Los diputados mantienen sin avance cuatro proyectos de ley que aumentan las regulaciones a las tarjetas de crédito.
Todas las iniciativas se discuten despacio en subcomisiones de los paneles de Asuntos Económicos y de Hacendarios.
En este foro, si bien hay definición sobre el destino de los dos proyectos que discute, aún se mira lejos su dictamen.
Epsy Campbell, diputada que coordina la discusión en Hacendarios, dijo que quieren enviar al archivo el plan para crear un marco legal para proteger los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito y débito.
Según Campbell, también es nula la oportunidad de avance que tienen otras iniciativas para otorgar mayores derechos a los tarjetahabientes a través de cambios a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor .
La diputada afirmó que el marco normativo que regula a los emisores de plásticos está actualizado y cumple con garantizar el respeto a los derechos de los clientes.
Un futuro distinto tendría el plan de “Ley de defensa al consumidor ante la usura en tarjetas de crédito”, pues la subcomisión está a favor de poner un tope a la tasa de interés de las tarjetas, así como de otros créditos de consumo.
Pero, si bien goza de apoyo político, Campbell aceptó que este plan no tiene el respaldo del sector financiero, que objeta cualquier nueva regulación en ese punto.
De hecho, María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), consideró el plan como inconstitucional pues dijo que contraviene el libre comercio.
Bernal Alfaro, gerente de negocios de tarjetas de Banco Promérica, coincidió y agregó que ese intermediario se inclina por cambios para en facilitar más educación financiera para los clientes.
Según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), al 30 de abril pasado la deuda por tarjetas de crédito ascendía a ¢806.139 millones y creció a un ritmo de ¢4.000 millones por mes con respecto al último estudio efectuado por esa cartera.