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La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa aprobó con cinco votos a favor de la fracción oficialista y cuatro en contra, el proyecto de ley que brinda al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) potestades para supervisar y cerrar entidades financieras en Costa Rica. El siguiente paso es su discusión en el plenario.
La iniciativa de Ley de Protección del Consumidor de Servicios y Productos Financieros, contenido en el Expediente 24.616, daría a esta dependencia del Poder Ejecutivo las siguientes atribuciones:
⇒ Efectuar un cierre parcial o total de las operaciones de una entidad financiera; incluso usar la Fuerza Pública para ejecutar la medida.
⇒ Brindarle acceso a los datos confidenciales de millones de deudoresdel Centro de Información Crediticia (CIC), administrado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
⇒ Crea una nueva tarifa a favor del MEIC, de regulación y supervisión, equivalente al 1% del patrimonio de las entidades bajo su vigilancia.
Además, el proyecto plantea:
⇒ La obligatoriedad para proveedores financieros de cumplir una serie de requerimientos a nivel de conducta comercial, tales como abstenerse de hacer cobros no pactados o comisiones no autorizadas.
⇒ Obliga a los proveedores a respetar las condiciones contractuales y prohíbe la modificación unilateral de una operación financiera una vez suscrito el contrato.
⇒ Ordena el cumplimiento de los requerimientos de información, así como de las medidas preventivas y correctivas, políticas, resoluciones y órdenes que disponga el MEIC a los proveedores.
Discusión en comisión
Al inicio de la sesión este martes 2 de junio, el presidente de la Comisión, el diputado oficialista Stephan Brunner, otorgó 10 minutos de receso. “Quiero conversar con ustedes sin micrófono”, les dijo a los miembros de la instancia.
El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo en octubre de 2024, y suscrito por el entonces mandatario Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda; y el exministro del MEIC, Francisco Gamboa, hoy vicepresidente de la República.
Durante la discusión, la diputada Janice Sandí del Partido de Liberación Nacional (PLN), dijo que este proyecto traslada funciones al MEIC, entidad que no posee la estructura técnica para ejercerlas, y destacó la experiencia que tienen las superintendencias financieras en supervisión especializada.
Sandí calificó de “situación delicada” el traslado de los datos confidenciales del CIC, actualmente bajo resguardo de la Sugef.
“Sus datos (los de los deudores) pasarían de manos de un ente técnico independiente a manos de políticos, esto abre una puerta muy peligrosa, quién garantiza que esa información no se use con fines políticos, electorales o para favorecer o perjudicar personas”, reclamó Sandí.
También señaló que el MEIC ya enfenta desafíos para proteger a los consumidores, los que se observan en los retrasos de respuesta a las denuncias.
Andrea Valverde Palavicinni, diputada del PLN, dijo que la iniciativa no es el mecanismo adecuado para atender la protección de los consumidores financieros. También mencionó que no delimita el ámbito de acción del MEIC y las superintendencias financieras.
Por estas razones la fracción liberacionista votó en contra de la aprobación de la iniciativa en la Comisión y presentará un dictamen de minoría.
La Comisión, compuesta por nueve legisladores, la conforman cinco diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y cuatro del PLN.
Oficialismo de acuerdo con revisión del proyecto
Por su parte, el oficialista Antonio Barzuna, dijo que actualmente el sistema de supervisión financiera no está funcionando y se declaró a favor de la iniciativa de ley enfocada en las entidades financieras y no en las industrias de seguros y valores.
Barzuna aseguró que el proyecto de ley requiere de algunas modificaciones, que serían presentadas con un texto sustitutivo en el plenario.
“Se necesita una legislación específica con fortalecimiento al MEIC para que sea un brazo ejecutor y un aliado del consumidor financiero”, externó Barzuna.
El oficialista Fernando Obaldía Alvarez reconoció que el proyecto de ley necesita un texto sustitutivo y que amerita analizarlo con detalle, involucrando a las entidades supervisoras y al Banco Central de Costa Rica (BCCR).
