Las recomendaciones de la mesa de diálogo para fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) aportan un beneficio mínimo en el mejoramiento de la sostenibilidad de este sistema de jubilaciones.

En el escenario más optimista, con la aprobación de todas las propuestas, la reserva del fondo se agota en el 2045, así se detalla en un estudio efectuado, en octubre del 2018, por la Dirección Actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El informe, del cual tiene copia La Nación, también analizó el efecto de las iniciativas de la mesa de diálogo con modificaciones hechas por la Junta Directiva de la institución. El resultado fue casi el mismo, la reserva llega a cero en el 2046.

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“En términos prácticos ambos escenarios dan resultados muy similares en cuanto al tema de la sostenibilidad actuarial, dado que proyectan los mismos momentos críticos (para el fondo)”, concluye la evaluación efectuada.

Con ambas proyecciones, la reserva del régimen se extiende como máximo por cinco años adicionales comparado con el último análisis hecho por la CCSS, en el 2014, cuando concluyó que sin hacer ajustes se agotaría en el 2041.

El foro de diálogo integrado por trabajadores, patronos y el Gobierno se creó en el 2017, luego de que el estudio actuarial de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) revelara graves problemas para la sostenibilidad del IVM. Este informe fue presentado en diciembre del 2016.

El IVM es el principal fondo de jubilaciones de Costa Rica para el cual cotizan más de 1,5 millones de trabajadores, 80.000 patronos y el Estado.

En diciembre del 2018 cerró con 272.832 beneficiarios y una reserva de ¢2,5 billones.

Reformas insuficientes

La mesa de diálogo otorgó 33 recomendaciones a la CCSS las cuales, en su mayoría, fueron administrativas.

Las medidas con impacto en las finanzas se centraron en acelerar el aumento de las cotizaciones al régimen para llevarlo a 12,16% en el 2028, en lugar del 2035 como está planificado actualmente. Hoy día este porcentaje es de 10,16%.

Además se propuso calcular el monto de la pensión mínima con los salarios promedios de 25 años de cotizar al fondo. Hoy se calcula con el promedio de 20 años.

Los últimos dos cambios que requieren una reforma legal fueron trasladar al fondo el aporte al Banco Popular del 0,25% sobre los salarios de los trabajadores, así como ¢60.000 millones anuales del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Estas medidas incluso provocan un impacto reducido en el corto plazo.

La evaluación actuarial de la Caja determinó que con las medidas la acumulación de la reserva será levemente mayor hasta el 2023. Luego, la situación se revierte a partir del 2024 cuando el fondo continúa la acumulación de recursos; pero a un menor ritmo.

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El análisis actuarial advirtió de que si no se aprueba el traslado de los recursos de Fodesaf y el Banco Popular se generará un impacto negativo.

“El efecto sobre los momentos críticos es la reducción de tres años en cada uno de los momentos”, reseña el estudio cuando menciona el impacto sobre el fondo si no se aprueban estos traslados.

El primer momento clave es cuando los ingresos por cotización e intereses de la reserva son insuficientes para el pago de las pensiones. El segundo es cuando se agota la reserva.

El análisis de octubre pasado estableció la insuficiencia de recursos, sin el dinero de Fodesaf y el Popular, entre el 2035 y el 2036. El último estudio actuarial de la CCSS lo ubicó en el 2035.

El caso del agotamiento de la reserva ocurriría entre el 2042 y 2043; en vez del 2046 que es el escenario más optimista.

Ninguna de las propuestas que elevan los ingresos al régimen está en aplicación. La más avanzada es la de incrementar la contribución, que está en consulta pública desde el pasado 28 de marzo.

Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, advirtió que las recomendaciones de la mesa de diálogo “dan un cierto equiblirio” al sistema para un periodo comprendido entre el 2035 y 2038, pero no resuelven el problema de la sostenibilidad del sistema de jubilaciones.

“Estas propuestas son un chance que tenemos para discutir las medidas más de fondo, pues se espera un proceso fuerte de una gran cantidad de pensionados entre del 2040 al 2050”, destacó el jerarca.

Barrantes sostuvo que el fortalecimiento del IVM es un trabajo que la Caja no puede hacer sola, pues se trata de una decisión nacional.

Álvaro Ramos, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), también recordó que la entidad supervisora alertó que las medidas eran insuficientes para dar sostenibilidad de largo plazo al régimen.

“Los acuerdos de la mesa de diálogo se apartaron de la recomendación técnica de la Supén y de la Gerencia de Pensiones, de utilizar el Estudio Actuarial realizado por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica”, destacó Ramos, ante el impacto reducido de las recomendaciones.

Ajustes simultáneos

En cuanto a la cotización, la más reciente decisión de la Junta Directiva de la CCSS fue adelantar el cronograma de alzas en la contribución de los patronos, trabajadores y Estado, a cada tres años en lugar de cada cinco, tal y como lo recomendó la mesa de diálogo.

En abril del 2005, la Directiva de la institución había acordado aumentar la contribución tripartita al fondo en tres puntos porcentuales (p. p.) para llevarla del 7,5% al 10,5%, en un plazo de 25 años, el cual culminaba en el 2035. El ajuste se estableció en 0,5 p. p. cada lustro y se inició en el 2010.

Sin embargo, en la nueva estructura de aumentos, el plazo inicial para finalizar el incremento en la contribución no será en el 2035, sino en el 2028.

Asimismo, la contribución subirá hasta los 12,16%, en vez del 10,5% acordado inicialmente en el 2005. Esto ocurre porque los directivos de la Caja aprobaron, en los últimos tres años, otras dos reformas extras en la contribución al IVM, que aportan 1,66 p. p. extra.

En julio del 2016, la entidad elevó la contribución estatal, de manera adicional, en 0,66 p. p. a partir de setiembre del mismo año.

Seis meses después, en enero del 2017, decidió subir el aporte obrero en un punto porcentual, pero se dividió en dos alzas. La primera de 0,5 p. p. se aplicó en julio del 2017, y los restantes 0,5 p .p. entrarán a regir en julio de este año.

El aumento para el trabajador se decidió luego de que se entregaran los resultados del estudio actuarial contratado a la UCR.

En total, se trata de tres modificaciones a la estructura de cotizaciones al IVM que se vienen aplicando de manera simultánea.

Caja presentará profunda reforma a régimen, en el 2022

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) propondrá una reforma más fuerte al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en el 2022.

En ese año se formará, de nuevo, la mesa de diálogo sobre el régimen de jubilaciones, pues así lo acordó el anterior grupo a finales del 2017.

La diferencia con la anterior cita es que la entidad autónoma presentará una propuesta concreta que incluya cambios en la edad de jubilación, cotización y la fórmula para calcular el monto del beneficio cuando el trabajador se retire.

La Junta Directiva de la CCSS acordó hacerlo de esa manera porque en la anterior mesa de diálogo se inició sin tener una propuesta base para discutir, recalcó Marielos Alfaro, representante del sector empresarial en dicho órgano.

Precisamente, dicha situación generó, según Alfaro, que las recomendaciones que salieran de la anterior mesa de diálogo no tuvieran un impacto de largo plazo.

“Esta mesa de diálogo presentó soluciones parciales, insuficientes y dos que requieren un proyecto de ley. La mesa es un mecanismo interesante, pero no es el mecanismo de análisis profundo ni toma de decisiones políticas que brinden sostenibilidad al régimen como prioridad”, afirmó Alfaro.

La Gerencia de Pensiones de la Caja es la que, actualmente, trabaja en la fundamentación técnica de la futura reforma.

“Se tendrá que definir hasta cuánto debe de llegar la cotización. En el tema de la edad de retiro, tal vez no fijar una sola, sino aplicar edades variables. En algunos países permiten que el trabajador se jubile entre los 62 años y los 68 años, entre más temprano se retire se lleva una menor pensión”, comentó Jaime Barrantes, gerente de Pensiones.

Barrantes resaltó que aún se está a tiempo para tomar las decisiones más relevantes para la sostenibilidad del fondo, pero si los cambios se retrasan los ajustes pueden ser más rigurosos.

Álvaro Ramos, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén) sostuvo que el fondo necesita reformas más rigurosos.

“Se requieren ajustes paramétricos más fuertes que los sugeridos por la mesa de diálogo, tales como replantear el retiro anticipado sin penalización, así como resolver el descalce entre los aportes y los beneficios proyectados en el estado estacionario de largo plazo”, afirmó Ramos.