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Adrián Soto Fernández dimitió de manera “irrevocable” como gerente general de la Caja de Ahorro y Préstamos de la Ande (Caja de ANDE) entidad que dirigió durante los últimos 11 años.
La entidad financiera informó que Soto comunicó a la Junta Directiva sobre su renuncia, este martes 8 de junio.
En el comunicado, difundido este miércoles, Caja de ANDE no informó ningún otro detalle de la decisión.
La Directiva de la entidad, que brinda servicios de forma exclusiva al Magisterio Nacional, designó como gerente interino a Rafael Blanco, quien ocupaba el puesto de subgerente.
Adrián Soto fue designado por primera vez en la Gerencia General de Caja de Ande en octubre del 2010. Desde entonces dirigía la institución.
“La Junta Directiva comenzará ahora el proceso para la designación de la persona que ocupará la Gerencia de la entidad. Se comunicará oportunamente cuando se realice el nombramiento”, se informó en el comunicado.
Por su parte, Blanco tiene 42 años de laborar en la institución financiera y, desde octubre del 2010, se desempeña como subgerente.
Además ha ocupado puestos importantes como la jefatura del Departamento Financiero.
Caja de ANDE, como el resto de entidades, ha sufrido un impacto en su resultado financiero a raíz de los efectos económicos de la pandemia de la covid-19.
En los primeros cuatro meses del 2021, la institución reportó una utilidad neta de ¢15.284 millones, es decir, una baja del 27% comparado con los ¢20.695 millones del mismo periodo del año pasado, según el reporte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Además, durante los últimos 12 meses la institución enfrentó un incremento en el indicador de morosidad a de más de 90 días.
En abril del año pasado dicho indicador era del 0,57%, mientras que, para el mismo mes de este año, se ubica en 1,31%.
El alza en la mora también se refleja en un incremento en la estimación por deterioro de la cartera de crédito, la cual se duplicó en el último año.
En el primer cuatrimestre del 2021, la entidad efectuó una provisión por ¢9.899 millones, mientras que, en el mismo plazo del año pasado, era de ¢4.979 millones.
La imposibilidad de efectuar rebajos automáticos a los accionistas que afectan el salario mínimo, es decir ¢200.000, establecida en la denominada ley de de usura, también implicó un impacto para la entidad.
La institución financiera acordó, desde julio del 2020, no otorgar créditos a los afiliados a quienes se les puede afectar el ingreso mínimo.
A marzo pasado, Caja de Ande contaba con 92.092 personas afiliadas, entre jubilados y docentes activos
La ley de la entidad establece que los trabajadores del Magisterio Nacional están obligados a trasladar el 5% de su salario bruto, de manera mensual.
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