EscucharLa Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) informó de una notificación que les llegó, el 6 de mayo anterior, sobre la venta de la cartera de crédito por parte de la Caja de Préstamos y Descuentos del Poder Judicial (Caprede), que afronta una difícil situación financiera, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ande (CoopeAnde R. L.).
Por medio de una comunicado publicado el pasado jueves 16 de junio, la Coprocomo dio cuenta de la negociación entre la entidad cooperativa y Caprede, que administra los ahorros de magistrados, jueces y fiscales de la República y que cuenta con cerca de 3.000 afiliados.
Debido a la notificación de la venta de la cartera, Coprocom solicitó a los terceros interesados presentarles información relevante para el análisis de la concentración económica en el mercado relacionado con la prestación de servicios financieros de crédito. Esta autorización es necesaria para concretar el proceso de venta.
Por su situación financiera, Caprede ya había cedido a un fideicomiso, en abril del 2021, poco más de la mitad de su cartera de crédito para pagar una deuda por ¢12.900 millones con el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
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Su cartera de préstamos, en ese entonces, era de ¢23.000 millones, según sus estados financieros, de los cuales cedió los ¢12.900 millones (56%). Se desconoce si la venta de la cartera de crédito a CoopeAnde R.L es del otro 44% que les quedaba o parte de este. También se desconoce qué hará Caprede con el dinero producto de la venta.
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La Nación solicitó este sábado declaraciones a Alexánder Arguedas, gerente general de Caprede, pero indicó que dicha información debía solicitarse, en horario laboral, al correo oficial de la empresa .
Caprede constituyó, en abril del 2021, dicho fideicomiso de garantía en el cual dirigió parte de sus ingresos por la recuperación de préstamos otorgados a empleados judiciales. En ese entonces, Arguedas descartó que la medida adoptada implicara un riesgo para los 3.000 afiliados.
Sin embargo, la cartera de créditos total representaba el 70% del activo de Caprede, el cual reportó un saldo de ¢32.287 millones a julio del 2020, según los estados financieros de ese entonces.
Parte de los problemas financieros de Caprede datan del 2010, cuando decidió entrar en el negocio de compra y descuento de facturas para aumentar sus utilidades, actividad denominada factoreo. Aquella decisión los tiene en una situación financiera compleja, sin poder devolverle ahorros e inversiones millonarias a sus socios y con varias denuncias judiciales a cuestas.
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Para dedicarse a aquella actividad, Caprede creó la subsidiaria Caprede Factoreo y le trasladó ¢4.500 millones de los ahorros y utilidades de trabajadores y pensionados del Poder Judicial.
También le inyectó más de ¢4.300 millones de créditos solicitados al Banco Nacional y otras entidades financieras, los cuales están pendientes de cancelar y son responsabilidad de los asociados.
Una auditoría forense realizada en 2017, reveló que la entidad recibió cientos de facturas alteradas por miles de millones, lo cual desembocó en carteras de crédito incobrables.
Según los estados financieros auditados, a julio de 2020, Caprede estaba en riesgo de perder los ¢8.844 millones invertidos en la compra y descuento de facturas.
Carlos Mora, presidente de la Junta Directiva de Caprede, dijo a la La Nación, en marzo del 2021, que el negocio de factoreo no resultó como pensaban y que arrastran las consecuencias.
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Caprede pasó de una planilla de 60 personas a 26 y la reserva de liquidez pasó de ¢3.000 millones a solo ¢50 millones.
En 2020 valoraron someterse a un proceso de administración superior, en el cual un juez evalúa su condición financiera y establece una intervención.
La situación produce angustia a los afiliados quienes temer perder los ahorros e inversiones de toda su vida. Algunos de ellos depositaron ahí montos que superan los ¢300 millones, producto de las reservas de toda su vida o la cesantía obtenida a la hora de retirarse, según varias informaciones publicadas por este medio.
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