del SAF, y de $246,2 millones para el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad.

El representante del Fondo en el país explicó que la aprobación de los recursos depende del cumplimiento de los criterios cuantitativos y los avances de las medidas estructurales.

Acosta añadió que, una vez hechos todos los giros de recursos, el Fondo continuará con un seguimiento periódico de la economía costarricense como país miembro de la organización.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que Costa Rica se someta a una evaluación posterior al financiamiento, lo cual se debe pactar entre ambas partes, dijo el vocero del FMI.

El propósito de esta medida es que el país mantenga la solidez económica y financiera, y pueda reembolsar el financiamiento.

Asimismo, el personal técnico del organismo multilateral puede brindar asesoramiento sobre medidas de política encaminadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos, se detalla en el objetivo de revisión a posteriori publicado en la web de la entidad.

“El FMI espera que los importantes logros conseguidos en el marco del SAF y del RSF sean mantenidos en el tiempo para fortalecer un crecimiento resiliente, inclusivo y verde en Costa Rica”, subrayó Acosta.

Ariel Barrantes, director de Crédito Público de Hacienda, confirmó que el Fondo da un seguimiento a los pagos de los préstamos, una vez finalizado el proceso de desembolso del dinero. Pero ya no hay compromisos de reformas, pues se ejecutan y aprueban por el organismo en el proceso de giro de recursos.

“El proceso de consolidación fiscal es de Costa Rica, no del FMI, por lo que se mantiene el compromiso de seguir la ruta que se ha trazado, que como hemos visto, ya está rindiendo frutos (...) Pagar menos intereses y reducir la deuda nos permitirá invertir en seguridad, escuelas, carreteras, agua y saneamiento, vivienda”, recalcó Barrantes.

Compromiso riguroso

Rodrigo Cubero, quien presidió el Banco Central y fue funcionario del FMI, explicó que el calendario de pagos establecido por el organismo al país es de cumplimiento obligatorio y sin posibilidad de renegociación.

“El Fondo Monetario es un acreedor de primer nivel y un atraso en el pago a la deuda del FMI se considera, por parte de las agencias calificadoras y la comunidad internacional, como un default. Por eso, los gobiernos siempre privilegian el servicio de la deuda al Fondo”, explicó el economista.

Además, agregó que el organismo es una especie de “cooperativa internacional” y siempre es importante que un país miembro repague sus obligaciones.

Cubero aclaró que los compromisos de reforma del país, y la mayor influencia del Fondo, son durante el periodo de desembolso de recursos. Finalizado dicho plazo ya no se le imponen metas al Gobierno.

Sin embargo, Costa Rica continuará en el proceso de revisión anual del organismo, conocido como Artículo IV, en el cual se evalúan la economía y las políticas económicas del país, afirmó el director de Crédito Público.

Al final de cada visita, el equipo técnico del FMI hace recomendaciones de reformas que podrían incorporar en temas fiscales, monetarios y financieros, subrayó Cubero.