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Los tres bancos públicos de Costa Rica criticaron de manera conjunta el proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios aprobado en primer debate por la Comisión Plena III del Congreso el pasado miércoles.
Las entidades advierten que la iniciativa, de aprobarse en segundo debate, generará incrementos de costos que “inevitablemente” se trasladarán a las personas usuarias del sistema financiero.
El Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular (BP) decidieron renunciar de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), luego que la gremial en un inicio calificó públicamente como positiva la iniciativa de ley, posición de la que se retractó pocas horas después.
Los tres bancos señalaron en la carta de renuncia dirigida a la ABC este jueves, a la que tuvo acceso La Nación, que desde una perspectiva técnica y de política pública, el proyecto presenta debilidades sustantivas.
El proyecto establece que las entidades financieras deberán responder por los daños y perjuicios derivados de la sustracción de dinero o del patrimonio de las cuentas que administran, independientemente de la existencia de culpa.
Si la iniciativa se aprueba y entra en vigencia tras su publicación, la ley fijará como principio general la responsabilidad objetiva de las entidades financieras por el retiro o robo de fondos, salvo excepciones específicas que deberán demostrarse.
Asimismo, la normativa exigirá que las entidades operen bajo protocolos formales y estándares de ciberseguridad sujetos a supervisión.
A continuación se enlistan las principales críticas de los bancos públicos a la iniciativa de ley:
⇒ El proyecto adolece de contradicciones serias que generan un desequilibrio, violatorio de los derechos constitucionales de debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad.
⇒ Es arbitrario, no fundamentado en reglas de la ciencia y la técnica, siendo confiscatorio y contrario a la seguridad jurídica.
⇒ La asignación objetiva y amplia de responsabilidad a las entidades financieras, incluso en casos donde la sustracción de recursos deriva de la acción de terceros criminales altamente organizados, sin una adecuada ponderación del comportamiento del usuario ni del nexo causal.
⇒ El riesgo de incremento en costos sistémicos, que inevitablemente se trasladan al conjunto de los usuarios, afectando inclusión financiera, tarifas, acceso al crédito y sostenibilidad del sistema.
⇒ La omisión del concepto de culpa grave, elemento indispensable para preservar un equilibrio razonable entre derechos y deberes, y para evitar incentivos perversos que terminen favoreciendo el fraude.
⇒ La ausencia de responsabilidades claras y efectivas para los verdaderos perpetradores del delito, trasladando el peso económico, operativo y reputacional a las entidades financieras, sin atacar el núcleo del crimen organizado.
⇒ La generación de inseguridad jurídica, al introducir regímenes de responsabilidad que se superponen o contradicen marcos ya existentes y consolidados.
La carta de renuncia irrevocable a la ABC fue firmada por los tres gerentes generales: Rosaysella Ulloa del BN, Gina Carvajal por el BP y Julio César Trejos del BCR.
Las tres instituciones públicas son consideradas de importancia sistémica por su tamaño, su nivel de interconexión con otras entidades y su peso dentro de la economía nacional, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
