EscucharLa Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) propone utilizar el aporte por concepto de ganancias que las empresas estatales trasladan al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), para cubrir la morosidad del Gobierno con el fondo de jubilaciones. La medida se adoptaría para este año y por una única vez.
La Gerencia de Pensiones y la Dirección Actuarial propusieron a la Junta Directiva incorporar a los gastos del sistema el 95% de los ¢32.916 millones, de las contribuciones sobre las utilidades de las compañías estatales, para garantizar el pago de pensiones en el 2023 y, de esa forma, no tocar la reserva del régimen.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, confirmó a La Nación que la medida es de carácter contingente y excepcional. Su fin es ayudar a tapar el faltante de ¢51.380 millones en los flujos de egresos del fondo de pensiones para este año.
Adicionalmente, también se utilizará el 100% de los intereses generados por las inversiones de la reserva, cuyo monto asciende a ¢140.000 millones.
Barrantes apuntó que las proyecciones de ingresos por cotizaciones obrero-patronales mejoraron, desde junio, cuando la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS advirtió del efecto negativo en las finanzas del IVM por el ascenso de la morosidad estatal.
El plan de la Gerencia de Pensiones es presentar a los directivos, a finales de noviembre, cuál es el estado de las finanzas del IVM y determinar, con exactitud, el porcentaje del aporte de las empresas estatales a utilizar, según consta en la sesión de Junta Directiva 9.378, del 27 de octubre.
Barrantes indicó que el Ministerio de Hacienda efectuó algunas transferencias de recursos, durante las últimas semanas. Sin embargo, siguen por debajo de las necesidades del sistema de jubilaciones.
“Los recursos (de las ganancias) se pretenden usar como un respaldo. La Junta nos pidió estudiar el flujo en noviembre y llevar de urgencia el planteamiento de uso del dinero en cualquier momento”, explicó el gerente de Pensiones.
Por su parte, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, explicó que el aporte estatal al IVM excede, de forma exorbitante, la capacidad financiera del Gobierno. Además, catalogó dicha contribución como “extremadamente grande”.
El jerarca cuestionó la discrecionalidad que tiene la Junta Directiva de la Caja para incrementar la contribución estatal al régimen, sin tomar en consideración la capacidad del Estado para afrontar los pagos.
La posición de Acosta hace referencia a una decisión del 2016, cuando los directivos de la entidad aseguradora acordaron elevar, de forma unilateral, de 0,58% a 1,24%, el aporte estatal al régimen. La contribución al régimen crece de manera escalonada cada tres años, pero en el 2016 se aprobó un alza extraordinaria sin hacer una consulta pública.
Actualmente, el porcentaje de aporte es de 1,57% y llegará al 1,91%, del total de la masa cotizante al régimen, en enero del 2028.
El ministro agregó que, constitucionalmente, el Estado es el responsable ante algún faltante en el IVM, por lo cual cuestionó las aportaciones actuales.
Uso excepcional
Una reforma a la Ley de Protección al Trabajador estableció, desde el 2018, que las compañías públicas deben entregar el 15% de sus utilidades anuales al fondo de pensiones, según lo obliga el artículo 78 de la norma. Los principales aportantes son el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco de Costa Rica (BCR).
La Junta Directiva de la Caja estableció en el Reglamento distribución de recursos provenientes del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, desde el 2018, que la contribución de las ganancias de las compañías estatales se usara para fortalecer las reservas del sistema.
Entonces, si los directores deciden emplear los recursos de la contribución de este año, deben modificar el acuerdo de hace cinco años.
Carolina González, directora de la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, dijo que la intención es utilizar, por única vez, durante este año, los recursos recibidos por las empresas públicas.
“Proponemos que, por este año, ese 95% de los recursos del artículo 78, destinados para la reserva, se puedan usar para financiar el gasto corriente para cualquier contingencia que pueda pasar, siempre que el remanente que quede vaya a la reserva”, apuntó González.
La funcionaria explicó, el 27 de octubre, en sesión de Junta Directiva, que si se incorporan los recursos de las empresas y la totalidad de los intereses de las ganancias de las inversiones, el régimen de jubilaciones finalizaría el año con un excedente de ¢3.289 millones, en vez del déficit de ¢51.380 millones.
González subrayó que era un estimado, con corte al 20 de octubre, y por tal razón era necesario dar seguimiento al flujo financiero del régimen.
Uno de los elementos que podría elevar el gasto, y por tanto modificar la proyección, son las nuevas pensiones otorgadas entre noviembre y diciembre.
La previsión es que el número de jubilados se acelere como consecuencia de la entrada en vigencia de la reforma al IVM, el 11 de enero del 2024, que elimina el adelanto de retiro para los hombres (todos se jubilarán a los 65 años) y lo eleva de 60 años a 63 años para las mujeres.
La Gerencia de Pensiones estima entre 3.000 y 4.000 nuevas pensiones previo a que empiecen a regir las nuevas condiciones de jubilación.
Menor aporte estatal
La previsión de la Caja es que, durante este año, no ingresen ¢60.000 millones de contribuciones estatales al régimen. “Estos recursos no se presupuestaron del todo (por parte del Gobierno) entonces no los vamos a tener y deben cubrirse”, sostuvo el gerente de Pensiones.
La previsión, a comienzos de año, era que dicha contribución ascendería a ¢196.872 millones. Según los estados financieros del IVM, hasta agosto, Hacienda efectuó transferencias por un monto de ¢115.810 millones.
El aporte estatal al régimen tuvo un descenso en el 2020, a raíz del efecto de la pandemia de la covid-19 en las finanzas públicas. Pero, a partir de ese año, empezó a crecer.
Sin embargo, el Gobierno termina cada año haciendo un menor aporte. La Caja estima que, en el 2023, la deuda estatal finalizará con un saldo acumulado de ¢600.000 millones.
Y el monto podría crecer pues para el 2024, Hacienda presupuestó ¢71.000 millones menos en aporte estatal al IVM, según la Contraloría General de la República.
