EscucharAnte el peso fiscal que implica seguir financiando hasta el 2088 las antiguas pensiones del Magisterio Nacional —cerradas desde 1992, pero aún vigentes para miles de beneficiarios—, la Superintendencia de Pensiones (Supén) compartió cinco claves para evitar la creación de regímenes sin respaldo financiero.
El Régimen Transitorio de Reparto, administrado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), ampara a quienes iniciaron labores en el sector educativo antes del 15 de julio de 1992. A diferencia de otros sistemas, nunca contó con un fondo de pensiones paralelo, ya que el Gobierno no lo constituyó al momento de su creación. Por esta razón, actualmente se financia con recursos del Presupuesto Nacional.
Frente a este escenario, La Nación consultó a la Supén cuáles reformas y consideraciones deben aplicarse para evitar compromisos que se extiendan por casi un siglo después del cierre de un régimen que carece de un fondo de financiamiento propio.
Régimen debe contar con evaluación actuarial
1- La Superintendencia de Pensiones recomendó, en primer lugar, garantizar que todo nuevo régimen cuente con una evaluación actuarial periódica que respalde su diseño y sostenibilidad a largo plazo.
“La Supen ha insistido en la importancia de contar con información actuarial actualizada, con mecanismos de alerta temprana y con criterios claros de actuación, para evitar que se repitan estos escenarios (pensiones a cargo del Presupuesto Nacional)”, indicó la entidad.
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Garantizar fuentes de financiamiento y reforzar supervisión técnica
2- La segunda recomendación de la Supén, en materia de gestión de los regímenes, es garantizar que toda promesa de pensión cuente con una fuente de financiamiento suficiente, sostenible y fondeada a largo plazo.
En el caso del Régimen Transitorio de Reparto, por ejemplo, Jupema confirmó a este diario que, si bien el Estado continúa recibiendo aportes de los trabajadores, los patronos y el propio Gobierno, esos recursos nunca fueron capitalizados en un fondo.
En su lugar, se asignó al Estado la responsabilidad de cubrir las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, sin que existiera, en ese momento, un estudio actuarial que respaldara esta opción como un mecanismo de financiamiento sostenible y adecuado a largo plazo.
“La principal preocupación de mantener un régimen sin respaldo de ingresos es su dependencia de los recursos públicos. Esto significa que el financiamiento de las pensiones se traslada directamente al Presupuesto Nacional, lo cual incrementa la presión fiscal y reduce el espacio disponible para otras prioridades sociales”, señaló la Supén a este diario.
Además, la entidad subrayó que el cumplimiento de las obligaciones previsionales esté sujeto a decisiones presupuestarias anuales y a la situación fiscal del país, que tienden a ser cambiantes.
A finales de abril, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que permite la pensión anticipada para los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La iniciativa establece que los funcionarios pueden jubilarse con un monto equivalente al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales, siempre que hayan cumplido 55 años (tanto hombres como mujeres) y acumulado 30 años de servicio.
Sin embargo, a inicios de mayo, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetó la propuesta. Argumentó que la medida contraviene el principio de igualdad ante la ley, lesiona los principios de razonabilidad técnica e interdicción de la arbitrariedad y representa una posible violación al principio de sostenibilidad financiera.
3- La Superintendencia también afirmó, en ese sentido, que se deben preservar los acuerdos de finalización de regímenes transitorios de reparto y no reabrir el régimen, modificarlo ni extender su vigencia.
4- Como recomendaciones finales, la Supén hizo hincapié en reforzar la supervisión técnica de los regímenes especiales.
5- Adicionalmente, incorporar la sostenibilidad fiscal como un criterio obligatorio para la creación o modificación de cualquier sistema de jubilación.
“El diseño de un régimen sostenible de pensiones debe considerar su evolución demográfica, su fuente de financiamiento y la viabilidad de mantener sus beneficios sin comprometer las finanzas públicas futuras”, concluyó la entidad.
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