EscucharEn la columna anterior analizamos de manera general las características del impuesto único a los combustibles que rige en nuestro medio. Actualmente, el país aplica un impuesto único por litro, fijo e independiente de las variaciones del precio del petróleo.
Este esquema ha demostrado ser eficaz para garantizar ingresos estables al Estado, pero también ha generado cuestionamientos sobre su rigidez frente a los cambios del mercado global.
Precisamente el primer proyecto de ley presentado el pasado 1.º de mayo propone migrar hacia un impuesto variable, es decir, uno que se ajuste según el comportamiento del precio internacional del crudo buscando beneficiar al consumidor.
De aprobarse esta reforma, se adoptaría un sistema flexible que podría amortiguar los aumentos bruscos, reduciendo temporalmente la carga impositiva en momentos de crisis y restableciéndola cuando el petróleo vuelva a bajar. Sin embargo, esta alternativa no está exenta de riesgos.
El principal desafío es fiscal. El impuesto actual constituye una fuente relevante y predecible de ingresos públicos. Sustituirlo por un esquema variable implicaría introducir un alto grado de incertidumbre en la recaudación, lo cual podría afectar la planificación presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Recordemos que, según el informe Panorama de las políticas de precios del carbono en América Latina y el Caribe 2025 de la Cepal, Costa Rica es el país con mayor recaudación por impuestos a los combustibles en América Latina entre 21 economías evaluadas (1.45% del PIB).
También podría existir un componente político, pues un impuesto ajustable abre la puerta a decisiones discrecionales que podrían responder más a coyunturas electorales que a criterios técnicos.
Además, no debe perderse de vista el impacto ambiental. Un impuesto fijo elevado actúa como un desincentivo al consumo de combustibles fósiles. Reducirlo en momentos de alza podría contradecir los compromisos climáticos del país. En este escenario, la discusión no debería plantearse en términos absolutos.
Un modelo híbrido, que combine una base fija con un componente variable y reglas claras de ajuste, podría ofrecer un equilibrio entre estabilidad fiscal y menor afectación al consumidor.
El autor es abogado
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