Los servicios de educación privada formal, desde preescolar hasta universitarios, y los pagos de matrícula y materias en las universidades públicas estarán exentos del impuesto al valor agregado (IVA), que comenzará a regir el 1°. de julio.

No obstante, toda la educación que quede fuera de esa definición enfrentará un tributo del 2%. Así, por ejemplo, cursos de idiomas, clases de deportes, clubes privados y tutorías, entre otros, estarán gravados. Estos además deben de emitir factura electrónica.

Así resolvió la Dirección General de Tributación la aparente contradicción que tenía la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el 4 de diciembre pasado, en el tema del IVA a la educación privada.

Esta ley transforma el impuesto de ventas, que grava principalmente el consumo de bienes a un impuesto al valor agregado, donde ahora se gravan también los servicios, con algunas excepciones. La tarifa general es del 13%.

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El artículo 8 de la Ley señala entre las exenciones al tributo a los servicios de educación privada, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, parauniversitaria y técnica; pero en su artículo 11 incluía entre las actividades que tendrán una tarifa especial reducida del impuesto del 2% a los servicios de educación privada.

La interpretación que realiza Carlos Vargas, director general de Tributación, es que la exoneración es lo que prevalece, pero los servicios de educación privada que no estén considerados en el artículo 8 entonces tendrían un tributo del 2%.

“La exoneración como dispensa de la obligación tributaria prevalece conforme al detalle de lo dispuesto en el artículo 8, lo que no esté considerado en el artículo 8, estaría gravado al 2%” dijo Vargas.

Un ejemplo que citó Vargas de servicios educativos no exentos y que tendrían el tributo del 2% son las tutorías.

Esta interpretación quedó así establecida en el Reglamento para consulta pública de este impuesto que se publicó el martes 29 de enero.

Según dicho reglamento están exentos del impuesto los servicios de educación prestados por centros docentes privados sujetos a inspección por parte del Ministerio de Educación Pública, desde la educación preescolar hasta la universitaria, en todas las modalidades del sistema educativo aprobadas por el Consejo Superior de Educación Privada.

Además, los servicios de educación privada que estén debidamente acreditados por el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) y cuya acreditación se encuentre vigente.

Según la página web del Ministerio de Educación Pública, hay 542 centros docentes privados sujetos a inspección y según información brindada por el Conesup hay 53 centros educativos de educación superior privada autorizados por ellos, aunque el director de la organización, Mario Sanabria, aclaró que la acreditación le corresponde al Sinaes (Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior). VEA: nota aparte: “Reglamento todavía deja áreas grises”.

La nueva ley también exonera del tributo los cursos brindados en las universidades públicas, en cualquiera de sus áreas sustantivas.

El abogado Germán Morales, socio director de la firma de asesoría financiera Grant Thornton, consideró que es importante especificar qué son “áreas sustantivas”, lo cual no aparece definido en el reglamento.

Según la definición brindada por la Comisión Nacional de Rectores (Conare) las áreas sustantivas de las universidades públicas son: docencia, investigación, extensión y acción social y vida estudiantil.

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Los que sí pagarán el 2% de IVA

Según lo establecido en el reglamento todos los servicios de educación que no tienen esas características estarían gravados con la tarifa del 2%.

Un ejemplo que brindó el director general de Tributación son las tutorías, y otro ejemplo que brindó la abogada Carla Coghi, socia de impuestos y legal de Deloitte, son los instituciones de enseñanzas de idiomas.

De igual forma quedarían con un 2% de impuesto todos los cursos de deportes, música, artes y demás que no están regulados.

En el caso de los cursos que ofrecen las fundaciones de universidades públicas los abogados Coghi y Morales coinciden en que se les debería gravar con la tarifa del 2%, esto debido que estas son organizaciones privadas, pero no están acreditadas por el Sinaes.

“Las fundaciones de las universidades no necesariamente son públicas, más bien privadas, de manera que la única forma en este caso de que estén exentas, sería que den educación formal en alguno de los niveles exentos”, comentó el director de Tributación.

El abogado Morales explicó que podría caber dentro de la definición de “educación técnica” donde lo que se obtiene es un certificado de participación, sin embargo, no están acreditadas por el Sinaes.

Se le envió a Tributación una lista de ejemplos de educación que estaría exenta y la que tendría el 2% de IVA, donde se incluyó a las fundaciones de universidades estatales; sin embargo, al cierre de edición de esta información no se había recibido respuesta.