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La Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios presume la existencia de contratos de referimiento de clientes de las sociedades reguladas del Grupo Aldesa a las empresas no reguladas a cambio del pago de una comisión para los asesores de inversión catalogada como “beneficio antijurídico”.
Según el documento de acusación y solicitud de apertura del Caso Aldesa, la canalización de clientes y sus inversiones se habría dado desde las entidades fiscalizadas por la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y a Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) y sus subsidiarias no reguladas.
Se presume que las las comisiones se pagaban a los asesores cuando lograban la colocación de valores de oferta privada a los clientes, según el Ministerio Público.
“El problema que planteaba dicho contrato (en referencia a uno suscrito en 2015) es que, materialmente no se daba ese referimiento, sino que, el mismo asesor de la parte regulada era el que realizaba el trámite para que se procediera con la inversión en una empresa del grupo que no era regulada, aspecto que no era revelado al inversionista. Con ello, existió un abuso de la doble investidura que tenían los asesores de planta de Aldesa, para así ofrecer, sin distinción hacia los ojos de los inversionistas, valores de oferta pública, como valores de oferta privada”, añade la acusación de la que tiene copia La Nación.
El Ministerio Público presume que inversionistas habrían firmado contratos con Aldesa Puesto de Bolsa o Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, ambas reguladas por la Sugeval, pero que, sin su conocimiento, los recursos habrían sido dirigidos hacia compañías que no estaban sujetas a fiscalización como Aldesa Corporación de Inversiones y sus subsidiarias desarrolladoras de proyectos inmobiliarios.
La investigación de la Fiscalía comprendió el periodo entre el 1.° de enero del 2017 y el 8 de marzo del 2019.
Actualemente se discute en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José si se da la apertura del juicio contra 23 personas por el presunto delito de estafa mayor y otros.
Asesor a Javier Chaves: ‘Es un porcentaje muy alto de mi salario’
El peso de los supuestos pagos de comisiones para los asesores habría quedado reflejada en varias comunicaciones dirigidas a Javier Chaves Bolaños, quien era presidente del Grupo Aldesa y representante de Aldesa Corporación de Inversiones.
Por ejemplo, uno de los asesores de inversiones acusado por la Fiscalía habría reclamado por WhatsApp a Chaves Bolaños por el supuesto atraso en el pago de sus comisiones por la colocación de inversiones en proyectos de oferta privada.
En mensajes del 26 de febrero y del 19 de marzo de 2019, habría manifestado: “Don Javier disculpe que lo importune con otro tema, no me han pagado las comisiones y es un porcentaje muy alto de mi salario y tengo atraso en muchas de mis cuentas y ya me están cargando multas e intereses de mora y tuve que pedir prestado para pagar pensión, alquiler, etc”.
En otro mensaje se indica: “Don Javier, usted me puede ayudar con el pago de mis comisiones”. En el documento de la Fiscalía no se indica si hubo respuesta por parte de Chaves Bolaños.
Según se detalla en la petición de apertura a juicio, Aldesa empezó a afrontar supuestos problemas de liquidez desde inicios de 2018.
El abogado de Chaves Bolaños, Francisco Campos, indicó a La Nación que hubo inversionistas afectados y obligaciones que no pudieron ser atendidas como se esperaba.
“Eso es una realidad que nadie pretende desconocer. Pero una pérdida económica o el fracaso de un negocio no constituyen, por sí mismos, un delito”, consideró Campos.
El Caso Aldesa
El 8 de marzo de 2019, ACI presentó la solicitud de administración y reorganización por intervención judicial ante el Juzgado Concursal del I Circuito de San José.
La compañía pretendía la aprobación de un plan que contemplaba la suspensión de pagos, por un plazo de tres años, y a menores tasas de interés, a un grupo de más de 500 clientes del negocio de proyectos inmobiliarios de naturaleza privada por inversiones de $200 millones.
El 22 de julio de 2022, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de Aldesa y abrió la fase de liquidación. El Juzgado tomó la decisión porque el convenio preventivo no pudo concretarse y Aldesa ya no tenía capacidad para pagar sus obligaciones.
Actualmente, se desarrolla una audiencia preliminar para determinar si el caso Aldesa, en el que se investigan presuntos delitos de estafa mayor y otros, irá a juicio.
