
La administración de Donald Trump anunció una segunda investigación comercial contra Costa Rica, junto con otros 59 países, con el fin de verificar si el país realiza importaciones desde territorios donde los bienes se producen con trabajo forzoso. La medida podría derivar en la imposición de nuevos aranceles.
Especialistas consultados por La Nación tienen diversas lecturas sobre el alcance de la investigación. Una de ellas apunta a que el verdadero objetivo es China.
De hecho, esa interpretación también resuena dentro de Estados Unidos. El senador demócrata Ron Wyden, miembro de mayor rango del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, criticó la estrategia comercial de Trump.
“A Trump no le interesa resolver los problemas comerciales reales ni impedir que China y otros países que hacen trampas comerciales perjudiquen a los trabajadores y las empresas estadounidenses. Está intentando reinstaurar sus aranceles por cualquier medio”, afirmó Wyden en un comunicado de prensa.
China es un socio comercial relevante para Costa Rica, pues es el segundo país origen de las importaciones, después de Estados Unidos.
Desde EE. UU., el país importó el año pasado bienes por un monto de $9.200 millones, mientras que del gigante asiático fueron $4.620 millones, según la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
Además de Costa Rica, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) incluyó en la investigación a otros 59 territorios, entre ellos China, India, la Unión Europea, Canadá, México, Noruega, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) confirmó que analizan el alcance de la nueva investigación “para defender al sector exportador costarricense”.
La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) respondió que el tema está en estudio y que, por ahora, no emitirán comentarios.
Por su parte, la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) indicó en términos similares: “Nos encontramos estudiando a detalle el asunto y, de momento, lo tomamos con prudencia mientras se revisa”.
Esta es la segunda investigación que desarrolla contra Costa Rica la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). La primera se inició, en setiembre del año pasado, en contra las exportaciones de dispositivos médicos por motivos de seguridad nacional.
¿Qué tanto afectará a Costa Rica?
El USTR señaló en su aviso oficial que las indagaciones a sus socios comerciales se relacionan con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo forzoso como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.
Para Francisco Chacón, exviceministro de Comercio Exterior y experto en comercio internacional, estas investigaciones parecen buscar cerrar el acceso al mercado estadounidense a productos vinculados con trabajo forzoso.
“Es una manera indirecta de limitarle a China sus exportaciones. El país que no lo haga tendría problemas de acceso al mercado estadounidense”, señaló Chacón.
Por su parte, John Fonseca, exviceministro de Comercio Exterior, explicó que la investigación no constituye una acusación directa contra Costa Rica, sino que busca determinar si el país ha adoptado y aplicado prohibiciones eficaces a la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
Sobre el foco hacia China, Fonseca considera que no es el único objetivo, aunque desde una perspectiva geoeconómica el país asiático figura entre los principales blancos estructurales.
Fonseca señaló que información oficial de Estados Unidos vincula riesgos de trabajo forzoso en China con productos como algodón, aluminio, autopartes de aluminio, polisilicio, obleas fotovoltaicas y módulos solares.
En este contexto, los riesgos no son solo directos desde China, sino también indirectos, ya que ciertos bienes fabricados en terceros países incorporan insumos provenientes de cadenas de suministro chinas asociadas a naciones que no respetan los derechos de los trabajadores.
Debido a que muchos de los países investigados compran bienes finales o insumos vinculados a esas cadenas de suministro, Fonseca considera que el impacto potencial podría ser significativo.
“Costa Rica está expuesta a ese riesgo de suministro y ahora queda bajo escrutinio por no contar —a juicio del USTR— con una prohibición de importación y un sistema de control comparables con el estándar que Washington busca promover”, explicó.
De ahí que el riesgo principal no sea reputacional por producción local, sino regulatorio y de cumplimiento comercial.
“Si esta línea de acción avanza, Washington podría presionar a socios como Costa Rica para fortalecer la debida diligencia, la trazabilidad, el control aduanero y las prohibiciones expresas sobre importaciones contaminadas por trabajo forzoso. Esto tiene implicaciones especialmente en sectores que usan insumos importados de Asia o cadenas complejas de manufactura”, añadió Fonseca.
Costa Rica bajo presión regulatoria
El exjerarca del Comex, Marco Vinicio Ruiz, señaló que es necesario conocer si Costa Rica está investigando o considerando este tipo de aspectos que hoy plantea Estados Unidos.
Además, considera necesario analizar si, bajo la legislación nacional, el país puede sancionar o mantener relaciones comerciales con naciones que violen derechos laborales.
“Si hay evidencia de Estados Unidos, de cosas concretas con países, habría que ponerlo sobre la mesa y ver si está en nuestra capacidad de hacerlo (sancionar o suspender relaciones)”, indicó Ruiz.
El exjerarca no cree que se trate de un tema exclusivo con China, “aunque obviamente todo el mundo piensa en eso”.
Ruiz señaló que hay países asiáticos muy agresivos en materia de exportaciones que no cuentan con la sofisticación industrial de China, como Vietnam, Cambodia, Laos e Indonesia.
“Todos estos países tienen legislaciones laborales que aquí no serían aceptadas. Entonces uno podría ver si eso debería afectar el comercio o no. Ese es un tema que sería importante que el ministro de Comercio Exterior aclare”, afirmó.
Analizar la legislación
Paulina Matamoros, consultora de comercio exterior de Grant Thornton, recordó que, desde el anterior gobierno de Joe Biden, Estados Unidos ha puesto especial atención en las mercancías producidas con trabajo forzoso.
“Costa Rica no cuenta actualmente con políticas o medidas que permitan identificar importaciones de mercancías elaboradas bajo trabajo forzoso, por lo cual existe el riesgo de que en la investigación del USTR se establezca un hallazgo en este sentido”, señaló.
Quedará por verse si el USTR considera la situación actual del país como una restricción para el comercio estadounidense.
Matamoros explicó que las mercancías producidas con trabajo forzoso suelen tener costos menores, lo que genera competencia desleal frente a empresas que sí cumplen con la normativa laboral.
El politólogo Juan Carlos Pérez Herra explicó que China enfrenta denuncias de organizaciones de derechos humanos, pero que la investigación se centrará en las leyes que los países han adoptado para regular el trabajo forzoso en los bienes que importan.
Pérez considera que China presenta importantes deficiencias en esta materia.
Sin embargo, señaló que el objetivo de estas investigaciones sería establecer un nuevo marco de aranceles que reemplace el actual del 10% cuando finalice el plazo de 150 días de la tarifa vigente desde febrero.

