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El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (CCPA) interpuso una denuncia penal en el Ministerio Público contra tres supuestos contadores y una empresa por la eventual comisión de posibles delitos en la presentación de documentos en apariencia falsos en al menos tres procesos de contratación pública.
Así se indica en la denuncia, de la que tiene copia La Nación, interpuesta por Francisco Javier Ovares, presidente del Colegio de Contadores Públicos, el pasado 14 de setiembre ante la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José.
De acuerdo con el documento, los hechos podrían constituir los delitos de falsificación de documentos públicos y auténticos y uso de falso documento presentados en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Una oferta levantó las primeras alertas
El denunciante señala que el pasado 30 de julio, un proveedor institucional del Museo Nacional de Costa Rica (MNCR) remitió al Colegio información sobre presuntas irregularidades en el proceso denominado Servicio de Auditoría Externa de Estados Financieros del MNCR.
El proceso de contratación pública N.° 2026LD-000014-0009500001 fue promovido por el Museo para contratar el servicio de auditoría externa de sus estados financieros, con un presupuesto estimado de ¢8.000.000.
En este procedimiento, la sociedad anónima presentó una oferta electrónica en el Sicop, en la cual incluyó diversos documentos para acreditar el cumplimiento de los requisitos profesionales, institucionales y de gestión de calidad exigidos por el Museo.
El proveedor del Museo informó que la oferta presentada contenía documentos que aparentaban incorporar firmas digitales, pero cuyo formato impedía comprobar su autenticidad, integridad y validez.
Colegio verificó las certificaciones
Tras el aviso del del proveedor del Museo, el CCPA verificó si las certificaciones incluidas habían sido emitidas por la organización y si los datos coincidían con los documentos oficiales.
El 30 de julio pasado, el Departamento de Admisión del Colegio determinó que las certificaciones no correspondían a documentos oficiales y contenían inconsistencias en sus números, destinatarios, fechas, antecedentes, membretes y notas de salvaguarda.
“Al cotejar el documento que aparecía en el sistema Sicop con los registros institucionales y documentos emitidos por el Colegio, se determinó que los antecedentes consignados en el documento ingresado en el Sicop no correspondían a la información oficial que el Colegio había emitido en algún momento”, se indica en la denuncia.
El Colegio determinó que la firma incorporada en la certificación presentada había sido alterada y no coincidía con los documentos firmados en la fecha indicada.
“El documento presentado en la oferta ante Sicop aparentaba acreditar una situación jurídica y administrativa (…) que no era cierta, pues no correspondía con el documento auténtico asociado al número de certificación utilizado”, señala la denuncia.
Además, se corroboró que las identificaciones presentadas por los denunciados como miembros activos del Colegio correspondían a otras personas colegiadas y no a las personas que presentaron las ofertas en los concursos de contratación.
En el caso de la persona acreditada como presidente de la sociedad anónima, la verificación reveló que la certificación correspondía a una colegiada. Además, el número activo, la firma, el membrete y el contenido no coincidían con los registros del Colegio.
La misma situación fue comprobada con las personas que se presentaron como secretario y como vinculada con la sociedad anónima. Los números de miembros activos del CCPA indicados en la oferta correspondían a otras personas activas en el Colegio.
Dos casos más
En su investigación, el Departamento de Fiscalía del CCPA revisó otros procedimientos de contratación pública y constató que la misma documentación fue presentada en otros dos concursos públicos.
Se trata del procedimiento N.° 2026LD-000005-0043272006, promovido por el Cementerio de Goicoechea, y del procedimiento N.° 2026LD-000203-0001300001, promovido por la Corte Suprema de Justicia.
El Colegio señaló en la denuncia que la sociedad anónima no obtuvo la adjudicación en ninguno de los dos procedimientos. Sin embargo, aseguró que verificó que fueron presentados los mismos documentos e imágenes.
“La reiteración de la presentación de los documentos constituye un elemento relevante para determinar quién los tenía bajo su control, quién decidió utilizarlos, todo lo cual debe ser investigado por el Ministerio Público”, indica la denuncia.
