Plan de venta del BCR deja en el aire aportes al IVM

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, recalcó que el proyecto de ley de venta, presentado este miércoles 7 de setiembre, solo abarca las reglas para efectuar el proceso de remate y excluye el futuro de las cargas parafiscales entregadas por la institución, pues argumentó este es un tema de discusión nacional.

Acosta reconoció que el Gobierno tiene una responsabilidad sobre las contribuciones si se vende el BCR, pero descartó que se mantengan indefinidamente. “Si es necesario, hay una responsabilidad del Ministerio de Hacienda para con esas aportaciones, pero no es por siempre. Debe darse una transitoriedad para que se acomoden (las instituciones)”, enfatizó.

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El BCR, al igual que el Banco Nacional, contribuyen con el 15% de sus utilidades al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); el 5%, al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y el 3%, a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Adicionalmente, se da el 5% sobre las ganancias a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape). Sin embargo, este aporte continuará, una vez privatizado el BCR, porque es efectuada por todos los bancos del sistema financiero costarricense.

Los cuatro aportes a las instituciones públicas están establecidos por leyes específicas a los dos bancos estatales.

El Banco de Costa Rica transfirió al IVM, Infocoop y la CNE, en el primer trimestre de este año, un total de ¢17.499 millones como parte de las utilidades reportadas en el 2021. De las ganancias del 2020, la entidad dio ¢7.710 millones, según los estados financieros auditados de la entidad.

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Replantear estructura

El jerarca de Hacienda insistió en que se debe dar una discusión nacional sobre el futuro de las cargas parafiscales y su sostenibilidad.

“Debemos de tener claridad de que Infocoop tiene muchísimo tiempo (de recibir aportes), tiene un patrimonio importante y debería ser manejado de una manera más eficiente. En el caso de la Comisión Nacional de Emergencias deberíamos cambiar ese modelo existente y crear un fondo”, aseguró el jerarca.

Sobre los recursos dirigidos al IVM, añadió que el financiamiento al régimen debe ser consistente y brindar un adecuado respaldo al fondo, pues las contribuciones adicionales creadas por ley no resuelven el problema de sostenibilidad de largo plazo.

“No se pueden dar pensiones con los recursos de las utilidades de la institución pública porque un día suben y otro día bajan. Se debe crear una renta estable para poder garantizar los recursos”, afirmó Acosta.

Aporte relevante

Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administrador del IVM, reconoció que la transferencias efectuada por el BCR significó, en los últimos cinco años, en promedio, el 40% anual de la contribución sobre las utilidades de las instituciones públicas.

El funcionario explicó que los bancos estatales están entre las instituciones que más recursos aportan al régimen de pensiones.

“Cualquier ingreso adicional para el IVM es importante debido a la situación actuarial del régimen. Definitivamente, si al final se llega a consolidar este proyecto (venta del BCR) y los recursos dejan de entrar sería un tema de discusión de fortalecimiento del régimen a futuro”, recalcó Barrantes.

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El año pasado, este sistema de pensiones recibió ¢14.000 millones, correspondientes a las utilidades del 2020. El aporte del BCR significo el 37% del total de los recursos, según los estados financieros del IVM.

Los recursos de las ganancias de las instituciones públicas se destinan para complementar la contribución de los trabajadores de menores ingresos al régimen y para fortalecer la reserva del fondo.

Barrantes añadió que están a la espera de conocer el posible impacto de la venta del 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS), dado que la entidad también trasfiere parte de sus ganancias al sistema. Actualmente, la aseguradora pública tiene una tarifa escalonada que llegará al 15%, en el 2025.

El ministro de Hacienda dijo, el pasado 3 de setiembre, que los posibles compradores de las acciones del INS deben respetar los montos de las contribuciones anuales que la aseguradora traslada al Estado como parte de sus utilidades

El artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador estableció, desde 2012, la contribución del 15% sobre las utilidades por parte de las empresas públicas del Estado, y la Caja empezó a efectuar los cobros un año después.

La falta de precisión de la norma hizo que la Gerencia de Pensiones dictara el monto por pagar con base en la utilidad bruta, es decir, antes del pago de impuestos porque así lo recomendó la Dirección Jurídica de la CCSS.

En el 2018, se reformó la legislación para precisar las compañías que deben efectuar la transferencia de recursos y se estableció que era sobre ganancia neta, o sea, después del pago de tributos.

Las empresas que deben hacer la contribución son la Refinadora Costarricense de Petróleo, el Instituto Costarricense de Electricidad, INS, BCR, Banco Nacional, Correos de Costa Rica, Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).