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Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) presentó, este viernes 17 de abril, un nuevo proceso judicial ante el Juzgado Concursal de San José con el objetivo de salvar la empresa de la quiebra.
Esta vez, la compañía solicitó que un proceso previo de intervención judicial se transforme en un convenio preventivo de acreedores en el cual propone una solución al pago del dinero adeudado a sus clientes.
La empresa pidió dicha modificación, pues teme que el dictamen negativo de peritaje que recibió el pasado 26 de marzo su anterior plan para salvar los proyectos inmobiliarios de ACI, ponga en riesgo la existencia de la firma, se destaca en un comunicado enviado a los acreedores, del cual tiene copia La Nación.
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Aldesa impugnó el informe de peritaje, pero aún no ha tenido respuesta a dicha solicitud.
“(...) en caso de ser rechazada la intervención judicial, el Juzgado Concursal procedería a solicitar la quiebra de la compañía. Ante ese riesgo y aún sin conocimiento de la respuesta del Perito a nuestra gestión (impugnación), consideramos que es en el mejor interés de todas las partes solicitar al Juzgado la conversión (…) a un Convenio Preventivo de Acreedores”, detalló Javier Chaves, presidente de ACI, a sus acreedores.
La propuesta específica de Aldesa es que la administración de los proyectos inmobiliarios sigan bajo la tutela de la empresa, pero en conjunto con un curador nombrado por el Juzgado.
“Se mantiene la individualidad de cada proyecto que genere flujos de caja para pagar sus propios pasivos, los cuales se irán cancelando conforme la capacidad de generación de esos flujos de caja previstos en los planes de cada proyecto, en un plazo máximo de hasta ocho años”, se detalla en la nueva propuesta.
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Además, pide que se priorice el pago de nuevos préstamos o créditos de proveedores de la compañía y sus iniciativas inmobiliarias, sobre cualquier otro pasivo existente a la actual presentación.
La firma justifica dicha petición porque representa una fuente clave para la reactivación y ejecución de los proyectos.
“Se solicita una moratoria en el pago de intereses por tres años a partir de la aprobación del acuerdo y se establece que se pagarán a partir del cuarto año a una tasa de referencia (tasa básica o prime rate) dependiendo del flujo de caja de la empresa o del proyecto inmobiliario”, se detalla en documento firmado por Chaves.
El empresario señaló a sus acreedores que si el Juzgado acepta la conversión del proceso judicial, deberán legalizar sus créditos en los próximos 15 días a partir de dicha resolución.
La empresa financiera acudió a la vía judicial, el año pasado, por problemas de liquidez en la conclusión de ocho proyectos inmobiliarios privados para los cuales había obtenido recursos por $200 millones de un grupo de 600 inversionistas.
La firma planteó a los acreedores la suspensión de pagos por tres años, y una menor tasa de interés, mientras consigue finalizar los desarrollos y venderlos.
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A inicios de marzo pasado, Aldesa alcanzó acuerdos de pago por $65 millones para un grupo de 150 acreedores.
El principal acuerdo fue la entrega del proyecto inmobiliario Terra Verbena, por casi $50 millones, a un fideicomiso a favor de los inversionistas y que es administrado por Consultores Financieros (Cofín).
Los otros acuerdos, por $15 millones, fueron la entrega del edificio de la sede de Aldesa en Curridabat; proyectos de la firma Graviton, especializada en energías renovables; y la propiedad Conde Montecristo, en Puntarenas.
Chaves contó a comienzos de marzo que están por cerrar un acuerdo por $5 millones con los inversionistas de Terra Industrial, ubicado en El Coyol de Alajuela.
Además, en los próximos meses prevén finalizar la estructuración por $30 millones del proyecto inmobiliario La Balvina, en Alajuela, y una segunda segunda etapa de Terra Industrial.
