El relajamiento en las reglas para analizar la capacidad de pago de los clientes bancarios, así como permitirle a las entidades financieras realizar las readecuaciones necesarias en los préstamos ayudó a contener el aumento de la categoría de deudores en problemas.

Sin embargo, no han evitado que el saldo de operaciones que estaban al día, previo a la pandemia de la covid-19, comience a deteriorarse y caigan en morosidad a más de 90 días.

Así se detalla en la información sobre la salud de la cartera de crédito del sistema financiero costarricense brindada a La Nación por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Los datos muestran que, hasta la mitad de este año, había 80.000 operaciones de crédito manchadas por un deficiente historial de pago, prácticamente el mismo nivel reportado desde finales del 2019.

Ahora, cuando se analiza el saldo de la cartera de crédito por el cumplimiento en el pago, sí se registra un deterioro.

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La normativa crediticia clasifica a los deudores de categoría A hasta la E.

Los clientes en el escalón A son aquellos que están al día en sus obligaciones y no reportan atrasos. Los clientes B tienen dos meses de atraso y los C más de 90 días.

Mientras que los deudores D y E acumulan más de cuatro meses de impago de su préstamo o ya están en cobro judicial.

Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, recordó que muchas de las acciones implementadas el año pasado, para apoyar a los deudores se modificaron al cierre del 2020.

“Desde finales del año 2020 se fueron ajustando las medidas, para ir gradualmente reflejando de mejor forma el riesgo en las nuevas operaciones y aquellas que sufran alguna modificación, debiendo las entidades actualizar la capacidad de pago”, afirmó Aguilar.

Precisamente, las entidades financieras comenzaron a elevar sus estimaciones por créditos malos.

A julio, 44 instituciones reportaron ¢275.744 millones en provisión por préstamos malos, es decir, un aumento del 45% comparado con los ¢190.649 millones al mismo periodo del 2020, según los datos de Sugef.

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“El aumento de estimaciones refleja que aunque la flexibilización normativa ha permitido apoyar al deudor sin afectar su calificación de riesgo, las entidades reconocen un mayor riesgo y por lo tanto aumentan sus provisiones para amortiguar a futuro eventuales fallos en la recuperación de algunos créditos”, afirmó Aguilar.

A junio pasado, ¢20,21 billones del saldo crediticio estaba al día, lo cual implicó una alza del 0,2% frente a los ¢20,16 billones en febrero del año pasado, previo a la pandemia, muestra la información de la Superintendencia.

Sin embargo, el saldo de recursos que empezó a atrasarse en el pago se elevó de manera significativa.

Por ejemplo, el saldo de préstamos en categoría C, es decir con más de tres meses de atraso, fue de ¢835.000 millones a junio anterior, es decir un alza del 33% frente a los ¢628.000 millones en febrero del año pasado, según Sugef.

En tanto que el saldo de créditos D y E, es decir los peor calificados, fue de ¢1,58 billones a mitad de este año, frente a los ¢1,18 billones de febrero del 2020, es decir un alza del 33%, según la Superintendencia.

Ajuste normativo

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A raíz de la pandemia, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Sugef realizaron una serie de cambios normativos, a partir de marzo del 2020, estos permitieron a la banca mantener la calidad crediticia de sus deudores una vez iniciada la pandemia.

Por ejemplo, se permitió a la banca analizar la capacidad de pago del deudor, para prórrogas o readecuaciones, sin tomar en cuenta los escenarios de tensión financiera, para evitar un deterioro mayor en la calificación del deudor

Por otra parte, se suspendió por un año la disposición de que la entidad financiera con pérdidas en seis o más meses, en el transcurso de los últimos 12 meses, caía en irregularidad dos.

El Consejo también permitió, en setiembre pasado y hasta junio del 2021, renegociar las operaciones de crédito con sus deudores las veces que sean necesarias para salvarlos de los riesgos provocados por la pandemia de la covid-19.

El Reglamento para la Calificación de los Deudores permite, habitualmente, efectuar solo dos readecuaciones, en un plazo de 24 meses.

Adicionalmente, en noviembre pasado, el Conassif avaló la liberación de una provisión de ¢129.531 millones, a 44 instituciones, para que puedan cubrirse del efecto de las malas operaciones, pues se ordenó empezar a reflejar la verdadera situación de los deudores.

En diciembre del 2020, el Conassif emitió una directriz en la que obligaba a las entidades financieras a degradar la calificación crediticia de los deudores por una prórroga, readecuación o renegociación de su préstamo por deterioro como consecuencia de la pandemia.

El fin de la medida fue que la nota de riesgo otorgada a los clientes y las carteras de crédito reflejen realmente el impacto generado por la crisis económica.

Nivel de morosidad

Cuando se analiza la evolución de la calidad de la cartera crediticia por el indicador de morosidad sí se registra un aumento en el nivel principalmente en los deudores empresariales y hogares con créditos en dólares.

Las operaciones empresariales en moneda extranjera registraron, a partir de marzo anterior, un ascenso significativo en el indicador de morosidad.

En dicho mes, la mora era de 1,5%; pero tres meses después ya estaba en 2,5% en todo el sistema financiero. En el caso de los hogares, la morosidad en dólares se ubicó en 3,7% en junio anterior.

En colones, la morosidad de ambos grupos de deudores se mantiene por debajo del 3%, que es el nivel recomendado por la Sugef.

Rossy Durán, gerente corporativa de finanzas del Banco de Costa Rica (BCR) reconoció que, ante el deterioro de la capacidad de pago los deudores, deben hacer frente a créditos adquiridos u ofrecer para no ejecutar las garantías cedidas en crédito.

En el caso de Scotiabank, Ariel Rosenblatt, vicepresidente de Finanzas, enfatizó que las instituciones deben separar los impactos temporales de los permanentes.

Rosenblatt agregó que la crisis impactó el flujo de caja de muchos deudores; pero cuando la recuperación se consolide y el desempleo empiece a bajar, espera una recomposición de la inversión y el consumo.

Desde el Banco Popular se aseguró que se dispone de nivel amplio de capital para apoyar a los clientes e impulsar la reactivación económica.