EscucharLa salida de Silvio Lacayo Beeche como gerente general de Financiera Desyfin, ocurrida el 31 de julio, fue consecuencia de meses de tensiones con la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), tras una fiscalización especial que expuso problemas en la gestión de la cartera de crédito y ocultamiento de información.
Las fricciones llevaron a Rocío Aguilar Montoya, titular de la Sugef, a recomendar a la Junta Directiva de Desyfin la remoción de Lacayo, debido a los riesgos identificados y a la ineficacia de tres planes de acción propuestos y revisados por la misma entidad.
“La Superintendencia tiene acceso libre en las entidades financieras y esto no ocurrió con esta entidad (Desyfin) y quedó documentado en sendas notas que se enviaron a la entidad. Incluso en una se convocó a la Junta Directiva, sin la participación del gerente (entonces Silvio Lacayo) y se recomendó la remoción del gerente”, confirmó Aguilar a La Nación.
Rocío Aguilar abordó el tema este miércoles, luego de que este diario le consultara sobre las declaraciones de Silvio Lacayo en un comunicado de prensa, en el cual él negó que se ocultara información a la Superintendencia.
“Quiero aclarar que no ha existido ocultamiento de información por parte de Financiera Desyfin. Desde el primer momento, hemos actuado con total seriedad, responsabilidad y transparencia y hemos entregado toda la documentación requerida por Sugef”, aseguró el representante legal.
En el comunicado, Lacayo afirmó que están desarrollando un plan de capitalización destinado a fortalecer el patrimonio de la institución y garantizar la continuidad de las operaciones.
Sin embargo, la jerarca de la Superintendencia destacó que todo quedó documentado en oficios. Desde las notas enviadas a la financiera, los cambios en los planes remediales, la convocatoria a la Directiva y la nota de la remoción. “A mi me alegra mucho que estén trabajando en un plan de regularización, pues sería lo mejor”, apuntó Aguilar.
La Nación pidió a Desyfin por correo electrónico, este miércoles a las 5:48 p.m., una posición sobre los argumentos dados por la superintendenta. La entidad informó de que por recomendación legal ningún representante legal de Financiera Desyfin dará declaraciones más allá de las compartidas en el comunicado de este miércoles.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de Desyfin, este martes 13 de agosto, luego de analizar un informe de Sugef, en el cual se revela, entre otros aspectos, deficiencias en la gestión de la cartera de créditos y debilidades en la administración de la compañía.
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La medida se dictó de manera inmediata por un plazo ordinario de 30 días naturales, que podría ser prorrogado por 30 días más de ser necesario. El Consejo nombró a Marianne Kött Salas como interventora titular.
La medida fue motivada por el hecho de que la entidad incurrió en la irregularidad financiera 3 debido a que su patrimonio se consumió en más de un 50%. En julio pasado, la financiera contaba con un patrimonio de ¢11.516 millones, pero este cayó a cerca de ¢5.700 millones tras utilizar los recursos para establecer una provisión por deterioro crediticio.
Esta medida hizo que la suficiencia patrimonial descendiera por debajo del 8%, lo que constituye otro motivo para proceder con una intervención, según la normativa financiera vigente.
Más de 300 requerimientos de información
Rocío Aguilar señaló que, a lo largo de los 18 meses de fiscalización en Desyfin, la Sugef realizó más de 300 requerimientos de información a la financiera mediante distintos oficios.
“Hubo dos campos en particular en que se pidieron datos: cartera crediticia y gastos diferidos. En el caso de la cartera fue información relativa a expedientes (de préstamos) que en algunos casos no se obtuvo. En la parte de gastos era más bien el tratamiento que se les daba que no era el correcto”, dijo la jerarca.
Con la información recabada, la jerarca de la Sugef subrayó que había la necesidad de aumentar la estimación por deterioro crediticio debido al aumento de la morosidad, una situación que no estaba reflejada correctamente.
El otro elemento que elevó las provisiones fue que Desyfin contabilizaba algunas garantías crediticias las cuales, según la normativa, no calificaban como tal.
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El resultado fue que la financiera debió usar poco más de la mitad de su patrimonio para elevar las estimaciones. A julio, la entidad registró una estimación por créditos malos de ¢2.741 millones, pero debió elevarla en más de ¢6.000 millones por la reclasificación de operaciones de crédito.
Planes infructuosos
Rocío Aguilar explicó a La Nación que la principal petición a la financiera fue que presentara y ejecutara un plan de acción para fortalecer su capital. Sin embargo, la entidad entregó tres documentos distintos, pero no implementó ninguno por completo.
“En setiembre de 2023 presentaron hasta seis iniciativas en las cuales no definían ninguna fecha que las precisan luego de que se lo preguntamos. En diciembre dijeron que dejaban sin efecto dos medidas. En febrero de 2024 llegaron con otro plan que incluía la incorporación de un nuevo accionista, pero también lo descartan. Ya en julio van con un tercer plan, de nuevo era general, sin detalles y fechas”, afirmó la jerarca.
La superintendenta dijo que nunca llegaron a rechazar ni aceptar ninguno de los tres documentos, pues la misma institución les hacía cambios.
