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La aplicación de la “tasa Zucman”, un impuesto a las grandes fortunas, en siete países de América Latina permitiría recaudar $24.000 millones anuales, gravando solamente a cerca de 3.000 personas, revela un estudio publicado este martes 14 de abril.
El informe sobre una tributación mínima para individuos de alto patrimonio en América Latina propone una forma de gravar la riqueza extrema, pero también enfrenta resistencias en la segunda región más desigual del mundo.
“La desigualdad en América Latina no se va a corregir sola: necesitamos un impuesto mínimo a las grandes fortunas”, declaró a la AFP Vicente Silva, autor del estudio, que analiza el sistema tributario en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.
El estudio propone implementar un impuesto del 2% a las fortunas superiores a $100 millones que permitiría recaudar $24.000 millones anuales en estos siete países.
“No es un tema de color político”, afirmó Silva, asesor sénior del Observatorio Fiscal Internacional, al señalar que en la región todos los gobiernos enfrentan la necesidad de satisfacer demandas sociales en un contexto de estrechez fiscal y de aumento del costo de la vida.
“El 1% más rico” paga menos
El abogado experto en desigualdad destacó que, durante la investigación, observaron que “el 1% más rico paga proporcionalmente menos impuestos que el 50% más pobre”.
Esta tasa afectaría solo a cerca de 3.000 personas de un universo total de 500 millones de habitantes en los siete países analizados.
Una hipótesis más ambiciosa plantea que, al aplicar una tasa del 3%, la recaudación ascendería a $36.000 millones, según este estudio encargado por Brasil.
“Nuestra propuesta también permitiría corregir la regresividad en la cima, asegurando que los súper ricos contribuyan de acuerdo con su capacidad económica y paguen, al menos, tanto como el resto de la sociedad”, explicó Silva.
El experto señala que “los súper ricos, en países como Brasil y Chile, pagan tasas efectivas que son casi la mitad del promedio de la población, en un contexto en el que la riqueza de las fortunas de más de 1.000 millones se multiplicó por seis en los últimos 25 años”.
Brasil defendió la imposición de un impuesto a las grandes fortunas en 2024, cuando ejerció la presidencia del G20, y encargó un informe al economista francés Gabriel Zucman, conocido por ser uno de los impulsores de esta propuesta, conocida como “tasa Zucman”.
La idea planteada al G20 fue crear un impuesto del 2% sobre las fortunas de más de $1.000 millones a escala global, con un potencial de recaudación de entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anuales.
Pese a las resistencias, en la cumbre celebrada en Rio de Janeiro ese año, este grupo de las 20 economías más ricas se comprometió a involucrarse “cooperativamente para garantizar que individuos con patrimonio neto ultraalto sean efectivamente tasados”.
“En una región con tanta desigualdad, gravar efectivamente a las mayores fortunas pasa por aplicar un impuesto mínimo sobre la riqueza que asegure que los súper ricos paguen al menos lo mismo que el resto de la población”, dijo a AFP Zucman, director del Observatorio Fiscal Internacional.
Narrativas instaladas
“Hoy día las grandes fortunas están teniendo retornos anuales sobre su riqueza de un 8%. Un impuesto mínimo de este tipo del 2% con esos niveles de retornos básicamente le hace cosquillas a su portafolio, ese retorno bajaría muy levemente”, dijo.
Para Silva, hay una capacidad técnica de implementar este impuesto pero hace falta “voluntad política” para hacer frente a “mucha polarización” y a élites que se oponen.
“No es fácil oponerse a narrativas que están instaladas”, señaló, y citó como ejemplo la concepción de que bajar los impuestos a los más ricos aumenta el crecimiento, una idea que rebatió citando un estudio de London School of Economics que afirma que no hay ninguna evidencia en los últimos 50 años de que los recortes fiscales para las rentas más altas impulsen la actividad económica.
Silva es contundente al afirmar que esto no produciría un éxodo fiscal masivo.
“La evidencia muestra que la gente no se va a ir, la gente tiene sus redes en el país, tiene sus negocios en el país y tiene una posición económica”, argumentó.
“Si alguien decidiera mover su residencia fiscal a raíz del impuesto, nuestro impuesto contempla mecanismos antisalida para disminuir el riesgo de que eso pase. Finalmente, la competencia fiscal es una decisión política y tenemos herramientas para enfrentarla”, explicó Silva.
