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El Banco de Costa Rica (BCR) es el activo estatal que varias administraciones presidenciales han impulsado vender durante las últimas tres décadas. Sin embargo, la propuesta volvió a tomar fuerza de la mano de la presidenta electa Laura Fernández, para capitalizar el IVM.
La eventual venta del BCR abre una de las preguntas centrales del debate: ¿cómo determinar cuánto vale el banco estatal con más de un siglo de operación, una posición clave en el sistema financiero y una amplia cobertura en el país?
Para responder a esta pregunta, Luis Liberman, exgerente de Interfin (entidad que fue comprada por Scotiabank; hoy Davibank), expuso que el valor de una empresa equivale al valor presente de lo que puede generar en el futuro.
“Se tiene que analizar muy bien cuáles son los activos que van a seguir produciendo en el futuro y hacer una proyección de las utilidades que puede tener el banco hacia el futuro –10, 12 o 15 años, por ejemplo–. (Luego) la trae a valor presente y eso es lo que vale la empresa”, explicó.
En la misma línea, Bernardo Alfaro, exgerente del Banco Nacional, indicó que “típicamente” se proyectan alrededor de 10 años de utilidades y se estima qué dividendo le generará a los dueños del banco.
“Entonces, traigo todos esos flujos netos a 10 años que estoy proyectando, mediante mi tasa de descuento, y ese valor que obtengo es lo que pago por el banco”, comentó Alfaro. La tasa de descuento sirve, justamente, para calcular el valor que tienen hoy los ingresos que se estiman serán recibidos en el futuro.
Otra forma de valorar al Banco de Costa Rica es expresar su precio como un múltiplo del valor en libros, lo que permite comparar distintos bancos de forma sencilla. En términos prácticos, se toma el patrimonio del banco (que finalizó en ¢767.643 millones al cierre del año pasado) y se multiplica por un factor determinado.
“Un banco con buenas perspectivas podría valorarse en más de 1,0 veces su valor en libros, mientras que uno con un panorama menos favorable podría ubicarse cerca de 0,5 veces”, explicó Theodore Mills, director general de Valeo Capital Partners, una firma que asesora a empresas en América Latina en fusiones, adquisiciones, ventas y proyectos financieros.
En tanto, Carlos Fernández, exgerente del Banco de Costa Rica, comentó que con esta metodología el patrimonio del banco se podría multiplicar incluso por 2,25 o 2,5, “que son las experiencias de valoraciones y ventas de bancos en Costa Rica como, por ejemplo, Interfin, Banex y el BAC”.
El director general de Valeo Capital Partners apuntó que este enfoque de valoración es relativo y suele usarse como complemento o una aproximación rápida, pero no siempre captura bien el potencial futuro.
En esa misma línea, Liberman cuestionó esta metodología y señaló que calcular el valor del BCR “no es agarrar y decir ‘el Banco de Costa Rica tiene un patrimonio de 1.000 y por lo tanto debe valer 1.000 o 1.200’. No, así no es. Es mucho más complejo; se requiere de profesionales muy serios haciendo esa valoración”, recalcó.
Fernández, el exgerente del Banco de Costa Rica, explicó que, en caso de avanzar con la venta, el Consejo de Gobierno tendría que contratar un banco de inversión para que estructure y promueva la venta, y busque los oferentes. “O sea, un banco local, una empresa local privada o extranjera que sea la encargada de la negociación, eso es un banco de inversión”, agregó.
Ya hubo un acercamiento al precio de venta
Recientemente, se dio a conocer un acercamiento preliminar al precio de venta del BCR. En 2022, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) tasó a la entidad en un valor de entre $1.803 millones y $2.453 millones, mediante dos modelos distintos de valoración. El análisis tomó en cuenta al banco, así como a sus subsidiarias BCR Pensiones, BCR SAFI, BCR Fondos y BCR Corredora de Seguros.
A criterio del exgerente del Banco de Costa Rica, el Central falló en los supuestos utilizados en la valoración del ente estatal.
Entre ellos, mencionó los aportes obligatorios a entidades como Infocoop y Conape, así como el efecto de perder la garantía estatal. Según indicó, si el BCR dejara de contar con ese respaldo, parte de los depositantes podría trasladar sus recursos a otras entidades públicas, lo que modificaría el valor del banco.
Asimismo, advirtió de que los depósitos y negocios vinculados al sector público —que actualmente se canalizan a través de bancos estatales por disposiciones legales y reglamentarias— migrarían al Banco Nacional en caso de que el BCR pase a manos privadas, por lo que esto ocasionaría un ajuste en el precio del ente público.
¿Quién podría comprar el BCR?
Theodore Mills, director general de Valeo Capital Partners, comentó que, por el tamaño del BCR, un “comprador natural” podría ser un grupo internacional, que suele tener exigencias más estrictas en materia de due diligence, buscando claridad tanto en aspectos corporativos como en la evaluación del riesgo país.
“En los últimos años, se ha observado una tendencia de salida de bancos extranjeros de Centroamérica, lo que podría reducir el universo de potenciales interesados. Esto significa que, aunque no es imposible, colocar un banco de esta magnitud en el mercado internacional requeriría tiempo, transparencia y un proceso muy bien estructurado”, detalló Mills.
Luis Liberman detalló que no visualiza a un “gran” banco norteamericano o europeo adquiriendo el Banco de Costa Rica, sino más bien a entidades latinoamericanas familiarizadas con la “incertidumbre” de la región.
“Lo que tenemos son los bancos latinos, pero porque los bancos latinos entienden y pueden vivir con la incertidumbre de Latinoamérica, que para los europeos y para los estadounidenses es muy difícil. Habría que ver si hay bancos colombianos, bancos mexicanos, aunque en México casi todos los bancos están en manos extranjeras, o bancos brasileños que puedan estar interesados en este mercado (Costa Rica)”, explicó.
Un nuevo intento de venta del BCR
El Banco de Costa Rica enfrenta su cuarto intento de venta en las últimas tres décadas.
Las dos primeras oportunidades en que se impulsó la privatización de la entidad fueron durante los gobiernos de José María Figueres (1994-1998) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).
El tercero se dio en el actual gobierno de Rodrigo Chaves, que presentó varios proyectos de ley que incluyeron también al Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), propiedad del BCR. Sin embargo, ninguno contó con el consenso de los diputados.
En estos tres casos, el objetivo desde el Poder Ejecutivo era el mismo: usar los recursos generados por la venta para reducir el endeudamiento del Gobierno. Ahora, la presidenta electa, Laura Fernández, retomaría la iniciativa, pero con un propósito distinto: capitalizar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esta vez, el oficialismo contará con 31 diputados en la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030, por lo que Moody’s Ratings señaló recientemente que la reforma podría tomar impulso en el plenario legislativo. No obstante, para aprobar la iniciativa se requiere el voto favorable de al menos 38 legisladores.
En caso de que se llegue a concretar la venta del BCR, sería la primera vez en la historia reciente del país en que se privatizaría un banco público. En estas tres décadas, Costa Rica se quedó sin dos activos bancarios: el Banco Anglo cerró porque fue declarado en quiebra en 1994 y el Banco Crédito Agrícola de Cartago dejó de operar en 2017, cuando su operación comercial se volvió inviable.
