El Banco de Costa Rica (BCR) identificó dos causas judiciales relacionadas con dos de los nuevos miembros de su Junta Directiva al momento de realizar un análisis de idoneidad, el cual fue declarado confidencial tras el nombramiento realizado por el Consejo de Gobierno.
Se trata de Jorge Eduardo Sánchez y María Clemencia Palomo, quienes fueron designados como directivos del BCR por el gobierno de Laura Fernández este año, solo días después de renunciar a sus puestos en la directiva del Banco Popular, cuyos nombramientos vencían el 31 de julio.
La Nación tiene copia de correos institucionales y de la presentación titulada Resultados de validación de idoneidad individual sobre los nuevos nombramientos de la Junta Directiva, documentos en los que constan las alertas sobre las causas judiciales.
Irsa Salazar, gerenta de la Oficialía de Cumplimiento del BCR, señaló en un correo del lunes 13 de julio que, en el caso de Palomo, la directiva presentaba un “riesgo alto” debido a referencias negativas en el buró de crédito.
En la comunicación dirigida a Gabriel Venegas, jefe de la Oficina de Estrategia y Gobierno Corporativo del BCR, Salazar detalló que Palomo aparece relacionada con la causa penal 21-000190-1220-PE, que investiga un supuesto fraude financiero contra personas naturales o jurídicas.
Según el correo electrónico, la causa investiga el delito de administración fraudulenta. “Esta persona (Palomo) está presuntamente relacionada al delito mencionado con causa sumaria 21-000190-1220-PE”, se lee en la comunicación.
Palomo fue designada como directiva titular del BCR por un periodo de ocho años tras su paso por el Banco Popular (BP). Actualmente ocupa la presidencia del banco estatal.
Ante una consulta de La Nación, el BCR explicó que, tras la revisión, concluyó que Palomo cumple con los requisitos de idoneidad. Añadió que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) revisa actualmente la información remitida y que todavía no se ha pronunciado al respecto.
La directiva también enfatizó, por su cuenta, que el BCR determinó que ella cumple con la idoneidad requerida para ocupar el puesto en la Junta y que Sugef se encuentra analizando la información.
En cuanto a Sánchez, el informe Resultados de validación de idoneidad individual advirtió sobre la existencia de la causa penal 24-000060-0033-PE, en la cual se investigaría al directivo por el presunto delito de tráfico de influencias, según el reporte de la Oficina de Seguridad y Oficialía de Cumplimiento del BCR.
Ante la entidad financiera, Sánchez presentó un descargo en el que aseguró que desconocía la causa y su estado procesal.
“No me es posible emitir una manifestación de fondo respecto de una causa cuyo contenido y circunstancias desconozco, por lo que solicito respetuosamente que cualquier valoración que se realice dentro del proceso de mi incorporación a la institución tome en consideración esta circunstancia”, aseguró.
“Asimismo, dejo expresa constancia de que la mera referencia a la existencia de una causa judicial o investigación no implica, por sí misma, la determinación de responsabilidad penal alguna, por lo que solicito que se respete plenamente el principio constitucional de inocencia”, agregó.
Sánchez, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue nombrado directivo interino del BCR por un máximo de un año, en sustitución de Eduardo Rodríguez. La Nación solicitó una reacción a través del departamento de prensa de la entidad y por medio de un mensaje a su número telefónico; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
En el análisis de idoneidad de los directivos, el BCR destacó que la existencia de una investigación penal no constituye un impedimento para ocupar un puesto en su Junta Directiva, pues prevalece el principio de presunción de inocencia.
Las causas judiciales que pesarían sobre los directivos fueron identificadas durante los análisis de idoneidad realizados a mediados de este año, por lo que se desconoce su evolución en estos meses.
El Ministerio Público indicó a La Nación que estas causas no se siguen en la Fiscalía Adjunta de San José. Añadieron que no pueden realizar consultas generalizadas en el sistema para determinar en cuál despacho se encuentran.
Análisis de idoneidad bajo confidencialidad
La Junta Directiva del BCR discutió la idoneidad de los directivos durante la sesión 36-26 y declaró confidencial el tema, según consta en una transcripción de la reunión.
En el documento, los directivos justificaron la confidencialidad del tema al señalar que se relacionaba con “asuntos estratégicos, auditoría, gestión de riesgo y de uso restringido”.
La Junta Directiva catalogó el tema como confidencial, a pesar de que el orden del día de la sesión lo describía como “público-informativo”. La Nación consultó al BCR sobre este asunto, pero la entidad afirmó que está cubierto por el deber de confidencialidad.
Antecedentes en el Banco Popular
Sánchez y Palomo también integraron la Junta Directiva del Banco Popular durante los últimos cuatro años. Ambos fueron designados en el BCR días antes de que vencieran sus nombramientos en el BP.
La gestión de Sánchez y Palomo en el Popular estuvo marcada por una recomendación de la Sugef para removerlos de sus cargos, a mediados del 2024. El 30 de julio de ese año, la Sugef concluyó que no cumplían con el requisito de experiencia para integrar la Junta Directiva del banco (oficio N.° SGF-2345-2024).
El BCR es el segundo banco más grande de Costa Rica, detrás del Banco Nacional, y está catalogado como una entidad sistémica. En setiembre pasado, registró ante la Sugef activos por ¢6,54 billones, una cartera de crédito de ¢3,91 billones y obligaciones con el público por ¢5,08 billones.