De conformidad con las previsiones de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, la Administración Tributaria debe definir y publicar los criterios de selección que permitan hacer uso de la información contenida en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF).
Esto a fin de evaluar y diagnosticar el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material de obligaciones tributarias.
Para este año, la Dirección General de Tributación emitió la Resolución Nº DGT-R-44-2020, definiendo los siguientes criterios para determinar la conducta riesgosa de los contribuyentes, a partir del análisis de la información que consta en la base de datos del RTBF:
1. El obligado no presentó la declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.
2. La declaración presenta errores u omisiones en los datos del Registro Único Tributario.
3. Personas jurídicas cuyo país de constitución no sea Costa Rica.
4. Cuando se tiene una proporción de acciones preferentes que sea superior a la participación de acciones comunes.
5. Cuando la declaración indique un participante ya sea persona física o jurídica, con domicilio en una jurisdicción no cooperante.
6. Cuando se indique un participante ya sea persona física o jurídica, con domicilio en una jurisdicción con la que se tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición.
7. Cuando tienen acciones en copropiedad, cuya participación represente al menos un 15% del capital social.
8. Cuando se declare la imposibilidad de identificar el beneficiario final de una persona jurídica domiciliada en el exterior.
9. Cuando los participantes sean personas jurídicas ubicadas en el exterior y el beneficiario final sea un sujeto domiciliado en Costa Rica.
10. Cuando no se pueda determinar un beneficiario final, por participaciones directas o indirectas de titularidad.
11. Cuando se considere beneficiario final por otro tipo de control: mayoría de los derechos de voto de los accionistas, derecho a designar o cesar a la mayor parte de órganos de administración, dirección o supervisión y poseer la condición de supervisión en virtud de los estatutos.