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Siguiendo con los temas fiscales que vienen de la mano de los aires navideños está el pago del marchamo.
La mayoría de los costarricenses se quejan por el pago de este denominado derecho de circulación, y son numerosas las quejas de los propietarios en redes sociales, conversaciones casuales, encuentros familiares, etc.
El marchamo o derecho de circulación es un pago que todos los costarricenses con vehículo debemos pagar cada año para poder circular legalmente.
El uso que se le da a estos recursos está destinado principalmente al pago del seguro obligatorio automotor, aportes al Consejo de Seguridad Vial, aportes al Consejo de Transporte Público, a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y se aprovecha para cobrar multas por infracciones a la Ley de Tránsito y por el mal uso de los parquímetros municipales.
Según lo anterior, podemos concluir que el marchamo tiene desde fines solidarios para garantizar la atención médica e incluso fallecimiento de las víctimas, hasta fines económicos como es la mejora de la red vial.
Pero ¿es este pago realmente justo, las reformas hechas han sido suficientes o debe modernizarse?
Lamentablemente, pareciera que la última reforma efectuada lejos de hacer el sistema más justo ha generado que propietarios inescrupulosos reporten valores muy por debajo del valor real de mercado, buscando así reducir el monto a pagar. Esto genera una inequidad evidente: vehículos iguales pagan montos muy distintos, lo que afecta la recaudación estatal y la percepción de justicia fiscal.
Por otro lado, el sistema actual no considera suficientemente el impacto ambiental de los vehículos. No existen incentivos claros para la renovación hacia automóviles eléctricos o híbridos, ni penalizaciones adecuadas para autos muy antiguos que contaminan más. Esto es una oportunidad perdida, especialmente para un país que ha asumido compromisos importantes en materia ambiental.
Para transformar el marchamo en un impuesto más equitativo y efectivo, es urgente actualizar las tablas de valores fiscales con datos de mercado actualizados y tecnologías de avalúo. También, se debería incorporar un enfoque ambiental que promueva la movilidad sostenible, diferenciando las tarifas según el impacto ecológico de cada vehículo. Fortalecer la fiscalización mediante sistemas digitales permitiría detectar con mayor facilidad subdeclaraciones y evitar evasión.
Finalmente, hacer el sistema más transparente y comunicativo reforzará la cultura tributaria, ayudando a que la ciudadanía entienda mejor para qué se paga el marchamo y cómo beneficia a toda la sociedad.
