Un aspecto muy importante para tomar en cuenta, dentro de la materia tributaria es el análisis que realizan los tribunales en relación con el valor de las certificaciones expedidas por los profesionales en Contaduría Pública.
En forma muy resumida, la línea jurisprudencial considera que, en tratándose de este tipo de certificaciones o informes, no es posible otorgarles un valor de “plena prueba contra el Fisco”; resultando necesario, para las partes y para los tribunales, tener control de la documentación sobre la que se erigen, pues en su contra puede ser invocada prueba en contrario.
La Sala Primera se ha pronunciado en múltiples fallos, señalando que estas certificaciones constituyen un documento público en lo que respecta a materia de su competencia, sin que la fe pública de estos funcionarios, plasmada en su certificación, sea extensiva al contenido o verdad intrínseca de los estados financieros o contables que hagan constar, por lo que resulta indispensable que las mismas se acompañen de los comprobantes de las operaciones a fin de ser verificadas.
LEA MÁS: Clave Fiscal: Certificado de residencia fiscal
La Sala ha sostenido que la condición de plena prueba del documento público refiere a los hechos que el contador haga constar realizó en el ejercicio de sus funciones, y aun cuando el documento tenga tal condición, su contenido puede ser combatido por cualquier medio de prueba.
También la Sala ha indicado, sobre el valor probatorio de dichas certificaciones contables, que “De acuerdo con el artículo 8 de la Ley Orgánica del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, los documentos que expidan los CPA en el ramo de su competencia tendrán el valor de documentos públicos.
La naturaleza de público y, por ende, de plena prueba, se circunscribe a la constatación de la existencia de los registros analizados por el CPA y a los actos o hechos realizados o ejecutados por ellos.

Consecuente con lo anterior, para efectos tributarios, la opinión o interpretación contenida en las certificaciones no constituye plena prueba contra el Fisco, y no obliga a la Administración Tributaria”.
Para ahondar en el tema, pueden consultarse las Sentencias 421-2005, 947-F-2005, 633-2006 y 30-F-S1-2012, todas de la Sala Primera de Corte Suprema de Justicia.