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Un proveedor de servicios de seguridad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) advirtió que, tras la implementación de su nuevo sistema contable e informático, la institución incurre en millonarios impagos.
Johan Vargas Mejías, presidente de VMA Seguridad Electrónica de San José, indicó que, al 22 de agosto, la Caja mantenía una deuda de ¢1.828 millones, más intereses, según una carta firmada digitalmente y enviada el 28 de agosto a la entidad, de la cual La Nación tiene copia.
El monto corresponde a 140 facturas pendientes por servicios de seguridad y limpieza en distintas sedes y oficinas de la CCSS, contemplados en aproximadamente 48 contratos.
Según Vargas, los pagos no se han efectuado debido a la implementación del nuevo sistema de registro, facturación y liquidación, desarrollado bajo la plataforma de Planificación de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) de la empresa SAP.
“El incumplimiento en los pagos es imputable única y exclusivamente a la CCSS, pues es de conocimiento público que la Institución ha tenido dificultades con la implementación del nuevo sistema informático ERP-SAP, causando dificultades para la tramitación de facturas”, señala el documento.
“Además, ha exigido que ahora todas las facturas se tramiten en una única ventanilla y no como se dispuso en los contratos y se realizaba en el pasado, a través de cada centro de salud; situación no imputable a estas representaciones”, agrega.
Debido al impago, la empresa advirtió a la CCSS que, si los montos pendientes no se liquidaban a más tardar el 14 de setiembre, se suspenderían los contratos y se interrumpiría la totalidad de los servicios en todas las sedes del país a partir de esa fecha.
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Ante consultas de este diario, VMA Seguridad confirmó que, desde el envío de la carta a la CCSS, la institución ha realizado varios pagos que redujeron el monto adeudado y aseguraron que la continuidad del servicio ya no se encuentra en riesgo.
En el documento enviado a la Caja, la empresa detalla que las fallas del sistema ERP-SAP afectan directamente su operación, ya que un 30% de sus ingresos depende de la CCSS. Aun cuando los servicios se prestan de manera regular, esa falta de pagos ha generado un incumplimiento contractual.
Según VMA Seguridad, el elevado monto adeudado en ese momento puso en riesgo la continuidad del negocio y provocó, además de daños irreparables, retrasos en el pago de impuestos, en las cuotas obrero-patronales y en los financiamientos y líneas de crédito.
“El incumplimiento de la CCSS a su vez repercute en los pagos que nos deben realizar otras instituciones, lo que evidencia que el incumplimiento de la CCSS ha generado un efecto “bola de nieve” que repercute en la liquidez y cumplimiento de nuestras representadas a nivel de pago de tributos. (...) El costo financiero que el incumplimiento de la CCSS genera es mucho mayor al monto adeudado por la CCSS a estas representaciones."
— Carta enviada por VMA Seguridad a la CCSS.
La Nación consultó directamente a la CCSS sobre los atrasos en los pagos y solicitó una actualización respecto a los inconvenientes generados por la implementación del sistema ERP-SAP. No obstante, al cierre de edición, la solicitud aún se encontraba en trámite.
Este diario verificó en el sistema de Consulta de Compras con Fondos Públicos de la Contraloría General de la República que VMA Seguridad fue adjudicada, en 2024, al menos seis contratos distintos por un total de ¢1.087 millones, correspondientes a servicios de seguridad, vigilancia y otros servicios profesionales.
Atrasos millonarios tras implementación de ERP-SAP
El sistema ERP-SAP comenzó a operar el 30 de mayo pasado, centralizando en la Administración Central los trámites de facturación y pago a proveedores e incapacidades de la Caja, que antes se gestionaban de forma descentralizada.
La plataforma, que costó $45 millones, recibió críticas internas por errores y pérdida de datos antes de su lanzamiento.
Desde entonces, la institución arrastra un atraso de ¢170.000 millones en facturas por medicinas y suministros médicos, lo que afecta la entrega de fármacos y la atención a los asegurados.
Estos problemas se señalan en los oficios GF-DFC-1911-2025, GF-DFC-1739-2025 y GM-DDSS-2152-2025, del 3 de setiembre, 11 de agosto y 5 de setiembre, enviados a Héctor Arias, director del Plan de Innovación y responsable del proyecto, donde se advierte sobre inconsistencias y riesgos para el patrimonio institucional.
