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Los tres bancos públicos del país, Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR) y Banco Popular (BP), acordaron retirarse de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) después de que la gremial se retractó con respecto a su posición sobre el proyecto de ley de estafas informáticas contra clientes bancarios.
Mediante una comunicación a la que tuvo acceso La Nación, los tres bancos dieron a conocer su renuncia a la organización.
“Quienes suscribimos —Gerencias Generales del Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica y Banco Popular y de Desarrollo Comunal— comunicamos de manera formal, inmediata e irrevocable nuestra renuncia a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC)“, se indica en la carta remitida este jueves.
La Nación remitió a la ABC las consultas con respecto a la implicación de esta renuncia y se está a la espera de respuesta.
El pasado miércoles, el proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios fue aprobado en primer debate por la Comisión Plena III del Congreso.
La carta es firmada por los gerentes generales de las tres entidades: Rosaysella Ulloa del BN; Gina Carvajal del BP y Julio César Trejos del BCR.
Ulloa ocupaba el cargo de tesorera de la junta directiva de la ABC; Carvajal y Trejos estaban designados como directores, de acuerdo con información del sitio web de la Asociación.
Este jueves, en horas de la mañana, la ABC avaló la iniciativa de ley y consideró que constituye un paso relevante hacia un marco normativo más equilibrado en Costa Rica.
Posteriormente, al mediodía, la gremial bancaria aseguró que el proyecto de ley está lejos de solucionar el crimen organizado alrededor de estos delitos.
‘Quiebre de confianza’
En un comunicado conjunto, con fecha del 26 de febrero, los tres bancos públicos señalan que la decisión de la renuncia responde a un “quiebre de confianza” generado por las declaraciones públicas emitidas por la vocería de la ABC en relación con el proyecto de ley.
Además, argumentaron que los análisis técnicos al proyecto señalan debilidades sustantivas y riesgos significativos para la estabilidad del sistema financiero, la seguridad jurídica y la protección efectiva de las personas usuarias.
La ABC se constituyó hace 42 años, en diciembre de 1983, y está integrada por el Banco BCT, Banco Improsa, Banco BAC San José, Banco Promerica, Scotiabank de Costa Rica, Banco Davivienda (Costa Rica), Banco CMB (Costa Rica), Banco Lafise y Banco Cathay de Costa Rica.
El proyecto dicta que las entidades financieras serán responsables por los daños y perjuicios ocasionados por la sustracción de dinero o del patrimonio de las cuentas bajo su custodia, independientemente de la existencia de culpa.
De ser aprobada la iniciativa, y entra en vigor tras su publicación, el marco legal establecerá como regla general la responsabilidad objetiva de las entidades financieras por la sustracción de fondos, con excepciones limitadas y sujetas a prueba.
Además, obligará a las entidades a actuar bajo protocolos formales y estándares de ciberseguridad supervisados.
Críticas al proyecto
En la carta enviada a la ABC, los jerarcas de los bancos públicos expresaron sus críticas a la iniciativa legal que espera la aprobación en segundo debate en la Comisión Plena III.
Las entidades argumentaron que, desde una perspectiva técnica y de política pública, el proyecto presenta debilidades sustantivas. Estos son los argumentos dados:
⇒ El proyecto adolece de contradicciones serias que generan un desequilibrio, violatorio de los derechos constitucionales de debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad.
⇒ Es arbitrario, no fundamentado en reglas de la ciencia y la técnica, siendo confiscatorio y contrario a la seguridad jurídica.
⇒ La asignación objetiva y amplia de responsabilidad a las entidades financieras, incluso en casos donde la sustracción de recursos deriva de la acción de terceros criminales altamente organizados, sin una adecuada ponderación del comportamiento del usuario ni del nexo causal.
⇒ La omisión del concepto de culpa grave, elemento indispensable para preservar un equilibrio razonable entre derechos y deberes, y para evitar incentivos perversos que terminen favoreciendo el fraude.
⇒ La ausencia de responsabilidades claras y efectivas para los verdaderos perpetradores del delito, trasladando el peso económico, operativo y reputacional a las entidades financieras, sin atacar el núcleo del crimen organizado.
⇒ El riesgo de incremento en costos sistémicos, que inevitablemente se trasladan al conjunto de los usuarios, afectando inclusión financiera, tarifas, acceso al crédito y sostenibilidad del sistema.
⇒ La generación de inseguridad jurídica, al introducir regímenes de responsabilidad que se superponen o contradicen marcos ya existentes y consolidados.
