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Terra Verbena, el Proyecto ZF Coyol (planta de manufactura), La Balvina y Graviton Energy figuran entre los proyectos inmobiliarios del Caso Aldesa en los que, según el Ministerio Público, se habría hecho invertir a clientes, pese a que tenían problemas de operatividad y liquidez.
Así consta en el documento de acusación y solicitud de apertura a juicio presentado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios contra 23 personas por el presunto delito de estafa mayor y otros, del cual tiene copia La Nación.
El Ministerio Público señala que Aldesa Corporación de Inversiones (ACI), empresa controladora del Grupo Aldesa, se dedicaba a la inversión inmobiliaria y mediante sociedades de propósito especial ofrecían a sus clientes invetir en estos proyectos que no estaban fiscalizados por la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
En el expediente judicial 19-000157-1220-PE, la Fiscalía apunta que “conforme a lo revelado por la auditoría forense”, dichos proyectos inmobiliarios supuestamente no tenían “ninguna factibilidad” de ser desarrollados a corto plazo, ello en vista de la madurez que requerían para ser desarrollados y comercializados conforme a las previsiones.
“El realizar ofrecimientos de oferta privada a plazos sumamente cortos de 1, 3, 6 o incluso 12 meses, incidió de forma directa en la parte financiera de cada proyecto, generando un descalce de plazos y generando así un riesgo de liquidez inminente, el cual, no era revelado a los inversionistas ofendidos”, presume la Fiscalía.
De acuerdo con el documento, ACI aparentemente captaba ahorros del público, por sí misma o por medio de las empresas de propósito especial —Inmobiliaria Altos de la Verbena, Desarrollos ZF Coyol, Fortaleza Habitacional La Balvina y Graviton Energy & Technology—, de las cuales también habría sido dueña del haber social.
La acusación del Ministerio Público, sin embargo, también detalla casos de inversionistas que presuntamente colocaron sus recursos en ACI o en subsidiarias no reguladas sin saberlo.
Según el documento, algunos inversionistas habrían firmado contratos con Aldesa Puesto de Bolsa o Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, ambas reguladas por la Sugeval. No obstante, sin conocimiento de los clientes, sus recursos habrían sido dirigidos hacia Aldesa Corporación de Inversiones o hacia sus empresas subsidiarias desarrolladoras de proyectos inmobiliarios.
A continuación, La Nación resume en qué consistían cuatro de los proyectos en los que se habrían invertido recursos de los ofendidos y que, según la Fiscalía, supuestamente estaban teniendo problemas de operatividad, descalce de plazos, atrasos en la ejecución y problemas financieros que hacían inviables su finalización.
Proyecto inmobiliario Terra Verbena
Terra Verbena es el nombre comercial del proyecto habitacional ubicado en Alajuelita y conocido como Málaga City.
De acuerdo con el Ministerio Público, el proyecto comprendería un total de 1.593 viviendas y dos edificios de apartamentos con 48 unidades.
En marzo de 2020, un año después de la solicitud de una intervención judicial por parte de ACI, Aldesa alcanzó acuerdos de pago por $65 millones para un grupo de 150 acreedores.
El principal acuerdo fue la entrega del proyecto inmobiliario Terra Verbena, por casi $50 millones, a un fideicomiso a favor de los inversionistas administrado por Consultores Financieros (Cofín).
Proyecto ZF Coyol (planta de manufactura)
La Fiscalía señala que el Proyecto ZF Coyol se ubica en El Coyol de Alajuela, y consiste en dos terrenos en los cuales se desarrollaron dos naves industriales.
Según el expediente, en un terreno se encuentra el centro de confección y servicios de una empresa estadounidense que se dedica a la fabricación de microchips para automóviles.
Proyecto Habitacional La Balvina
ACI supuestamente suscribió con la sociedad Finca La Balvina un traspaso de compraventa sobre la finca conocida como La Balvina, la cual comprende 43,8 hectáreas y se ubica en Tuetal Sur de Alajuela.
“La transacción pactó un plan de desembolsos de principal por parte de Aldesa Corporación de Inversiones de $18,4 millones, constituyéndose en ese momento, una hipoteca de segundo grado a favor del vendedor”, dice el Ministerio Público.
En el mismo acto, informa la Fiscalía, ACI supuestamente vendió la finca a una sociedad anónima con el objetivo de que sus dueños desarrollaran la propiedad mediante un proyecto inmobiliario habitacional y comercial.
Ante supuestos incumplimientos y problemas financieros del comprador y potencial desarrollador de la propiedad, ACI aparentemente solicitó la devolución de la finca que formalizó en agosto de 2018.
En febrero de 2019, de acuerdo con el Ministerio Público, ante la “manifiesta imposibilidad de pago” de los saldos adeudados por parte de ACI y el supuesto incumplimiento de la sociedad que había comprado la finca, aparentemente se realizó, mediante la dación en pago de dos de las tres fincas de su propiedad, la cancelación total de la deuda con la sociedad Finca La Balvina. Esto, sin supuestamente contar con el consentimiento de los inversionistas del proyecto.
“Así, fue desmejorada la garantía que tenían los inversionistas del proyecto y solo mantuvo la propiedad de 8,8 hectáreas, según folio real 510464-000 con el fin de desarrollar el proyecto y generar ingresos para el repago de las obligaciones y futuras utilidades”, añade el expediente de la Fiscalía.
Graviton Energy
Graviton Energy & Technology Company fue constituida para el desarrollo de proyectos energéticos, soluciones integrales y promoción de la energía renovable.
En marzo de 2020, como parte de los acuerdos de pago alcanzados por Aldesa con un grupo de acreedores, figuró la entrega del edificio de la sede de Aldesa en Curridabat; proyectos de la firma Graviton, especializada en energías renovables; y la propiedad Conde Montecristo, en Puntarenas.
