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El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decidió que no se supervisarán a cinco grandes asociaciones solidaristas que operan en Costa Rica.
Alberto Dent, presidente del Conassif, confirmó a La Nación que el acuerdo se tomó, este lunes 5 de julio, a raíz de una recomendación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y después de meses de análisis jurídicos.
“Aquí nos encontramos con entidades totalmente cerradas. El negocio que plantean con sus propios socios. No podemos aplicarles reserva de capital porque el capital es de los socios y una buena parte de los recursos lo aportan las empresas como parte de la cesantía. Por más que le dimos vuelta no es posible supervisarlas porque su función es atender a sus socios”, explicó Dent.
Agregó que las solidaristas no hacen intervención financiera, por lo cual no hay inversionistas a los cuales proteger.
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La intervención financiera es la posibilidad de captar recursos del público para prestar a terceros.
“La decisión final fue no supervisar a ninguna y se les está enviando los oficios donde se les expone que fueron creadas para un propósito específico y que se deben dedicar a ese propósito específico. Nosotros no tenemos que supervisarlas”, recalcó Dent.
A la vez que descartó que no fiscalizar a este reducido grupo de solidaristas, de más de 1.500 en total, generen algún riesgo al sistema financiero costarricense.
Escogencia
El Consejo había acordado, en diciembre del 2018, que solo iban a fiscalizar a cinco asociaciones, que superaban activos por ¢35.000 millones.
La decisión de no fiscalizarlas implica que no están obligadas a cumplir con normas preventivas como provisiones de créditos malos, límites en carteras morosas y la revisión por parte de la Sugef.
Las solidaristas que se había acordado supervisar eran mayoritariamente de instituciones públicas: Asociación Solidarista de los Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (ASECCSS), la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio), la Asociación Solidarista de Empleados del Banco de Costa Rica (Asobancosta) y la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud).
Del sector privado la única era la Asociación Solidarista de Empleados de la Corporación de Supermercados Unidos. Esta es la de los trabajadores de Walmart.
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El acuerdo del Consejo no exime a estas entidades de la obligación de cumplir con la reserva de liquidez en el Banco Central. Este es un fondo del 15% de las captaciones de recursos de sus asociados.
La posibilidad de regular a las solidaristas tomó fuerza, hace cuatro años, a raíz de los escándalos ocurridos con Asebanacio en la compra de créditos malos al Banco Nacional y el financiamiento otorgado para la compra de cemento chino, del empresario Juan Carlos Bolaños.
Argumentos para excluirlas
La discusión para no supervisar a las solidaristas fue principalmente de corte legal.
Dent afirmó que la Ley Orgánica del Banco Central establece la facultad de fiscalizar, no la obligación.
Precisamente, Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, dijo que dicha norma legal establece la posibilidad de eximirlas de la supervisión.
“Las solidaristas nunca estuvieron supervisadas por Sugef, sino que se vio la posibilidad de fiscalizarlas. Pero no estamos hablando de entidades que eran fiscalizadas”, subrayó Aguilar.
La funcionaria dijo que, a raíz de la naturaleza jurídica, era necesario realizar una fiscalización particular y exclusiva para cinco solidaristas.
“Son organizaciones privadas sin patrimonio estricto porque todo el ahorro son pasivos. Entonces no es posible pedir aumento de capital, en caso de requerirse”, dijo Aguilar.
La Sugef tuvo, este martes 6 de julio, una reunión con las cinco solidaritas en las que informó la decisión de no supervisarlas.
Pero se dejó abierta la puerta para que mantengan, de manera autoimpuesta, los principios regulatorios de prevención.
