Los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN) confirmaron este jueves que su designación no se realizó mediante un concurso público ni entrevistas previas.
Los directivos comparecieron ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, que investiga el proceso de destitución de la anterior Junta Directiva, realizado por el Gobierno el 28 de mayo.
“A mí me avisaron el día anterior que me presentara. A mí no me consultaron que yo estaba siendo considerado para la Junta Directiva, sino que simplemente me llamaron para informarme que ya había sido nombrado”, aseguró el presidente del órgano colegiado, Maximiliano Alvarado Ramírez.
Alvarado afirmó que recibió el aviso el 27 de mayo, un día antes de ser juramentado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Ante la consulta de la diputada liberacionista Andrea Álvarez sobre el origen de la información utilizada por el Consejo de Gobierno para considerar su nombre, Alvarado respondió:
“Escuchando a doña Yara (Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno) en una comparecencia, dijo que de una base de datos”, dijo el presidente del BN. Jiménez compareció ante esta Comisión el pasado 3 de julio.
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La Junta Directiva está conformada por Alvarado Ramírez (presidente), Noylin Cruz Suárez (vicepresidenta), Rolando Saborío Jiménez (secretario) y los directores María Brenes Quesada, María del Milagro Solórzano León, Anabelle Chaves Soto y Randall Monge Saborío, quien no asistió a la comparecencia.
La diputada independiente Kattia Cambronero preguntó a los miembros si sus nombres estaban registrados en una base de datos de elegibles en Casa Presidencial.
Alvarado respondió: “Por lo menos a mí, en lo personal, no me consta. Eso fue lo que manifestó en esta comisión la señora Yara Jiménez”.
Consultado sobre el proceso de reclutamiento, el jerarca bancario reiteró que no sostuvo entrevistas ni reuniones previas, y aseguró que Jiménez lo llamó y le dijo que ya tenía su currículum e historial.
Por su parte, Anabelle Chaves indicó que entregó su currículum a la Vicepresidencia de la República en mayo o junio de 2022, tras una convocatoria pública para integrar diversas juntas directivas.
María Brenes relató que el Consejo de Gobierno la contactó para actualizar su hoja de vida y, pocos días después, recibió el aviso de su nombramiento. Explicó que inicialmente fue llamada por un abogado que no pudo identificar y luego fue notificada por Jiménez.
Respuesta similar ofreció la directiva María del Milagro Solórzano: “Me contactó un asistente del Consejo de Gobierno, un abogado, para pedirme unos datos, y luego me llamaron”.
Noylin Cruz relató que un funcionario, cuyo nombre no recuerda, la contactó en tres ocasiones para solicitar información.
“No se siguió el debido proceso al ser una junta temporal… entendemos que era una opción alternativa y que, cuando se haga el nombramiento definitivo, se seguirá el proceso de manera completa”, afirmó Cruz.
También Rolando Saborío confirmó que fue Yara Jiménez quien le notificó su designación.
El Gobierno inició, el 19 de junio, la recepción de postulaciones para integrar una nueva Junta Directiva en el BN, proceso que estará abierto hasta el 17 de julio.
Consultados por la diputada Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), sobre si participarían en el concurso oficial, los seis directivos dijeron que lo están valorando o no lo descartan.
Alpízar también cuestionó que los comparecientes dijeran desconocer un informe solicitado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el pasado 10 de marzo, por el vicepresidente Stephan Brunner.
El oficio formaba parte del proceso administrativo que investigaba el nombramiento de la gerente general del BN, Rosaysella Ulloa, criticado por el Consejo de Gobierno y que derivó en la destitución de la anterior Junta Directiva.
Brunner solicitó a la jerarca de Sugef, Hazel Valverde, un informe sobre la potestad de sancionar a directivos del BN. El artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional permite al Consejo de Gobierno nombrar y remover a los directivos de la banca estatal, es decir, del BN y del Banco de Costa Rica (BCR).
Finalmente, los nuevos directivos admitieron que desconocían el contenido del artículo 24 antes de asumir sus cargos.
